Desde el Consejo de Ministros ya se mueven fichas para que el pedido de facultades que se discutirá en el Senado sume puntos a favor del Gobierno. Luis Galarreta, primer ministro; Ernesto Álvarez, ministro de Justicia; y César Astudillo, ministro del Interior, ya se han pronunciado sobre este tema.
La Presidencia del Consejo de Ministros publicó un comunicado en el que planteó que el pedido de facultades incluya más materias. Galarreta aseguró que la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados era insuficiente para las acciones que busca llevar adelante el Gobierno.
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“(El primer ministro) señaló su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, El FEN y atender las necesidades que millones de peruanos esperan resolver desde hace décadas”, indicó el comunicado.
El documento también hizo hincapié en las materias que el primer ministro considera que deberían ser tomadas en cuenta.
“Lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita. Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FFAA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Además, se han excluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando”.
Álvarez y Astudillo también declararon
Ernesto Álvarez también se pronunció sobre el pedido de facultades que se debatirá en la Cámara de Senadores. Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, los senadores deben priorizar sus propios puntos de vista, aun cuando estos signifiquen modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados.
“El Senado tiene una gran misión, diferente a la de Diputados. Ellos deben cautelar el bien común, ser el defensor de la Nación y de sus altos intereses. Por tanto, yo espero que no estén sujetos a la voluntad de algunos grupos de diputados. (...) Cada Cámara tiene una misión específica dentro de la Constitución”, indicó el ministro de Justicia.
Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, no se pronunció sobre el futuro que tomará este pedido de facultades en la Cámara Alta. No obstante, aseguró que presentarían una serie de proyectos complementarios a lo aprobado por la Cámara de Diputados.
“Vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro. Yo soy testigo, de hecho, todos los días, de lo que se evita con las intervenciones de nuestros policías”, indicó el ministro del Interior.
Desde el Senado
En los próximos días, la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores tendrá que debatir el pedido de facultades enviado por la Cámara de Diputados. Carlos Mesía, presidente de este grupo de trabajo y senador de Fuerza Popular, declaró sobre los posibles cambios que podría sufrir el texto aprobado por la Cámara Baja.
De acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Senado, los senadores no pueden desnaturalizar las propuestas que son enviadas desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, el término utilizado todavía queda a interpretación de los congresistas. El propio Mesía, quien también es constitucionalista, señaló que no sabe a qué se refieren cuando hablan de desnaturalizar.
“No se sabe (qué es desnaturalizar). Esa es una interpretación que tiene que hacer del Reglamento de la Cámara de Senadores al momento de analizar lo que viene de Diputados. Yo no sé qué es desnaturalizar. (...) No puedo hablar en abstracto, sino que tengo que hablar en concreto. En lo concreto, veré si significa aterrizar la buena intención de la Cámara de Diputados”, declaró a la prensa.
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Los diputados han dejado en claro que su principal preocupación está en el respeto que muestren los senadores a lo aprobado por su Cámara. Una posición que, según se pudo conocer, no ha sido del agrado de senadoras como Lourdes Alcorta, representante de Renovación Popular.
“¿Quiénes son para pedirnos un gesto nosotros? ¿Qué creen? No podemos estar en este plan. Nosotros no vamos a dar ningún gesto, no lo vamos a hacer”, indicó Alcorta durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado.
Pero en la Cámara Alta también hay quienes quieren continuar con el texto aprobado por los diputados. En la oposición, Jaime Delgado, senador de Ahora Nación, señaló que añadir nuevos puntos al dictamen sería ir en contra de lo que estipula la normativa vigente.
“Si se aprobaron 20 temas en la Cámara de Diputados, no podemos aceptar luego las 66, como algunos dicen. (...) Hay una duda y desconfianza a partir de declaraciones infelices de algunos senadores, que dijeron que no importa lo que apruebe Diputados porque el Senado puede jalar los otros puntos no aprobados. Hay una duda de que se pueda incumplir el reglamento. Por eso se le pide a Fuerza Popular que haga un gesto y diga que va a cumplir el reglamento. Así todos estaríamos tranquilos”, continuó.
El texto que llega a la Cámara de Senadores
La delegación de facultades legislativas es mucho más acotada que la que pidió el Ejecutivo. El Gobierno de Keiko Fujimori había enviado, el 28 de agosto, un proyecto por 120 días que abarcaba seguridad ciudadana, micro y pequeñas empresas, empleo, régimen tributario, simplificación administrativa, minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, agro, vivienda y reforma del Estado, entre otras materias. El texto aprobado se limita a seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño, y reduce el plazo a 90 días calendario.
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Así, quedaron fuera por completo los bloques laboral, tributario y aduanero, MYPE, reforma del Estado y servicio civil, así como los cambios en minería, hidrocarburos, electricidad, pesca y régimen ambiental. También se cayeron la eliminación de los topes a las tasas de interés y la derogatoria de la ley que creaba el Colegio Profesional de Artistas del Perú.
Los diputados excluyeron la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad externa y apoyo a penales, la modificación de las reglas del uso de la fuerza, la declaratoria de las organizaciones criminales como terroristas y la norma sobre legítima defensa. Tampoco pasaron la libertad vigilada postpenitenciaria ni las armas no letales para el personal de áreas naturales protegidas.