De cada diez litros de agua potable que producen las empresas de saneamiento urbano en el Perú, cuatro nunca se facturan. Se pierden en fugas, conexiones clandestinas y errores de medición. Este es el síntoma de una reforma incompleta: en los noventa abrimos sectores a la inversión privada para sustituir cientos de empresas públicas quebradas, pero el agua permaneció en el Estado.
Los datos de la Sunass son elocuentes. De las 50 prestadoras (EPS), en 12 el servicio no llega a mediodía, 18 no tratan sus aguas residuales y 25 tuvieron pérdidas operativas en 2024. Además, hay 15 EPS intervenidas por el Otass debido a su gestión precaria y la Sunass identificó, en diciembre de 2025, otras 20 con causales para ingresar al mismo régimen.
No es un problema reciente. Por ejemplo, Grau (Piura) y Sedaloreto registran pérdidas operativas desde 1999 y 1997, respectivamente. La primera da agua unas 12 horas diarias y no factura el 63% de su producción. La segunda apenas logra ocho horas y no trata sus desagües. En total, siete EPS registraron pérdidas operativas todos los años entre 2005 y 2024. Solo empresas públicas pueden perder dos décadas sin pestañear.
Ni siquiera la intervención es una solución definitiva. El régimen puede durar hasta 15 años y, al terminar, la empresa vuelve a manos municipales. Desde 2015 se intervinieron 19 EPS, pero solo cuatro han salido. Es como reparar un auto chocado y devolverle las llaves al mismo chofer.
Algunos recordarán la concesión de agua de Tumbes, que fracasó desde el diseño contractual. Aun así, la continuidad pasó de 7 a más de 16 horas entre 2004 y 2010, antes de caer a 11 horas en 2018, cuando se declaró su caducidad por incumplimientos del operador. Ya bajo administración estatal, llegó a 9 horas en 2025. La experiencia de Tumbes demostró la importancia de buenos contratos, que asignen bien los riesgos y hagan cumplir las metas.
Hay evidencia de lo que está en juego. En Argentina, un estudio de Sebastián Galiani (Universidad de San Andrés) estimó que la privatización del servicio redujo la mortalidad infantil en 8%, y hasta en 26% en las zonas más pobres. En Chile, el tratamiento de aguas servidas de Santiago pasó de 3% en 1999, cuando se privatizó, a 100% en 2012.
La ley ya permite que las EPS intervenidas firmen contratos con operadores privados. Falta decisión. Por ejemplo, si tras cinco años de intervención una EPS no cumple sus metas, su operación se licita. El contrato tendrá que asegurar sostenibilidad financiera y vincular la remuneración a resultados técnicos, operativos y financieros verificados por la Sunass. El acceso al agua potable es un derecho constitucional desde 2017, pero ningún caño se abrió por eso. El agua llegará cuando alguien gane por llevarla y pierda si no lo hace.
