Reggiardo sostuvo que la resolución pone en evidencia deficiencias en la organización de los comicios y destacó que el juzgado invocó la necesidad de reorganizar el sistema electoral.
“Lo cierto es que aquí ha habido una autoridad que ha ratificado lo que el alcalde de Lima en su momento presentó y eso para nosotros es sumamente satisfactorio”, manifestó.
- LEA TAMBIÉN: López Aliaga: JNE cometería prevaricato si me niega las credenciales como alcalde de Lima
Estas declaraciones se produjeron luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisara que la resolución judicial no ordenó la convocatoria de elecciones complementarias ni dejó sin efecto los resultados electorales.
yt:PPX7FvPpTi4
JNE aclara que fallo no ordena nuevas elecciones
El JNE aclaró los alcances de la decisión del Quinto Juzgado Constitucional de Lima sobre los retrasos en la distribución del material electoral durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, que afectaron la apertura de algunas mesas de votación.
A través de un pronunciamiento, el organismo electoral informó que el juzgado declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar presentada por su Procuraduría Pública.
Según explicó, la decisión se sustentó en que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no contaba con habilitación legal para representar judicialmente a ciudadanos en la defensa de derechos fundamentales de titularidad individual, como el derecho al sufragio.
Asimismo, precisó que el órgano jurisdiccional declaró la sustracción de la materia respecto de la pretensión principal de la demanda, vinculada con la realización de elecciones complementarias.
Comunicado del JNE que precisa los alcances de la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima https://t.co/sSohwmN8G4
— JNE Perú (@JNE_Peru) October 15, 2026
“Por lo que no dispuso la convocatoria de nuevos comicios ni dejó sin efecto los resultados del proceso electoral”, señaló el JNE.
Finalmente, el organismo indicó que la Procuraduría Pública de su institución evaluará, en ejercicio de su autonomía funcional, la posibilidad de interponer los recursos impugnatorios que considere pertinentes.
