Tal como anunciaban las encuestas desde hace varias semanas, en Lima Metropolitana ganó la lista de Renovación Popular que formalmente no tenía candidato a la alcaldía capitalina tras la renuncia de Luis Rubio a inicios de setiembre, por lo que el aspirante a primer regidor y líder de dicho partido, Rafael López Aliaga, tendría el camino despejado e indubitable para asumir el cargo de burgomaestre provincial, si es que la Constitución vigente no prohibiera de manera expresa la reelección de autoridades locales.
Esta controversia deberá ser resuelta en su momento por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que de momento lo correcto es asumir que tenemos como ganador de la jornada de ayer en Lima a la lista de Renovación Popular, que encabeza López Aliaga, y que más adelante la autoridad electoral tendrá que definir, con la ley en la mano, qué persona ocupará durante los próximos cuatro años el sillón de Nicolás de Ribera y Laredo, conocido como “El Viejo”, con la responsabilidad de conducir los destinos de más de 11 millones de peruanos.
En Lima hay varios candidatos a primer regidor con intención de ser alcaldes a través de la llamada “reelección encubierta”, que también deberán esperar lo que decida el JNE en los próximos días. Según los resultados de las encuestas a boca de urna difundidos ayer por Datum, Richard Soria, de El Agustino; Alfredo Reynaga, de Independencia, y Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho, se encontrarían en una situación similar a la de López Aliaga. Eduardo Bless, en San Miguel, parece que se quedó con los crespos hechos. En el interior del país, los casos se cuentan por decenas.
Ideal hubiera sido que el JNE defina con total claridad y la debida anticipación, esta controversia antes de los comicios de ayer. Con eso, el ciudadano pudo ir a las urnas con las cosas claras. Hoy cabe la posibilidad de que haya votado por una persona que a la larga pueda no ser alcalde, por la prohibición constitucional que no es poca cosa, pues está por encima de la ley electoral o cualquier otra norma, que es en las que se amparan aquellos que validan la figura de la “reelección encubierta”.
Queda a los ciudadanos estar muy expectantes frente a las decisiones que pueda adoptar el JNE, una autoridad de la que se esperaba mucho más ante situaciones que exigían posturas firmes y oportunas, en lugar de ampararse en legalismos y en una desesperante parsimonia que no venían al caso. Sin duda el encargo ha quedado grande al colegiado. Esto es muy delicado cuando de por medio está el futuro de millones de peruanos que han merecido ir a votar con todas las opciones claras sobre la mesa.