El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que espera que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que es dirigida por Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), respalde o mejore el proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que presentó el gobierno hace unos días y cuyo debate inicia este martes a partir de las 9 a.m.
“Lo que nosotros esperamos es que sea un debate que busque la formalización, que apoyen en esa búsqueda y, no, más bien, la desnaturalización de patear más los plazos [del Reinfo] o de evitar controles”, manifestó en declaraciones a El Comercio.
Galarreta remarcó que la propuesta del Ejecutivo tiene como principal objetivo cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que ha sido utilizado por la minería informal e ilegal para operar. “Para nosotros, esto no es una ampliación, se está creando una nueva institución que va a poder formalizar [a los mineros informales], que va a poder empadronar”, agregó.
Esto en referencia a la iniciativa para crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), que estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
La fórmula presentada por el Minem, a cargo del ministro Guillermo Shinno, propone dos regímenes para el sector. El ordinario, de carácter permanente, y otro denominado de “consolidación”, que sería, según la propuesta, “excepcional” tras la “conclusión” del periodo del Reinfo.
Este último sería exclusivo para quienes tengan una inscripción en el Reinfo, ya sea vigente o suspendida, y tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2028; es decir, por un año y medio adicional. Durante ese plazo, tendrían que completar los requisitos pendientes para incorporarse al régimen ordinario y, de ese modo, culminar su proceso de formalización.
La fiscalización a las plantas
La propuesta normativa también faculta- a través de una disposición complementaria transitoria- a la OEFA, Osinergmin y Sunafil a realizar acciones de supervisión, fiscalización y sanción de las plantas de beneficio (donde se procesa el mineral, entre ellos el oro) que superen la capacidad autorizada por un plazo de cinco años.
Al respecto, el primer ministro refirió que este es un punto elemental para el oficialismo, porque es un control que antes no se ha dado de manera acentuada.
“[Este proyecto] tiene una visión distinta, porque tiene controles que no se han dado en los años anteriores. Entonces, más que no negociable, creo que no tendría lógica si no se tienen estos controles, porque perdería la esencia y estaríamos como el Reinfo, que se amplía y se amplía [cada cierto tiempo]”, subrayó.
Para la sesión de este martes, Paredes ha citado, además del ministro Shinno, a Omar Chambergo Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Walther León Lecaros, presidente de Ingemmet; Hugo Guerra, gerente general del Consejo Nacional de Minería, y a Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Y también ha llamado para recibir su opinión sobre el proyecto a representantes de los mineros informales, entre ellos a Máximo Franco Bequer, presidente de la CONFEMIN, y José Torrealva Yparraguirre, titular de la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Pataz (AMA Pataz). El primero ha calificado de “mamarracho” la iniciativa del gobierno y adelantó que los mineros no se quedarán de brazos cruzados y saldrán a las calles a protestar.
El abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, ha criticado la propuesta del Ejecutivo y ha advertido que se trata de un “Reinfo camuflado”, a través del denominado “régimen de consolidación”, a donde se pasaría a quienes cuenten con este cuestionado registro.
Por su parte, Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, explicó que para los gremios informales la propuesta del Ejecutivo “no es suficiente”, pues ellos se inclinan por un marco legal “que les permita apropiarse de concesiones terceros, lo que es pervertir el marco del Estado de derecho”.
“Su demanda también va en relación a que pretenden ‘más tiempo’ para formalización. Eso no es posible. Ellos pretenden un Reinfo de mínimo cinco años, pues se ha convertido en un régimen exitoso para los informales y para los ilegales”, mencionó.
La seguridad como prioridad
De otro lado, Galarreta refirió que la prioridad en la emisión de los decretos legislativos, luego de que el gobierno haya recibido facultades para legislar de parte del Congreso bicameral, será la seguridad ciudadana.
“La prioridad la tiene obviamente seguridad, porque en el caso del fenómeno de El Niño [las facultades otorgadas] son más para el post. Es decir, para poder ver la reconstrucción y todo lo que va después”, expresó.
El primer ministro reiteró que entre 12 y 15 días podría salir el primer paquete de normas bajo el paraguas de las facultades delegadas.
“Nosotros vamos a tratar de que esto corra lo más rápido posible. Lo importante es que ya están los borradores listos para ingresarlos. Normalmente, se pide 120 días [de delegación], porque siempre se demora. Más que demora es el trámite de procedimientos jurídicos de cada ministerio, que los mira, y luego pasan [al consejo] de viceministros. Un plazo mínimo son 15 días”, acotó.
Más información
En un inicio, el Ministerio de Energía y Minas había planteado, públicamente, que el régimen de consolidación (a donde recalarán los mineros inscritos en el Reinfo) se extendiera hasta diciembre de 2028. Sin embargo, en la propuesta final aprobada por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso, el plazo se redujo en seis meses.
La iniciativa también autoriza al Banco de la Nación a abrir cuentas para quienes se encuentren tanto en el régimen ordinario como en el de consolidación.
Además de la sesión del martes, la presidencia del grupo de trabajo organiza para el miércoles una audiencia pública denominada “Por una minería para todos: por una real Ley MAPE”, que se realizará en el mismo Congreso.
