Un juez federal bloqueó la aplicación de una nueva orden ejecutiva de Donald Trump que busca limitar el número de personas que pueden obtener la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. La medida representa un nuevo revés para el gobierno del presidente republicano, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara su intento anterior de restringir este derecho. La decisión judicial vuelve a poner en duda el alcance de las políticas migratorias impulsadas por Trump y abre una interrogante: ¿qué pasará ahora?
La jueza de distrito estadounidense Deborah Boardman, en Greenbelt, Maryland, emitió el miércoles una orden judicial preliminar a solicitud de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La magistrada ya había impedido el año pasado que la administración Trump aplicara su primera orden ejecutiva de 2025 sobre ciudadanía por nacimiento.
¿Qué decidió el juez sobre la nueva orden de Trump?
Boardman determinó que la nueva orden ejecutiva de Trump no puede aplicarse a los niños incluidos en la demanda colectiva que llegó ante su tribunal.
La jueza sostuvo que la medida es “casi con toda seguridad inconstitucional” respecto de ese grupo, debido a que la Corte Suprema ya había establecido que los menores comprendidos en la demanda son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento.
“El Tribunal Supremo se ha pronunciado: los niños incluidos en la categoría certificada son ‘ciudadanos desde su nacimiento’”, escribió Boardman en su decisión.
Su orden también prohíbe al Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social adoptar medidas destinadas a interferir, negar o dejar de reconocer la ciudadanía de los niños protegidos por la demanda colectiva.
¿Qué dice la nueva orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento?
La nueva orden ejecutiva fue firmada por Trump el 6 de agosto, después de que la Corte Suprema rechazara su intento inicial de modificar la aplicación de la ciudadanía por nacimiento.
Entre sus objetivos está el llamado “turismo de maternidad”, una práctica en la que mujeres viajan a Estados Unidos para dar a luz con el objetivo de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.
La medida también contempla negar la ciudadanía a determinados niños cuando uno de sus padres trabaja para un gobierno extranjero en Estados Unidos, participa en fraudes o determinadas transacciones comerciales relacionadas con la obtención de ciudadanía, o es considerado un “enemigo extranjero”.
| Nueva orden de Trump | Busca limitar determinados casos de ciudadanía por nacimiento |
| Fecha de la nueva orden | 6 de agosto |
| Decisión judicial | Un juez federal bloqueó su aplicación |
| Jueza | Deborah Boardman |
| Lugar del tribunal | Greenbelt, Maryland |
| Agencias afectadas | Estado, Seguridad Nacional y Seguro Social |
| Argumento central | La orden podría ser inconstitucional para los niños protegidos por la demanda |
¿Por qué el juez bloqueó la orden de Donald Trump?
Los abogados que presentaron una demanda colectiva en representación de bebés que podrían perder la ciudadanía bajo la política de Trump solicitaron a Boardman que bloqueara también la nueva orden presidencial.
La jueza aceptó la petición al considerar que la decisión de la Corte Suprema ya había determinado que los niños incluidos en la demanda son ciudadanos desde su nacimiento.
El 30 de junio, la Corte Suprema había rechazado por 6 votos contra 3 el intento inicial de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la tarjeta verde.
El caso tuvo como eje la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que establece que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas estadounidenses.
¿Qué argumentó el gobierno de Trump ante el tribunal?
Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la orden judicial no era apropiada porque la nueva directiva presidencial era más limitada que la orden general de 2025 que había originado la demanda.
También argumentaron que la impugnación era prematura, debido a que las agencias federales todavía no habían publicado las directrices necesarias para explicar cómo se implementaría la nueva orden.
La administración esperaba emitir esas instrucciones antes del sábado y consideraba que cualquier nuevo desafío legal debía esperar hasta ese momento.
Sin embargo, Boardman rechazó ese argumento y concluyó que era necesario intervenir inmediatamente.
La jueza señaló que, aunque el Departamento de Justicia sostenía que la orden tendría efectos únicamente hacia el futuro, el texto de la medida indica que “se aplica a todos los niños que cumplen con sus criterios, independientemente de cuándo nacieron”.
Por ello, consideró necesario volver a impedir de manera preliminar la aplicación de la medida presidencial.
¿Qué pasará ahora con la orden de Trump?
Aunque Boardman bloqueó la aplicación de la nueva orden respecto de los niños protegidos por la demanda colectiva, aclaró que las agencias federales sí pueden continuar preparando directrices sobre cómo se implementaría la medida.
Reuters informó que el Departamento de Estado había preparado una propuesta que exigiría a los padres que soliciten pasaportes para sus hijos presentar pruebas de su propia ciudadanía o estatus migratorio.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la decisión judicial.
Entre los demandantes se encuentran los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, que ya habían conseguido que Boardman bloqueara la orden de 2025.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, cuestionó que las familias inmigrantes tengan que regresar nuevamente a los tribunales para defender los derechos de sus hijos nacidos en Estados Unidos.
El nuevo fallo mantiene así bloqueada la aplicación de la medida de Trump para los menores comprendidos en la demanda, mientras continúa la disputa judicial sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.