En las democracias modernas, la soberanía reside en el conjunto de instituciones que el Estado construye para garantizar el equilibrio entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son expresiones distintas de esa soberanía compartida. Así, cada poder cuenta con su propia autonomía y sus propias garantías. Y ese diseño institucional es precisamente lo que protege a los ciudadanos de la concentración y el abuso del poder.
Ahora bien, la cooperación internacional en seguridad es legítima y necesaria. El crimen organizado transnacional opera sin fronteras y los Estados que coordinan esfuerzos tienen más herramientas para combatirlo. Esa premisa sostiene iniciativas como el Escudo de las Américas. Sin embargo, la pregunta que los episodios de esta semana obligan a hacerse a los ciudadanos es si esa cooperación, firmada entre ejecutivos, tiene fuerza suficiente para comprometer la autonomía de los poderes del Estado que no participaron en el acuerdo.
Por eso, la detención del fiscal general boliviano Roger Mariaca el 1 de octubre sin orden judicial no es poca cosa. Ocurrió dos días después de que el gobierno de Donald Trump le revocara la visa, junto a la de otros jueces y fiscales de la región, incluido un fiscal peruano y otros latinoamericanos. Pero lo que genera mayores dudas sobre la legitimidad de la operación es que Mariaca era precisamente el fiscal que investigaba a Fernando Cerimedo, asesor vinculado al presidente boliviano Rodrigo Paz, al argentino Javier Milei y al entorno más cercano de Trump en América Latina, ese mismo entorno hoy reunido bajo el Escudo de las Américas. Vale recordar que tan solo en febrero de 2026, Cerimedo recibió en Mar-a-Lago un premio como mejor consultor hispano.
En ese sentido, existe algo más que vale la pena señalar. Un presidente es un poder temporal del Ejecutivo. La soberanía del Estado le pertenece al conjunto de sus instituciones. Por lo que cuando un acuerdo de cooperación se usa para detener sin orden judicial a un administrador de justicia, lo que está en juego es la separación de poderes que sostiene cualquier democracia.
Al respecto, la presidenta del Senado de Chile advirtió que si el Escudo de las Américas tiene carácter de tratado internacional, debería haber pasado por ratificación parlamentaria. Esa pregunta debería interpelar a todos los países miembros, incluido el Perú.