La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) y la Procuraduría Especializada en Delitos Contra el Terrorismo, analizan una reciente denuncia presentada en contra del senador de Juntos por el Perú (JP), Iber Maraví, a quien se le sindica de haber integrado una columna senderista que atacó un destacamento policial en la base de Vilcashuamán (Ayacucho), en 1982.
El hecho fue denunciado por el exintegrante de la Guardia Civil (ahora Policía Nacional), Carlos Orlando Díaz Díaz, quien aseguró haber visto personalmente a Maraví Olarte en el ataque terrorista del que fue víctima cuando prestaba servicio.
Ambas entidades recibieron la información, fotos y videos, de parte del coronel PNP (r) Max Anhuamán, quien dio a conocer las declaraciones de Díaz Díaz.
En declaraciones a El Comercio, el exoficial narró que los hechos se registraron la noche del 22 de agosto de 1982, cuando cumplían servicio en el puesto policial del Vilcashuamán.
Solo días antes, el 29 de julio de 1982, las columnas senderistas hicieron volar un grupo electrógeno que proporcionaba luz a la zona y dejaron herido a un efectivo policial.
“El ataque mortífero fue el 22 de agosto de 1982, yo salgo a relevar a mis compañeros, fuimos tres. Santillán Cerna llegó del campanario después y a la media hora comenzó el ataque. Balas y bombas. Nosotros nos tiramos al suelo”, narró el exguardia civil.
Horas después, ya al amanecer, el puesto policial estaba en ruinas, hallaron a dos de sus compañeros acribillados, otros dos más murieron al tratar de esquivar una bomba y luego dos más fueron muertos por disparos.
Ante ello, indicó Díaz Díaz, decidieron ingresar a una pequeña habitación donde se taparon con cueros de res y juncos. Minutos después ingresaron los terroristas y abrieron la puerta de la habitación que se asemejaba a una carceleta, y vio ingresar a Maraví Olarte.
Pese a tener su arma de reglamento a mano, el exguardia civil explicó que eran superados en número por la columna senderista por lo que optó por inutilizar su armamento y lanzarlo al fuego, antes de ser capturados.
Sostiene que pudo sobrevivir gracias a que uno de los terroristas, que había sido capturado días antes por los Sinchis (grupo de la PNP) y a quien le proporcionó comida y abrigo, evitó que sean asesinados.
“Antes de que bote mi armamento, Maraví seguía parado y con palabras soeces preguntaba por más efectivos policiales y él da la orden de buscar y llevarse todos los armamentos que encuentren. Es en ese momento que Maraví se da la vuelta y las terroristas estaban buscando por otro lado, uno de mis compañeros tose, hace un ruido y nos ven, nos sacaron a la fuerza. Por eso digo que a Iber Maraví no se me olvidará nunca , no se me quitará de la memoria nunca, que me lo pongan al frente para decírcelo”, reiteró Díaz Díaz.
Al ser consultado por qué realizaba la denuncia cuatro décadas después de los hechos, el exguardia civil señaló que ello fue puesto en atestados policiales de la época, pero en ese momento no se investigaba adecuadamente todo lo que ocurría y Maraví se encontraba no habido, por ello la presunta participación del ahora diputado no fue bien investigada.
Díaz Díaz dijo estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía, Dircote y el Congreso si es convocado por dichas instituciones.
De otro lado, el exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo, Max Anhuamán, quien hizo públicas las primeras declaraciones del exguardia civil Carlos Díaz, confirmó haber presentado toda la documentación ante la Dircote y la Procuraduría contra el Terrorismo.
Anhuamán explicó que los primeros atentados terroristas, se registraron a inicios de 1980. En esa época, sostuvo, también se hicieron diversas detenciones, entre ellas, la de Alfredo Silvera Flores, que en sus declaraciones reconoce y alude a Iber Maraví.
“Dicho terrorista ubica a Maraví Olarte en ataques terroristas perpetrados contra la Atenta de Corpac, apedreamiento del local Entel Perú, y un intento de incendio donde también habría estado acompañado de la terrorista Edith Lagos y otros terroristas”, recordó.
Si bien, el exefectivo policial señaló que se trata de hechos que ocurrieron décadas atrás, indicó que la versión de Díaz Díaz se puede investigar para que se aclaren los hechos.
“ Ellos (La Dircote) van a juntarse con el Ministerio Público y ambos tienen que ver la estrategia legal para abordar el tema, son ellos los que tienen que responder. El testimonio es válido y puede investigarse si las autoridades están dispuestas en recibir al sobreviviente”, comentó.
En declaraciones a la prensa, el diputado de JP, Iber Maraví, rechazó la denuncia que lo vincula una vez más a una presunta militancia terrorista en las filas de Sendero Luminoso (SL).
Sostuvo que en el 2021, cuando fue nombrado ministro de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, fue interpelado por el Congreso debido a denuncias por presuntos actos terroristas en 1980 y el proceso penal en su contra.
“Y después de eso, que sigan saliendo con la misma cantaleta, ya pues, cuándo se van a cansar estos señores. Si yo hubiese participado no solo en eso, sino en cualquier acción ilegal, hace rato me hubieran hecho investigaciones, me hubiesen detenido, incluso procesado y si es que hubieran encontrado pruebas, incluso me hubieron condenado”, adujo.
No soy una simple piedra en los zapatos del actual gobierno de #derecha recalcitrante encabezado por Keiko Fujimori; soy roca dura, acero fundido en el #pueblo, imposible de diezmar. Soy razón, sentimiento y emoción que defiende apasionadamente al pueblo. Y por ser así, la derecha sueña sacarme del #congreso, alucina apresarme, pero en sus angustiantes pesadillas no sabe cómo. Han rebuscado todo y no encuentran como doblegarme, como quebrarme. En sus fantasmagóricos delirios hoy me inventan otro supuesto ilícito. Como corresponde, los denunciaré penalmente. #Congreso #SenadoNacional #Perú #IberMaraví #PedroCastillo #JuntosConElPueblo #TodoConElPueblo
— Iber Maraví (@iber_maravi) October 27, 2026
En esa línea, Maraví Olarte rechazó las sindicaciones en su contra y exigió a sus denunciantes que presenten pruebas. Además, sostuvo que todos los procesos en los que ha sido investigado, han resultado a su favor.
Finalmente, a través de sus redes sociales, anunció que denunciará penalmente a quienes han presentado la reciente denuncia en su contra.
En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Jorge Zúñiga sostuvo que frente a una noticia criminal, lo que corresponde es que se investigue, que no es lo mismo decir que se vaya a condenar.
Por ello, comentó que, estando la declaración de Carlos Díaz Díaz, en la que manifiesta haber reconocido al ahora diputado de JP, Iber Maraví, como uno de los miembros que habría atacado una base policial, a priori, “sí justifica la apertura de la invetigación”.
De acuerdo al penalista, el hecho denunciado se podría configurar en el presunto delito de terrorismo, pero que debe ser investigado bajo las leyes vigentes en dicha época, por lo que el ilícito estaría sancionado con penas de entre 20 y 30 años de cárcel.
Por ello, el letrado no descartó que el hecho denunciado haya prescrito a la fecha; sin embargo, precisó que el delito de terrorismo, al ser un “delito complejo”, se puede evaluar en línea de participación como en “el delito de pertenencia a una organización terrorista”.
Además, explicó que a nivel político, en el Congreso Bicameral también podría iniciarse una investigación a través de una comisión o crear una comisión para analizar este hecho.
“Claro, esto depende de la coyuntura política y de los votos en las cámaras respectivas. ¿es posible investigar? Esto tendría que tener una línea muy específica para poder ver en qué medida se puede investigar, en tanto y en cuanto no puede cruzarse con una investigación penal”, remarcó.
El abogado penalista Luis Gutiérrez, por su parte, coincidió en que el delito de terrorismo “estaría prescrito” y que no se podría aplicar alguna ley de imprescriptibilidad reciente puesto que no hay aplicación retroactiva.
A nivel político, explicó, sí es viable alguna investigación vinculada al tema ético o moral, pero que tampoco podría ser sancionado con la inhabilitación puesto que no es un delito de función en el cargo como exige el artículo 100 de la Constitución.
“Creo que lo primero es una investigación en Fiscalización. Ellos pueden citar a declarar a todos los involucrados, testigos, expolicías y con todo eso tienen que emitir un informe de reproche político o condena moral por falta de idoneidad, pero no hay sanción”, sostuvo.
