El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves el decreto que establece las disposiciones para reducir la jornada laboral de seis a cinco días por semana. La medida comenzará a regir el próximo 16 de diciembre y contempla una implementación progresiva.
La normativa reglamenta la ley aprobada por el Congreso en octubre y establece que la jornada semanal pasará inicialmente de 44 a 42 horas, con dos días de descanso remunerado. Posteriormente, el límite se reducirá a 40 horas semanales a partir de diciembre de 2027. El cambio no implicará una disminución de los salarios.
“Una persona descansada produce mucho más que una persona cansada, ya sea en áreas intelectuales o en servicios pesados”, afirmó el gobernante.
El mandatario también vaticinó que la reforma enfrentará resistencia del sector empresarial, al que acusó de no haber trasladado a los trabajadores los beneficios de la digitalización, y advirtió de que intentará llevarla a los tribunales y retrasar su entrada en vigor.
Según el Gobierno, la medida beneficiará a 36,5 millones de trabajadores al término de la transición.
Sectores con jornadas especiales
El ministro de Trabajo brasileño, Luiz Marinho, añadió que “se celebraron más de un centenar de reuniones con diversos sectores de la economía para debatir el diseño del decreto”.
Corresponderá al ministerio encabezado por Marinho, “mediante acuerdos y negociaciones colectivas”, según explicó, dictar normas específicas para sectores con jornadas especiales o no convencionales, como hospitales y servicios de vigilancia.
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Lo mismo se aplicará a ramas de actividad que exigen operación ininterrumpida, como refinerías, ensambladoras de automóviles y siderúrgicas.
La Confederación Nacional del Comercio (CNC) advirtió que la cercanía de la fecha de entrada en vigor podría generar dificultades para el sector. Según el gremio, no existiría suficiente tiempo para adecuarse a las nuevas condiciones, especialmente por el incremento de la actividad comercial durante las fiestas de fin de año.
En tanto, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) calculó que la reforma tendría un impacto económico de 11,000 millones de reales (cerca de US$ 2,000 millones). Además, solicitó que las nuevas disposiciones no alcancen a los convenios colectivos suscritos antes de la entrada en vigor de la normativa.
Con información de EFE.


