En el contexto de la implementación del comando unificado, que integra las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acudió ayer a las instalaciones del penal El Milagro, en Trujillo, La Libertad. Allí informó que las visitas se han reducido en un 50% desde que se implementaron medidas de seguridad más rigurosas.
Entre estas medidas se encuentran la vigilancia perimetral a cargo de las Fuerzas Armadas y la instalación de equipos para controlar el ingreso de personas y paquetes.
Tras señalar que las requisas se realizan desde el jueves por la noche, la mandataria indicó que estas acciones han permitido poner en funcionamiento equipos de control para revisar tanto a los visitantes de los internos como al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
“Hemos verificado que las máquinas del propio penal no funcionan hace tres años y están abandonadas. Desde que han entrado las Fuerzas Armadas, las visitas han disminuido en un 50%. Imagino que esta disminución obedece porque están viendo que ahora hay controles. No vamos a impedir que las familias vayan a visitar a los internos, es su derecho, pero quienes lo hagan lo harán con absoluto cumplimiento de la ley”, precisó.
La presidenta advirtió que los familiares que visiten a los internos del penal El Milagro ya no podrán ingresar objetos prohibidos. Además, anunció que los equipos que se encuentran malogrados serán reemplazados.
Respecto a la situación de los internos, la jefa de Estado informó que se han registrado más de 300 casos de tuberculosis. Ante ello, señaló que ha coordinado con los ministros de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, la construcción de tres o cuatro pabellones para ampliar la capacidad del penal El Milagro.
“El penal tiene capacidad para 1.500 internos, pero hay 6.000. Eso también tiene que ser corregido. Vamos a construir nuevos pabellones en el espacio que hay”, expresó.
La mandataria anunció que se evalúa ampliar el número de penales declarados en emergencia y que se retomará el programa de recompensas para quienes brinden información que permita capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales. “Premiaremos a quienes nos entreguen información en la captura de las organizaciones criminales”, afirmó Keiko Fujimori.
En cuanto a su viaje a El Salvador, previsto para el 29 y 30 de octubre, indicó que el objetivo principal es conocer las medidas de seguridad implementadas en ese país y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Al respecto, el exministro del Interior y exjefe del INPE Wilfredo Pedraza señaló que las medidas anunciadas son “paliativas”, pues atienden uno de los diversos problemas que afectan a los penales, pero no resuelven las deficiencias estructurales del sistema penitenciario.
Pedraza también sostuvo que la reducción del número de visitas en un penal “no es indicador de nada”. En ese sentido, remarcó que los principales problemas que deben atenderse son el hacinamiento y el déficit de infraestructura penitenciaria.
Además, cuestionó que cinco penales hayan sido declarados en estado de emergencia. Recordó que, en los últimos 20 años, el sistema penitenciario ha sido declarado en emergencia en más de diez ocasiones y también ha pasado por procesos de reorganización, sin que se hayan obtenido resultados concretos.
Pedraza hizo hincapié en que la presencia de militares en los exteriores de los penales será temporal. Por ello, consideró que el Gobierno debería adoptar medidas a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que tiene por delante cinco años de gestión.
El exministro comentó que en el Perú no existe ninguna norma que impida implementar penales de máxima seguridad o regímenes de alta contención.
“Desde el 2007, tenemos regímenes de alta seguridad y hace un año se añadió el régimen de altísima seguridad, que significa media hora de patio por día, visitas muy restringidas y por locutorio, así que no hay ninguna novedad. Lo que falta en nuestro país es voluntad política y recursos para hacer esas obras”, precisó.
Asimismo, recordó que el exministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Arana viajó a San Salvador en febrero de 2024 para conocer el sistema penitenciario y las estrategias de seguridad pública del gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, señaló que no hubo resultados.
Por su parte, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Alcántara Medrano también consideró “insuficientes” las medidas anunciadas por la presidenta. Explicó que la ampliación de los penales y la construcción de nuevas cárceles requerirán contratar a más agentes del INPE e incorporar equipos de alta tecnología para controlar el ingreso a los establecimientos penitenciarios. Todo ello, añadió, demandará un mayor presupuesto.
Además, indicó que el INPE necesita entrar en un proceso de reorganización y depurar al personal involucrado en delitos. Recordó que la institución no solo se encarga de la vigilancia de los penales, sino también de la resocialización de los internos.
Ante el déficit de infraestructura penitenciaria, Alcántara recordó que, durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), estaban avanzados dos proyectos para construir nuevos penales: uno en Quiruvilca, La Libertad, con capacidad para albergar a 10.000 reos de alta peligrosidad, y otro en Ancón, destinado a 16.000 internos que hayan cometido delitos menores.
Como ejemplo del hacinamiento que existe en el país, el especialista señaló que los penales en funcionamiento tienen capacidad para albergar a 41.000 presos, mientras que la población penitenciaria alcanza los 110.000 internos.
