La elección de ayer definió que Renovación Popular administrará, entre el 2027 y el 2030, una municipalidad con poco margen de decisión. Y es que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se financia con tributos propios (predial, alcabala y patrimonio vehicular), con el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y, desde el 2024, con el 3% del IGV del Cercado, reservado para inversión. Sin embargo, al cierre del 2025, su saldo de deuda total llegó a S/ 5,045 millones, cerca de 3.5 veces el límite que las reglas fiscales fijan para los demás Gobiernos subnacionales, según el Consejo Fiscal. El problema es que la MML sigue exceptuada de esas reglas porque cuenta con dos calificaciones locales de grado de inversión, criterio inadecuado ya que las clasificadoras miden la probabilidad de pago de la deuda financiera y pueden suponer un respaldo del Gobierno nacional, pero no recogen otros pasivos, como los laudos.
Esa deuda proviene del programa de bonos por S/ 4,000 millones colocado entre el 2023 y 2025, durante la gestión que encabezó Rafael López Aliaga hasta octubre de ese año. El Consejo Fiscal advirtió que ese endeudamiento era excesivo para la capacidad de generación de ingresos propios de la ciudad y que su costo recaería en la administración siguiente. Los bonos se respaldan mediante un fideicomiso con los principales tributos municipales y el FONCOMUN. Pero, cuando el servicio incorpore la amortización de principal, entre el 2028 y 2035, superará los S/ 500 millones anuales.
A la deuda financiera se suman los pasivos derivados de laudos y sentencias. Al cierre del 2025, los pasivos firmes alcanzaban S/ 993 millones y los contingentes, S/ 4,907 millones, en parte debido a los procesos con Rutas de Lima. Se estima que, si se pagaran todos esos pasivos, el déficit acumulado entre el 2027 y 2035 podría más que triplicar los S/ 2,609 millones que proyecta el Consejo Fiscal.
El principal margen de la nueva gestión está en la cartera de proyectos financiados con los bonos que, a julio del 2026, no alcanzaban una cuarta parte de avance financiero. Si la cartera equivale al total emitido, quedan por ejecutar cerca de S/ 3,000 millones. Reprogramarla con criterios de avance y rentabilidad ofrecería más margen que los nuevos recursos identificados.
La nueva gestión enfrentará las expectativas creadas por lo que su primer regidor, Rafael López Aliaga, ofreció en el debate del Jurado Nacional de Elecciones y en el plan de su lista, que incluye duplicar los ingresos municipales con mayor recaudación propia y canon aduanero, devolver a la MML competencias de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), recuperar las concesiones de peaje y culminar obras viales como la Vía Expresa Sur.
El canon aduanero exige modificar la distribución vigente de recursos, tarea del Congreso y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Recuperar la ATU supone que el Gobierno nacional ceda un sistema al que el proyecto de Ley de Endeudamiento 2027 destina un préstamo del Banco Mundial.
Recuperar los peajes implica enfrentar procesos arbitrales que, en el caso de Rutas de Lima, comprometen S/ 1,431 millones. Esa concesionaria está en disolución y liquidación desde septiembre del 2025. En diciembre de ese año, la MML declaró caduco el contrato y, conforme a la cláusula 17.16 del contrato de concesión, habría asumido la deuda garantizada de la concesión, originada en bonos por S/ 1,500 millones emitidos en el 2014. Un laudo parcial de junio del 2026 declaró sin efecto dicha terminación.
Las obras nuevas, sin capacidad de endeudamiento sostenible, dependerían de transferencias, de asociaciones público-privadas o de financiamiento del Gobierno nacional. Ese margen es acotado, pues las transferencias compiten con la meta de reducir el déficit y las asociaciones público-privadas se negociarían con una contraparte que acumula laudos en su contra.
Del lado del MEF, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) mantiene como parámetro de mediano plazo un déficit de 1% del PBI y advierte que las iniciativas legislativas con efecto fiscal, algunas por transferencias a Gobiernos subnacionales, llevarían el déficit a cerca de 2.8% hacia el 2030. Por otro lado, que el Gobierno nacional asuma obligaciones de la MML tendría un costo fiscal y sentaría un precedente para el resto de gestiones subnacionales.
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori carece de mayoría propia en ambas cámaras y necesita el respaldo de Renovación Popular. En caso de victoria de Renovación Popular, cabe esperar que los pedidos lleguen al MEF con presión política y con menos espacio para una posición técnica; con otra fuerza al mando, ese espacio sería mayor. El pedido de facultades legislativas, del que la Comisión de Constitución solo había aprobado un tercio, ilustra la debilidad del Gobierno en el Congreso.
La nueva gestión municipal tendría una mejor base para negociar con el MEF si transparenta su situación mediante un cronograma consolidado de deuda y pasivos, un calendario de pagos para los laudos y la reprogramación de la cartera de bonos. Como el proyecto de Ley de Endeudamiento 2027 no modifica la excepción por calificaciones, su relación con el MEF dependerá de esa disposición para ordenar las cifras.
Luis Miguel Castilla es presidente de Hágase Instituto