Los alcaldes pueden quitarle terreno a la extorsión

Las denuncias por extorsión se multiplicaron por nueve entre 2020 y 2024 y, aun así, son un piso: las víctimas evitan denunciar por temor a represalias. Los alcaldes electos recibirán ese mercado criminal en sus distritos, con una Policía que dedica entre 100 y 150 efectivos exclusivamente a investigar este delito en todo el país. Suele discutirse la extorsión como un asunto de persecución penal, propio de la Policía y la Fiscalía, y la respuesta se reduce a declaratorias y anuncios. El estudio sobre extorsión en áreas comerciales urbanas que publicamos recientemente clasifica el fenómeno en cinco clases y diecisiete subclases, y solo una es episódica; las otras cuatro son sistémicas, recurrentes y con control territorial o económico. Cuando el delito opera como un impuesto criminal sobre un mercado, depende menos de quién lo comete que de las condiciones del lugar: oportunidad, espacio y vigilancia. Y el gestor inmediato de esas condiciones es el alcalde. Dos propuestas que presentamos hace unos días parten de ahí.Una primera constatación, de la propuesta que presentamos en la Agenda de Reformas Prioritarias junto con el Instituto Peruano de Economía (IPE), es que los alcaldes pueden aportar mucho, pero no solos. Para ello proponemos un sistema de intervención territorial contra la extorsión, bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, con grupos de tarea de Fiscalía y Policía y con la «coordinación con los actores locales de las áreas priorizadas para establecer mecanismos de prevención situacional». En ese esquema el distrito no persigue el delito, pero sí define qué se vigila, con qué información y con quién; y el indicador cambia: ya no cuántas bandas se capturan, sino cuántos territorios se logra controlar. La segunda constatación, del libro que presentamos con el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), es que la capacidad que falta en el distrito no es de patrullaje, sino de integración. El estudio plantea que la municipalidad lidere convenios con los comerciantes para conectar las cámaras de sus fachadas a la red pública, lo que amplía el control del espacio urbano sin un costo prohibitivo para el Estado. De esa lógica se desprende una sugerencia nuestra: que el municipio equipe y conecte también los centros de vigilancia y respuesta inmediata, de modo que lo que adquiera sea una central capaz de recibir un llamado de alerta y comunicarlo con agilidad a las unidades de campo. A esa central le sugerimos sumar un canal: una red de comunicación directa entre la gerencia de seguridad municipal, la comisaría y los dirigentes de cada mercado, de modo que un comerciante emita una alerta silenciosa y movilice el patrullaje de inmediato. Los comercios conectados y las alertas producen lo que hoy falta, inteligencia compartida: un mismo mapa de incidentes que la comisaría y el serenazgo leen a la vez. El orden de las decisiones importa. El libro pide que la comisaría y el serenazgo realicen diagnósticos de capacidades institucionales (equipamiento, protocolos y comando) y que sus fuerzas se mantengan ancladas en el epicentro comercial, con el fin de reducir el tiempo de respuesta ante una alerta. De ahí se desprende una posición nuestra: la municipalidad no debería comprar antes de diagnosticar. Las listas de compras sueltas, sin un servicio ni una operación que las sostenga, reproducen a escala distrital el error que se observa a escala nacional; lo que justifica una adquisición es que alimente la inteligencia compartida y acorte el tiempo que tarda la fuerza pública en llegar tras una alerta. Lo que está en juego no es solo seguridad, sino desarrollo local. La extorsión encarece operar, desincentiva la inversión y empuja a la informalidad; golpea sobre todo a los pequeños negocios y, entre las empresas victimizadas, la proporción que sufrió extorsión pasó de 3,3 % en 2017 a 7,7 % en 2022, según el INEI. Un alcalde no resolverá la extorsión, pero sí decide si los mercados de su distrito están conectados, si sus alertas llegan y si sus datos se cruzan con los de la comisaría, allí donde una Policía con 100 a 150 efectivos dedicados no alcanza a estar. Ahora que ya fueron electos, les planteamos un desafío: ¿cuántos mercados estarán integrados a una central municipal al cerrar el primer año de gestión?