Cuatro décadas después de uno de los episodios más dolorosos de la violencia terrorista en Ayacucho, un nuevo testimonio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de esclarecer lo ocurrido en Vilcashuamán. Un expolicía sobreviviente del ataque senderista en 1982, ha señalado al actual senador de Juntos por el Perú, Íber Maraví, como presunto participante en aquella incursión que dejó seis efectivos policiales muertos. El exjefe de la Dircote, Max Anhuamán, informó que entregó la documentación correspondiente a las autoridades competentes. Se trata de una acusación grave que debe ser investigada.
La Dircote y el Ministerio Público tienen la responsabilidad de examinar la información recibida y determinar si corresponde iniciar o ampliar las investigaciones conforme a ley. La Procuraduría Antiterrorista también debe ejercer las funciones que le competen en defensa de los intereses del Estado. Ninguna institución debería desentenderse de una denuncia de esta naturaleza por el tiempo transcurrido o por la posición política de la persona señalada.
El paso del tiempo no elimina la obligación de esclarecer hechos graves, aunque las posibilidades legales de investigación y sanción deben evaluarse conforme a la legislación aplicable y las circunstancias del caso. El país necesita saber qué ocurrió en Vilcashuamán y si las nuevas declaraciones aportan elementos que no fueron debidamente examinados.
