La Policía de Hong Kong activará este lunes herramientas de reconocimiento facial en su sistema de cámaras de vigilancia SmartView, en el marco de un plan de expansión de esta red presupuestado en 4 000 millones de dólares locales (unos 509.8 millones de dólares estadounidenses o 462.8 millones de euros).El comisario jefe, Joe Chow, confirmó el domingo en declaraciones a la cadena TVB el despliegue de este software biométrico en toda la red de videovigilancia urbana, consolidando la infraestructura tecnológica del cuerpo."Todas nuestras herramientas de investigación exigen controles y equilibrios para evitar abusos. Entendemos la inquietud ciudadana, por lo que aplicamos protocolos estrictos de fiscalización", aseguró el máximo responsable policial, citado por la radiotelevisión pública RTHK.Chow precisó que la identificación automatizada servirá prioritariamente para localizar a personas desaparecidas y esclarecer delitos graves, descartando un empleo indiscriminado que perturbe las expectativas de la población.Durante un acto de graduación en la academia del cuerpo, el alto mando defendió que esta modernización busca amparar a los residentes respetuosos con el ordenamiento jurídico y disuadir la criminalidad común y organizada.El programa gubernamental integra actualmente unos 5 000 dispositivos estatales y 6 000 señales externas.La segunda fase, contemplada en el último discurso de política general del Ejecutivo, sumará 20 000 terminales hasta alcanzar los 60 000 puntos de captura en la excolonia británica para 2028.El secretario de Seguridad, Chris Tang, avanzó el mes pasado negociaciones en fase terminal con operadores de complejos comerciales privados para integrar sus circuitos cerrados al entramado oficial, aunque evitó identificar a los conglomerados empresariales involucrados.
Los objetivos de este planDe acuerdo con los estatutos operativos del departamento, la iniciativa persigue cuatro metas estratégicas: salvaguardar la seguridad nacional, combatir la delincuencia, preservar el orden público y proteger la integridad física y patrimonial.Esta ampliación consolida el endurecimiento del control institucional tras las movilizaciones prodemocráticas de 2019, que se saldaron con miles de detenidos y centenares de procesados bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020, legislación que tipifica la subversión, la secesión y limita la disidencia política.La proliferación de grabadoras corporales de quinta generación (5G) entre los uniformados aviva el temor a una convergencia con el modelo de monitoreo de la China continental.Organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos advierten de que, pese a las garantías oficiales de confidencialidad y tutela de datos, la convergencia entre drones tácticos, sensores callejeros y biometría en tiempo real erosiona la privacidad y restringe las libertades fundamentales en el territorio semiautónomo.


