Me resulta realmente increíble comprobar cómo el gobierno –incluyendo sus bancadas parlamentarias–, pese a la experiencia que muchos de sus principales integrantes se esfuerzan en exhibir en sus currículum vitae, no utiliza los instrumentos que el sistema legal contempla en aras de generar espacios de diálogo y acercamiento entre los poderes del Estado. Pareciera como si estos hubiesen pasado por el Congreso de la República, pero el Parlamento no hubiera pasado por ellos, a pesar de los altos cargos que algunos han ocupado.
La agenda legislativa se impulsó e implementó en el Congreso en el 2001 (Resolución Legislativa 011-2001-CR, publicada el 13 de octubre del 2001), a iniciativa de su entonces presidente Carlos Ferrero Costa, como mecanismo de concertación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la finalidad de implementar el debate de temas centrales para el país. Su objetivo no es otro que adoptar un compromiso de deliberación y discusión sobre las grandes leyes o temas que se aceptan como centrales. Ello no significa que haya coincidencia necesariamente en los remedios o propuestas, pero sí que los dos poderes admiten que esa temática no puede ser dejada de lado y merece prioridad.
De esta forma, aquello que se incluye en la agenda legislativa no solo tiene preferencia en los debates de las comisiones y en el pleno mismo, sino que, al ser publicitada, los temas allí contenidos se vuelven en foco de atención y promueven la participación ciudadana, que se involucra fijando opinión e incluso alcanzando propuestas.
La agenda legislativa, que también busca hacer previsible la discusión y evitar la opacidad normativa, fue incorporada en el mismo reglamento del Congreso, de forma que su práctica se institucionalizó. Como detalle, anoto que se implementó a menos de tres meses de haber asumido funciones el gobierno y los congresistas del período 2001-2006.
Los actuales reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado contemplan la agenda legislativa, aunque al parecer sus integrantes no lo conocen.
Así, el artículo 32 del reglamento de la Cámara de Diputados señala que, al inicio de cada período anual de sesiones, “los grupos parlamentarios y el Consejo de Ministros presentan una propuesta de agenda legislativa de la cámara, que detalla los temas o proyectos de ley que consideren necesario debatir y aprobar durante dicho período [...]. El debate de estos proyectos de ley tiene prioridad tanto en las comisiones como en el pleno de la Cámara de Diputados”. En sentido similar está redactado el artículo 33 del reglamento del Senado para los temas de su competencia.
Estamos ya a dos meses de concluir la primera legislatura de este período, enfrentados en una discusión bizantina sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el gobierno y, a la fecha, ni el Consejo de Ministros ni los grupos parlamentarios han hecho conocer su propuesta de agenda legislativa para ser tratada en el período anual de sesiones.
Como es evidente, herramientas hay, lo que nos falta es la decisión política de articularlas. ¿Será por desconocimiento, desidia o un afán de buscar responsables para ocultar las incapacidades propias?
La irresponsabilidad de no haber promovido hasta la fecha la aprobación de la agenda legislativa evidencia la falta de liderazgo y visión de los llamados a impulsarla, sobre todo en el contexto de entrampamiento legislativo que se vislumbra.
