Luego de 12 años, Congreso aprueba la Cuenta General de la República: ¿qué significa para el control del gasto público?

El Pleno del Congreso Bicameral aprobó la Cuenta General de la República del 2025, luego de 12 años sin que este documento proveniente del Poder Ejecutivo recibiera la aprobación parlamentaria. La decisión busca fortalecer la transparencia sobre el uso de los recursos públicos y facilitar el seguimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.Pero ¿qué significa esta aprobación? La Cuenta General de la República es el informe que reúne los resultados presupuestarios, financieros, económicos y patrimoniales del Estado durante un año fiscal. En términos sencillos, permite conocer cómo se registraron los ingresos y gastos públicos y cuál fue la situación de las cuentas estatales.Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, José Arista, sostuvo que la falta de aprobación durante el último docenio dificultó el seguimiento de las recomendaciones del órgano de control.“A la fecha, persisten recomendaciones pendientes desde el año 2013 (...) La desaprobación de la Cuenta General tampoco ha mejorado la transparencia en el uso de los recursos, solo ha generado opacidad sobre nuestras cuentas nacionales”, señaló Arista ante el Pleno.Previamente, durante una entrevista a RPP, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que este documento son como los "estados financieros" que cada año presenta el Poder Ejecutivo al Congreso para sustentar el gasto público. “Eso no ocurría hace 12 años, los Congresos no confiaban en su Ejecutivo, no se les ocurría aprobar porque pensaban que había corrupción, etcétera. Ahora han aprobado y denota una colaboración potente del Congreso con la parte económica (MEF)”, resaltó.La Cuenta General de la República de 2025 obtuvo 85 votos a favor, 11 en contra y 25 abstenciones del Senado; mientras que de parte de la Cámara de Diputados se registró 36 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones. ¿Qué cambia en el control del gasto público?Uno de los objetivos es que las observaciones de la Contraloría no queden únicamente en informes, sino que exista un seguimiento para corregir las deficiencias identificadas. Para ello, el dictamen contempla nuevas medidas como la presentación de un plan del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para implementar las recomendaciones del órgano de control.También plantea facilitar a la Contraloría el acceso a información tributaria anonimizada de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), respetando la reserva tributaria, y crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas, que permita reunir información sobre los proyectos detenidos y apoyar la formulación de medidas para reactivarlos.Arista explicó que la aprobación no implica respaldar la gestión de las autoridades ni validar automáticamente sus decisiones. “No porque se aprueba este informe significa que estoy aprobando la gestión anterior, de ninguna manera”, precisó que la decisión supone aprobar el registro de las transacciones financieras del sector público.Asimismo, remarcó que la medida no exonera a los funcionarios de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.¿Qué observó la Contraloría en las cuentas públicas del 2025?El informe de auditoría presentó resultados distintos según el componente revisado. La Contraloría emitió una opinión limpia sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública; formuló una opinión con salvedades sobre los estados presupuestarios, por errores focalizados en el gasto, y se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros consolidados.Arista aclaró que esta última calificación no equivale a una opinión adversa. Entre las dificultades mencionadas figuran la imposibilidad de validar los ingresos tributarios gestionados por la Sunat, la transición a nuevas normas contables para el sector público y los plazos para emitir los informes de auditoría.El dictamen también reportó que se integró información de 2.536 de las 2.547 entidades consideradas, equivalente al 99,6% de cobertura. Entre los problemas que requieren seguimiento, durante el debate parlamentario se mencionaron 2.416 obras públicas paralizadas, valorizadas en alrededor de S/ 67.000 millones.