El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que removerá de sus cargos al personal involucrado del penal Barbadillo, ubicado en Ate, Lima, tras la difusión de un reportaje del programa Cuarto Poder sobre vínculos entre trabajadores del establecimiento penitenciario, personas del entorno del expresidente Pedro Castillo y funcionarios del Congreso de la República.
A través de un comunicado emitido el domingo 8 de noviembre, la institución informó que adoptará medidas inmediatas para garantizar el control y adecuado funcionamiento del centro penitenciario donde permanece recluido el exmandatario.
“El personal involucrado del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo será removido inmediatamente de sus cargos”, señaló el INPE en su pronunciamiento oficial.
🔴 #Comunicado | El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/BGCIizydOW
— Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) November 9, 2026
INPE anuncia acciones legales y administrativas por caso Barbadillo
La institución penitenciaria precisó que la decisión responde a la gravedad de los hechos expuestos en la investigación periodística y busca evitar que intereses ajenos a la función pública interfieran en la administración del establecimiento.
Asimismo, informó que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan, de acuerdo con sus competencias y la normativa vigente.
El INPE también exigió a sus trabajadores mantener una conducta íntegra y cumplir estrictamente sus responsabilidades, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad y el orden penitenciario.
“Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario”, sostuvo la institución.
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Contrataciones de familiares de agentes del INPE en el Congreso
La decisión del INPE se produjo luego de que Cuarto Poder difundiera una investigación sobre la contratación de familiares de trabajadores penitenciarios vinculados a la custodia de Pedro Castillo en dependencias del Congreso relacionadas con la agrupación política Juntos por el Perú.
Según el reportaje, familiares directos de agentes penitenciarios obtuvieron puestos remunerados en despachos parlamentarios y en la bancada de dicha organización política.
Uno de los casos identificados fue el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del director del penal Barbadillo, quien fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas.
La investigación también identificó a un familiar de otro agente penitenciario que trabaja en la bancada de Juntos por el Perú y a un exdirector del establecimiento contratado en una comisión parlamentaria.
Las contrataciones generaron cuestionamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios penitenciarios y representantes políticos. Sin embargo, el reportaje y el comunicado del INPE no establecen por sí solos que se haya producido un intercambio ilícito de favores.
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INPE plantea medidas para evitar interferencias en penales
En la parte final de su pronunciamiento, el organismo señaló que su actual gestión ha presentado diversas propuestas normativas mediante el proceso de delegación de facultades.
Según explicó, estas iniciativas buscan impedir que intereses externos comprometan la institucionalidad y el cumplimiento de las funciones penitenciarias.
La entidad reafirmó que actuará sin privilegios ni excepciones frente a situaciones que puedan afectar la seguridad y el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
Hasta el momento del comunicado, el INPE no había precisado públicamente el número de trabajadores que serían removidos ni sus identidades. Tampoco detalló el calendario de ejecución de las medidas administrativas anunciadas.
