Las alianzas contra la inseguridad empiezan por el Estado

El sector privado ofrece capacidad para enfrentar la inseguridad, pero encuentra un Estado que todavía no logra coordinarse consigo mismo. Esa coincidencia marcó el VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de Lima el 29 de septiembre para mostrar las prioridades del sector en seguridad y lo que está dispuesto a aportar.Esta edición tuvo una particularidad. Con el lema «Alianzas que construyen una sociedad segura», se pidió a cada panel propuestas claras, medibles y viables, y no solo un diagnóstico de lo que ya se conoce. El resultado fue un conjunto de buenas prácticas, ideas e iniciativas que distintos actores están ejecutando hoy, y que merecen ser conocidas y replicadas.Se mostró cómo las unidades de flagrancia del Poder Judicial ya resuelven la mayoría de los casos que ingresan, y lo hacen porque concentran en un solo lugar a quienes investigan y a quienes deciden. El sector bancario, por su parte, redujo los ataques a sus agencias de varios cientos al año a casi cero, coordinando información y protocolos entre entidades que compiten entre sí. En obras por impuestos, el mecanismo acelerado recortó el trámite de seis meses a uno. En el nivel comunitario, las iniciativas presentadas apuntan a intervenir antes de que el delito ocurra. Hay organizaciones que ofrecen a las mujeres de un distrito oportunidades de trabajo y a los jóvenes espacios de expresión, y que sostienen sus labores con un argumento que conviene recordar al decidir presupuestos: cada dólar invertido en prevención ahorra varios en control.Estas experiencias recuerdan algo que a veces se pierde en el debate. La seguridad no es solo control del delito: es la condición para que un mercado abra de noche, una empresa decida invertir en un distrito y una familia planifique su futuro. Sin ella, el desarrollo local se frena, por buenas que sean las obras y los programas.Ninguna de las prácticas mencionadas depende de una nueva ley. Dependen de decisión, de datos compartidos y de continuidad. Eso las vuelve replicables y escalables, si alguien se encarga de conectarlas. Por eso el camino no es sumar más foros, más mesas o más equipos sin un responsable que responda por los resultados: esa respuesta se queda en lo performativo y deja intacto el problema de fondo, que es la falta de articulación.En todos los paneles hubo, además, un punto de coincidencia: para que las alianzas funcionen, el Estado tiene que ser parte de ellas y, antes, tiene que coordinarse consigo mismo. Los participantes plantearon que el crimen organizado está muy bien organizado y el Estado, todavía no. El problema no es la falta de instrumentos, sino la decisión de usarlos de manera articulada.Eso se traduce en tres tareas concretas. La primera es fijar objetivos medibles en cada distrito, con indicadores públicos y un responsable identificable, y revisarlos cada trimestre en los comités de seguridad ciudadana, donde el alcalde, la policía y el sector privado ya se sientan juntos. De ese modo, la empresa sabe qué se espera de ella y qué recibirá a cambio.La segunda es que la policía, la fiscalía y el Poder Judicial compartan información y procesos mediante convenios de intercambio de datos y plataformas comunes, empezando por replicar en más sedes los espacios que ya funcionan, como las unidades de flagrancia. La tercera es dar a las alianzas un lugar institucional estable, con una secretaría técnica permanente en cada mesa público-privada y con las obras por impuestos como canal para la inversión privada, de modo que no dependan del interés de cada gestión.Cada una de estas tareas puede empezar con poco. Un distrito puede publicar hoy tres indicadores, por ejemplo tiempo de respuesta, denuncias y casos resueltos, y actualizarlos cada tres meses. Dos instituciones pueden firmar un convenio de intercambio de datos y probarlo en una sola comisaría antes de ampliarlo. Ninguna exige una gran inversión inicial; todas exigen que alguien lo decida y que otro verifique que se cumpla.Las autoridades electas tienen ahora la oportunidad de empezar por ahí. La pregunta es cuál de esas tres tareas estará lista en los primeros cien días, y quién responderá por ella.