El anuncio del Gobierno de restablecer la expulsión de estudiantes que cometan faltas graves en los colegios del país ha reabierto el debate sobre la disciplina escolar, la seguridad en las aulas y el derecho a la educación.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que la medida será incorporada mediante una nueva normativa que entrará en vigencia este mismo año, tras un proceso de prepublicación y recepción de aportes ciudadanos.
La propuesta surge por el incremento de casos de violencia escolar en distintas regiones del país. Solo en Arequipa, la Gerencia Regional de Educación reportó hasta septiembre 175 denuncias relacionadas con agresiones físicas, psicológicas y sexuales, además de casos de bullying y ciberbullying. La situación ha generado preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades educativas.
POSTURAS SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
Los sectores que respaldan el retorno de la expulsión consideran que las medidas correctivas vigentes han resultado insuficientes para enfrentar hechos extremos como violencia sexual, lesiones graves, amenazas o agresiones reiteradas contra estudiantes y docentes.
Desde esta posición se sostiene que las escuelas deben contar con herramientas más firmes para proteger a la comunidad educativa. Sin embargo, especialistas en educación advierten que la expulsión debe aplicarse bajo criterios objetivos y respetando el debido proceso. Además, señalan que la medida no debería convertirse en una respuesta aislada, sino formar parte de una estrategia integral que contemple atención psicológica, trabajo con las familias y mecanismos de reinserción educativa.
CREACIÓN DE ESCUELA PARA FORMAR DIRECTORES
Como parte de la reforma, el Minedu anunció la creación de la Oficina de Protección de la Comunidad Educativa (OPCE), instancia que tendrá la misión de supervisar los casos de violencia escolar y verificar que las medidas adoptadas realmente solucionen los problemas denunciados.
Chang cuestionó el actual sistema de seguimiento. “A esto le falta seguimiento. Si en una institución educativa encuentro cinco o seis casos de violencia en un año, mando a un grupo de tutores o inspectores a ver qué está pasando y actuar. Pero eso no ha ocurrido”, señaló.
La nueva oficina buscará comprobar que las víctimas reciban atención y que los casos no sean considerados resueltos únicamente por haber cumplido etapas administrativas. El ministro también anunció la creación de una escuela pública para la formación de directores. La iniciativa contempla un año de capacitación para los docentes que aspiren a ocupar cargos directivos y busca fortalecer competencias de liderazgo y gestión escolar.“Si bien ya tienen una formación académica, lo que no tienen es una formación de liderazgo y gestión, y yo necesito líderes que inspiren a los muchachos y le den propósito a la escuela”, sostuvo el titular del sector.
EXMINISTRO CUESTIONA LA EXPULSIÓN
La propuesta ha encontrado voces críticas, como la exministra de Educación, Patricia Salas, que cuestionó la medida durante una entrevista en Radio Yaraví y la calificó como un atentado contra los principios fundamentales de la educación. Salas sostuvo que la expulsión, por sí sola, no resuelve los problemas de fondo relacionados con la violencia escolar y defendió los enfoques implementados durante años anteriores, orientados a promover una convivencia libre de violencia mediante el diálogo, la orientación, la consejería y el acompañamiento a los estudiantes.
“La educación debe buscar corregir conductas y generar cambios, no simplemente excluir al alumno del sistema”, señaló. Asimismo, advirtió que la separación definitiva de un estudiante podría trasladar el problema a otros espacios sin atacar las causas que originan la violencia. La exministra consideró que el Estado debería fortalecer la prevención, la atención psicológica y el trabajo con las familias antes de optar por medidas de exclusión. A su juicio, la convivencia escolar se construye generando condiciones para la formación integral de los estudiantes y no únicamente mediante sanciones.
