La gestión del riesgo de desastres suele descentralizarse porque las autoridades locales conocen mejor el territorio y la población puede exigirles cuentas con mayor facilidad. Pero ese diseño rinde frutos cuando las municipalidades cuentan con capacidad técnica y tiempo para prepararse, algo que hoy resulta muy difícil de garantizar. El DS 149-2026-PCM, publicado el 3 de noviembre de 2026, declaró en emergencia a 1.380 distritos por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027 (FEN), y el cambio de autoridades del 1 de enero coincide con el período de mayor intensidad de dicho Fenómeno.
Una gestión desigual y un relevo inoportuno
Los indicadores del Observatorio de Gestión Pública de Hágase Instituto sitúan a los 1.380 distritos antes mencionados cerca del promedio nacional en materia de gestión. En 2025, ejecutaron el 72,9% de su inversión, frente al 74% del país, aunque detrás de ese promedio hay situaciones muy distintas. Para identificarlas, el Observatorio evaluó seis indicadores que alertan sobre posibles problemas de gestión, como una baja ejecución de la inversión o la paralización de obras. Solo 265 distritos de los 1.380 no presentan ninguna alerta, mientras que 130 acumulan tres o más. Además, en 436 distritos hay obras paralizadas por S/ 4.407 millones.
Por otro lado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evaluó la capacidad preventiva de 70 municipalidades y solo 13 resultaron aptas. Sin embargo, el bajo número de municipalidades evaluadas no permite identificar cuáles, a nivel nacional, podrían ejecutar por sí solas el presupuesto que se les asigne.
Estas debilidades adquieren especial gravedad porque la emergencia coincide con el cambio de autoridades. Los nuevos gobernadores y alcaldes asumirán este 1 de enero, cuando el estado de emergencia esté por concluir —con posibilidad de prórroga—, mientras que las proyecciones siguen apuntando a que FEN costero mantendrá una magnitud extraordinaria hasta febrero. Una nueva gestión suele necesitar varios meses para poner en marcha técnicos y procesos de contratación, mientras que las defensas ribereñas y la descolmatación deben estar listas antes del pico de lluvias.
La experiencia de cambios de gestión anteriores muestra el costo de esa transición. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las nuevas autoridades subnacionales dejaron de invertir, en promedio, cerca de S/ 3.000 millones durante su primer año de gestión, analizando los tres procesos electorales efectuados entre 2010 y 2018.
El problema volvió a manifestarse en 2023: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que, en enero de 2023, la inversión de regiones y municipalidades cayó un 48% respecto al año anterior. Con la reelección inmediata prohibida desde 2015, cada relevo rompe la continuidad de equipos y proyectos, mientras que los alcaldes cuestionados siguen siendo muy numerosos: en 2025, 76 provinciales y distritales fueron condenados por corrupción.
La responsabilidad ya existe, faltan límites claros
En la práctica, los recursos para enfrentar la emergencia ya están concentrados en el Gobierno nacional. La Ley 32744 destinó el 97,8% del crédito suplementario aprobado hace algunas semanas a entidades de este nivel de gobierno, incluido todo el crédito del programa de prevención. Sin embargo, aún faltan definir las prioridades y quién será responsable de los resultados, con un mandato explícito y temporal para la emergencia y la temporada de lluvias de 2027, comenzando por los 157 distritos de la costa norte con riesgo muy alto de inundaciones o huaicos.
Como parte de este diseño, los sectores ejecutarían un portafolio único, con contrataciones consolidadas por tipo de intervención, y, por convenio, culminarían las obras paralizadas de mayor impacto preventivo. A las municipalidades les correspondería facilitar terrenos y permisos y hacerse cargo del mantenimiento.
Los indicadores de ejecución respaldan esta propuesta, aunque no garantizan su éxito. Según el MEF, en 2025 el programa presupuestal de prevención de desastres (0068) se ejecutó en cerca del 90% en el Gobierno nacional y en los Gobiernos regionales, frente al 76,6% en los locales. Cabe mencionar que los ministerios también tienen obras detenidas, lo que no garantiza una ejecución oportuna.
Por ello, la concentración en el Gobierno nacional debe tener límites claros. Una medida de este tipo, si se prolonga, además, debilitaría el vínculo del gobierno local con la gestión del riesgo. El esquema propuesto debe ser temporal, con metas, informes mensuales y una evaluación al cierre de la temporada de lluvias. Además, un grupo de trabajo con representantes de regiones y municipalidades debe validar el portafolio. Los distritos sin alertas podrían seguir ejecutando directamente, y los demás recuperarían funciones de forma gradual, con asistencia técnica de la PCM. Dado que el artículo 3 del DS 149 excluye los recursos adicionales del Tesoro, sería necesario reorientar fondos mediante una norma específica.
Descentralizar según capacidades
La centralización temporal responde a una emergencia, pero también pone en evidencia un problema de diseño. Transferir funciones sin capacidades ni rendición de cuentas traslada la responsabilidad sin garantizar resultados, y el costo de un desastre lo paga la población.
Una reforma de fondo tendría que transferir funciones según capacidades verificables, con estándares mínimos de planificación y contratación, apoyo técnico sostenido y la posibilidad de que el nivel nacional intervenga cuando no se cumplan dichos estándares. La prioridad inmediata es reducir los daños del FEN, pero la experiencia de esta temporada también debería servir para corregir las debilidades de la descentralización. Lo que se invierta ahora en prevención costará menos que la emergencia y la reconstrucción posteriores.


