El Informe Defensorial 286 puso el dedo en la llaga del abuso en las investigaciones por lavado de activos. No obstante, los efectos extraprocesales de este abuso son un aspecto que no ha sido suficientemente desarrollado. No es un secreto que una denuncia mediática, la apertura de una investigación fiscal o policial y la filtración de información al respecto, en casos de lavado de activos, afectan gravemente la reputación y la actividad económica de la persona natural o jurídica, sujeta al procedimiento. Siempre sobreviene una condena mediática, social y financiera que precede al esclarecimiento definitivo de los hechos y prescinde de considerar si, en última instancia, la persona investigada es inocente o culpable.
Vayamos en orden. No se cuestiona que el Ministerio Público o la Policía Nacional tengan la facultad de iniciar investigaciones preliminares bajo el estándar de sospecha inicial simple. Tampoco que la ejerzan. El problema es que, misteriosamente, se filtran las actuaciones procesales que, por mandato de la ley, son reservadas y su publicación afecta la presunción de inocencia, el honor, la buena reputación y el derecho de defensa. A su turno, los medios de comunicación y la opinión pública suelen olvidar que la investigación no es una condena.
A partir de información preliminar y parcial, simples imputaciones se presentan como hechos comprobados y la investigación deja de ser una búsqueda de la verdad para convertirse en una sentencia previa. Las consecuencias son devastadoras. La familia se ve abrumada; los amigos y clientes se alejan; los proveedores reevalúan sus relaciones comerciales; y las entidades financieras, al aplicar sus políticas de prevención de riesgos, cierran cuentas o cancelan líneas de crédito. Una persona natural o jurídica, que no ha sido condenada, queda, para todos los efectos prácticos, como si lo hubiera sido.
La cuestión central, entonces, es cómo llega información de investigaciones fiscales o policiales reservadas a manos de terceros y por qué nadie responde por esa divulgación ilegal. El fiscal de la Nación, en primer término, y la Junta Nacional de Justicia, en último término, deben denunciar, procesar y sancionar a los funcionarios y servidores públicos que así actúan. Se trata de un uso corrupto del poder de investigación que afecta el correcto funcionamiento de la justicia y debe erradicarse. A su vez, la prensa tendría que cumplir su función esencial de fiscalización sin asumir el riesgo de tomar lo falso por verdadero ni de confundir una parte de la verdad con la verdad entera.
En resumen, se debe proteger la presunción de inocencia, una garantía constitucional que protege a todas las personas, independientemente de su posición económica o social, y que todos debemos respetar y hacer respetar. Más aún, si la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos es un imperativo nacional, también lo es acabar con el abuso o la corrupción en el poder. Ello exige sancionar ejemplarmente al funcionario o servidor público que divulgue información reservada y, con ello, lesione los derechos de los ciudadanos.
Ya desde el derecho romano antiguo, se planteó la pregunta: ¿quién custodia a los custodios? Lo que, en el caso de las investigaciones por lavado de activos, supone preguntarse: ¿quién investiga al investigador? El verdadero peligro para el Estado de derecho no es que se investigue a los poderosos, sino que se utilice la investigación para destruir a un inocente y, peor aún, a cambio de prebendas. Cuando ello ocurre, no solo la persona perjudicada pierde, sino que también se defraudan la confianza ciudadana, el Estado de derecho y el espíritu de justicia que debería inspirar nuestro sistema.


