Las denuncias por corrupción en Arequipa pasaron de 4.9 a 13.1 por cada mil trabajadores públicos entre 2019 y 2026. Así lo revela el Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS), que el Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó en su primera edición.
El índice evalúa a las 25 regiones con 14 indicadores agrupados en dos pilares: Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, y Desempeño Institucional y Control de la Corrupción; y las clasifica en cinco niveles de riesgo. En ese sentido, Arequipa quedó en el nivel de riesgo medio-bajo, con 5.9 puntos de 10 (un puntaje menor implica mayor riesgo) en ambos pilares, lo que representa un deterioro frente al 2019 (puntaje de 6.8).
DETALLE
De acuerdo al estudio, en el pilar de Desempeño Institucional y Control de la Corrupción, Arequipa está en riesgo medio-alto con un puntaje de 5.1, mientras que en el 2019 se tuvo 6.0. Solo el 22.9% de los arequipeños confía en la PNP, el Poder Judicial y la Contraloría, cifra que está por debajo del promedio nacional (25.4%) y de lo registrado en 2019 (32.9%).
Además, la aprobación del gobierno regional cayó de 23.5% a 15.6% entre 2019 y 2026. Asimismo, las sentencias condenatorias por corrupción subieron de 3.8 a 5.2 por cada mil trabajadores públicos.
Respecto al pilar de Gestión Pública y Eficiencia Administrativa, Arequipa está en el nivel de riesgo medio-bajo. El 7.6% de las contrataciones se hace por selección directa, es decir, sin concurso público, lo que representa siete veces más que en el 2019 (1.0%) y la quinta más alta del país.
Así también, las compras menores a 8 UIT fueron el 27.1% de las contrataciones en 2025, por encima del 19.1% registrado en 2019 y del promedio nacional (24.9%). Al respecto, el IPE advierte que estas compras elevan el riesgo de fraccionamiento de contratos y de direccionamiento a un solo proveedor.
El estudio también revela que los proyectos paralizados o abandonados pasaron de 43.0 en el 2019 a 61.0 de este 2026.
TAREA DE NUEVOS GOBIERNOS
Frente a estas situaciones, el IPE recomendó a las próximas autoridades fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Como ejemplos, se puede proponer un piloto de integridad digital con registro único de denuncias en tiempo real e informes trimestrales, así como alinear las obras con las brechas sociales y promover mayor competencia en las adquisiciones públicas.