Renovación Popular ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El JNE, como se sabe, ha resuelto no otorgar credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga, su primer candidato en la lista de regidores.
López Aliaga fue elegido como alcalde para el período 2023-2026. Postuló como regidor para el siguiente período, 2027-2030. El candidato a alcalde de su lista renunció antes de la elección.
La Constitución impide explícitamente que López Aliaga asuma como alcalde. Así lo ha constatado la decisión del JNE.
“Los alcaldes y regidores se eligen por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. No hay reelección inmediata para los alcaldes” (Constitución, 194).
Si fue elegido alcalde para un período, no puede ser alcalde en el siguiente.
El JNE no pudo impedir su inscripción como candidato a regidor, porque la legislación es muda al respecto. La Constitución, sin embargo, es explícita sobre ejercer dos veces consecutivas la alcaldía.
Este vacío ha causado confusión. A los candidatos y a muchos votantes.
Representantes de Renovación Popular solicitaron que el JNE cambie su decisión. Sostuvieron, entre otras cosas, que no se podía desconocer el voto de más de un millón y medio de votantes.
La ley en general y la Constitución en particular no pueden cambiar su contenido según la cantidad de gente. La ley obliga a todos.
Es una pena que los candidatos no hayan leído bien la Constitución antes de lanzarse a candidatear. Es una pena que tantos electores no hayan leído la Constitución sobre este extremo.
Nadie debe torcer la Constitución con el argumento de “somos millones los que no leímos”. Menos se debe permitir que se vulnere la Constitución con toda la intención de burlar su mandato.
Los líderes deben guiar a sus seguidores. Distinguimos a los líderes por las metas a las que los conducen.
Renovación Popular ha presentado una acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es la irregularidad atribuida? Haber presidido un pleno del JNE que votó por sostener la Constitución.
El Jurado Nacional de Elecciones es la autoridad máxima, y última, en materia electoral. No es el Congreso. La decisión sobre cómo se aplica la ley constitucional a este proceso electoral es competencia del JNE.
Democracia no es la voluntad del mayor número. Es la voluntad de los ciudadanos sometida a la ley, el derecho y la Constitución.
Amedrentar a los funcionarios es amenazar el orden y la estabilidad constitucional.


