El caso de Ueno Bank en Paraguay ha abierto una discusión más amplia que la situación de un banco. Pone sobre la mesa las relaciones entre el poder político, los organismos supervisores y las empresas que deben vigilar. Cuando esas fronteras se desdibujan, la credibilidad de las instituciones queda expuesta.
El expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, había dirigido Financiera Ueno. También se han señalado vínculos empresariales entre actores políticos y el grupo bancario. Esos antecedentes no prueban por sí solos favoritismo ni una actuación irregular. Sí obligan a preguntarse cómo se previenen los conflictos de interés y cómo se garantiza que las decisiones respondan a criterios técnicos.
La independencia de un regulador no se agota en lo que establece una ley. Se demuestra cuando exige información, identifica riesgos y toma decisiones sin considerar las relaciones personales o políticas de quienes están bajo su supervisión. La confianza en una autoridad depende tanto de sus facultades como de la forma en que las ejerce.
En el Perú hay una trayectoria que merece reconocerse. El Banco Central de Reserva y la SBS han construido credibilidad durante décadas, con continuidad técnica y reglas fortalecidas. En el sistema financiero, la incorporación progresiva de Basilea III y los cambios en los límites de concentración crediticia son parte de una agenda anterior a lo ocurrido en Paraguay. No son reformas improvisadas.
Pero ninguna norma, por exigente que sea, reemplaza el criterio de quienes deben aplicarla. Preservar la autonomía de estas entidades supone cuidar los nombramientos, prevenir conflictos de interés y sostener decisiones que puedan explicarse con transparencia. La autoridad no se hereda con el cargo: se gana y se conserva con cada actuación.
Esta exigencia no termina en los supervisores financieros. Alcanza al Ejecutivo y a las nuevas autoridades regionales y municipales. Designar equipos por capacidad, y no por cercanía política, es una condición para gestionar bien los recursos públicos. Lo mismo ocurre al priorizar obras, contratar servicios o responder a las urgencias de la población.
El país tiene brechas de infraestructura que no admiten más postergaciones. Frente a los riesgos climáticos, una decisión tardía o mal sustentada puede costar mucho más que dinero. No podemos permitir que las necesidades ciudadanas se subordinen a compromisos partidarios o a favores pendientes.
En los próximos días, el Congreso debatirá el presupuesto público del 2027. Esperemos que la distribución de recursos responda a prioridades verificables y no se convierta en moneda de cambio político. Esa es la responsabilidad de toda autoridad: ejercer el poder para servir al país, no para retribuir a quienes la llevaron al cargo.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
