El presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró su reforma de seguridad tras no conseguir respaldo suficiente en el Congreso de Chile, incluso entre parlamentarios de su propio sector. El proyecto contemplaba un estado de excepción de hasta 240 días y otorgaba al Ejecutivo facultades para restringir la circulación, las reuniones y la asociación, además de permitir la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes.
La propuesta formaba parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y contemplaba ocho modificaciones a la Carta Fundamental. El Gobierno la retiró el martes por la noche y optó por respaldar otro proyecto presentado por Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya, que establece periodos de emergencia de 30 días y exige autorización parlamentaria para sus eventuales extensiones.
HRW y Cadem cuestionaron amplias atribuciones de Kast
La iniciativa recibió cuestionamientos por el alcance de las facultades presidenciales. Human Rights Watch (HRW) expresó preocupación por las medidas relacionadas con el estado de excepción, la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes.
El rechazo también apareció en una encuesta de Cadem del 20 de agosto. El 58% de los consultados se mostró en contra de que el presidente pudiera declarar por sí solo una emergencia de seguridad, mientras que el 37% respaldó esa posibilidad.
Desde sectores políticos también surgieron reparos. El senador Luciano Cruz-Coke sostuvo que la propuesta "raya en lo iliberal", mientras el entonces canciller Alberto van Klaveren afirmó que una medida de ese alcance podía enviar "una señal muy negativa para la reputación de Chile".
Senadores de oficialismo y oposición impulsan texto alternativo
La falta de respaldo llevó al Ejecutivo a apoyar una iniciativa alternativa para reforzar la seguridad pública frente al crimen organizado y el narcotráfico. El nuevo texto busca reconocer al crimen organizado como una amenaza para los derechos fundamentales y plantea medidas con el fin de separar a sus integrantes dentro de los recintos penitenciarios.
A diferencia de la propuesta de Kast, el proyecto fija estados de emergencia de 30 días. Cualquier extensión requiere respaldo del Parlamento. La alternativa cuenta además con el apoyo de los senadores independientes Karim Bianchi y el demócrata cristiano Iván Flores.
El debate ocurre mientras los homicidios en Chile alcanzaron una tasa de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble de la registrada una década antes, de acuerdo con los datos incluidos en la propuesta.
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Chile defiende adhesión al Escudo de las Américas de Trump
En paralelo, el canciller Francisco Pérez Mackenna defendió la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Donald Trump. El funcionario sostuvo que se trata de una declaración política y no de un acuerdo internacional.
El mecanismo contempla cooperación e intercambio de información entre los países participantes. La decisión forma parte de la agenda exterior del Gobierno de Kast mientras su administración enfrenta el debate interno sobre las herramientas para combatir la delincuencia y el crimen organizado.
