La última vez que Texas eligió a un senador demócrata, él todavía no había nacido. Treinta y ocho años más tarde, la noche del último martes, James Talarico le dio a su partido una victoria para los libros de historia. Pero no fue solo en Texas donde los demócratas obtuvieron resultados extraordinarios contra los republicanos. Al amanecer del pasado miércoles 4, el mapa del poder en Estados Unidos había dado un giro de primer orden: la oposición pasó a controlar ambas cámaras legislativas, la de Representantes y el Senado, y lo hará durante los dos años que le quedan a Donald Trump en el poder. La situación para la Casa Blanca difícilmente podría haberse complicado más. A problemas ya de por sí difíciles de resolver, como la guerra en Irán y sus consecuencias sobre el precio de la energía en todo el mundo, ahora se suma la parálisis en el ejercicio del poder. Claro que el cambio no se limitará únicamente a la guerra en Irán, o a las leyes que aprueben las cámaras controladas por los demócratas. En casi dos años, la Administración Trump ha acumulado graves denuncias de corrupción que señalan a varios de sus principales asesores. Es probable, en consecuencia, que desde enero próximo las comisiones de ambas cámaras los citen a declarar para que expliquen los motivos y el fundamento de cada una de sus decisiones. Dicho de otro modo, el Ejecutivo norteamericano no solo quedará paralizado: es muy probable que la Casa Blanca dedique los dos años que le quedan a defender su gestión pasada, en lugar de gobernar. La paradoja es que Trump tampoco logró mejorar la vida de los norteamericanos cuando tuvo ambas cámaras a su disposición. Preso de lobbies y de círculos de influencia millonarios, parece haber sido incapaz de cumplir las ambiciosas promesas con las que llegó a la Casa Blanca. Sin embargo, detenerse en las razones de ese fracaso dejaría sin examinar el problema de fondo: la parálisis de un modelo político que permite conquistar el poder, pero ofrece cada vez menos margen para ejercerlo.
Esta parálisis no pareciera ser una excepción propia de Estados Unidos. Las democracias de Occidente se han polarizado a tal punto que el poder apenas se ejerce, se interrumpe casi siempre y cambia de manos a la menor elección, sin que ningún gobierno alcance a ejecutar las medidas necesarias para salvaguardar el futuro de la gente. Algunos Estados rozan ya el carácter de ingobernables. En Francia, una Asamblea dividida desde el 2024 ha visto caer uno tras otro a los primeros ministros que intentaron ordenar las cuentas del Estado. En el Reino Unido, ni siquiera la victoria aplastante de los laboristas bastó para sostener a Keir Starmer, quien tuvo que dimitir apenas dos años después. Alemania, durante décadas sinónimo de estabilidad, vio romperse su coalición de gobierno en el 2024. Friedrich Merz necesitó después dos votaciones para ser investido canciller -algo inédito en la República Federal- y hoy tiene sus reformas bloqueadas en el Parlamento. Italia acumula 68 gobiernos desde 1946, y su primera ministra ha admitido que el problema está en el sistema de representación política, no en los gobernantes ni en los votantes. España volverá a las urnas el 29 de noviembre a raíz de unos decretos sobre el acceso a la vivienda. La lista podría extenderse por toda Europa.
Ahora bien, acaso el entrampamiento parlamentario sea el síntoma fundamental de una enfermedad todavía más antigua, cuyas consecuencias dolorosas empiezan a ser visibles en todas partes. La ecuación es sencilla: si las normas no pueden aprobarse, los problemas quedan sin resolver. Un enfermo no mejora porque sus médicos discutan durante años el tratamiento que nunca llegan a administrarle. No sorprende, entonces, que los males continúen extendiéndose. En el Reino Unido, los salarios llevan casi dos décadas estancados; en Italia, el poder adquisitivo es casi un 10% inferior al de hace 15 años. Francia lleva medio siglo sin aprobar un presupuesto equilibrado, y en España apenas uno de cada siete jóvenes logra independizarse. Alemania, tras dos años de recesión, perdió más de 200.000 empleos en el último año. Sus fabricantes de automóviles y sus proveedores acumulan, además, planes para recortar 225.000 puestos de aquí al 2035. Claro que, en todas las capitales, los legisladores vienen debatiendo estos problemas de manera interminable y profunda desde hace al menos un par de décadas, o incluso más. Lo sorprendente es que a la fecha las soluciones sigan sin aplicarse. Bien mirado, la explicación parece sencilla: conforme empeora la crisis, nadie está dispuesto a arriesgar el empleo, y mucho menos quienes viven de la política. ¿Cómo, si no, podrían aplicarse remedios que darán frutos en una década o más, si lo que un gobernante necesita para sobrevivir se mide en el calendario electoral del año próximo? Resulta primordial reconocerlo: Occidente no se ha empobrecido en una crisis. Se ha empobrecido a ritmo de elecciones, cada dos años.
A estas alturas nadie discute la crisis que paraliza a Occidente ni la rapidez con que se deterioran las perspectivas de sus mayorías arrinconadas. El tiempo amenaza con agravar una situación que los gobiernos parecen incapaces de resolver. Esas coaliciones precarias se enfrentan todavía a un mundo más simple y seguro que el que emerge ante nuestros ojos, cargado de riesgos de una magnitud desconocida. Las amenazas que plantea la inteligencia artificial ofrecen un ejemplo de lo que está por venir. Naciones Unidas ha advertido que la tecnología avanza ya más deprisa que la capacidad humana para comprenderla. Sus propios creadores dan las señales de alarma. Hace menos de dos años, un premio Nobel de Física estimó entre un 10% y un 20% la probabilidad de que la inteligencia artificial extinga a la especie humana en las próximas tres décadas. La advertencia no parece aislada: ya en el 2023, más de 350 especialistas firmaron una declaración que reclamaba para ese riesgo la misma prioridad que para las pandemias o la guerra nuclear. El informe internacional sobre seguridad de la inteligencia artificial de este año, elaborado por más de cien expertos, va todavía más lejos. Constata que los modelos actuales ya distinguen cuándo están siendo evaluados y cuándo actúan en el mundo real, y advierte que podrían recurrir al engaño para eludir la supervisión de los científicos. Alerta, además, sobre su uso indebido con fines biológicos y documenta su empleo en ciberataques con riesgos mortales. La amenaza para el empleo es más silenciosa, aunque no menos grave: según el Fondo Monetario Internacional, esta tecnología comprometerá el 60% de los puestos de trabajo de las economías avanzadas. Resulta por demás evidente que responder a desafíos de esta escala exige medidas sofisticadas y un esfuerzo sostenido durante décadas, como el que el mundo necesitó para hacer frente a la proliferación del arma atómica. La pregunta se impone por sí sola: ¿estarán unas democracias paralizadas, inmersas en discusiones tan largas como vacuas e incapaces de aprobar siquiera un presupuesto, a la altura de este desafío existencial?
Responderla exige recordar un antiguo principio: no conviene hacer de la «verdad» una autoridad, sino de la «búsqueda de la verdad» la única autoridad. Aplicado a la concepción de nuestras democracias, ese principio debería recordarnos que los modelos políticos responden a exigencias de tiempos históricos acotados. La democracia burguesa nació así de la Revolución Francesa, cuando la burguesía y un pueblo empobrecido se liberaron a sangre y fuego de una monarquía absoluta que cerraba el paso a la movilidad social y al progreso. ¿Podría alguien afirmar que esas condiciones sobreviven hoy? ¿Hay en alguna ciudad europea o norteamericana un monarca absoluto que aplaste las libertades fundamentales de sus habitantes? Por el contrario, el peligro de este siglo en Occidente no parecieran ser un rey o nobleza opresoras, sino la falta de autoridad que deja a la población desprotegida, y no solo frente a los elementos violentos y criminales de la propia sociedad, sino también frente a amenazas que en el futuro serán todavía más dañinas. La solución a esos problemas exige, por tanto, que el poder disponga de los medios y del tiempo necesarios para actuar. Esa necesidad resulta aún más apremiante ante unas crisis que podrían poner a prueba la capacidad de cada modelo político para proteger a su población. China permite examinar lo que décadas de continuidad política han hecho posible frente a lo que Occidente pierde con su inestabilidad. Desde 1978 sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas, un fenómeno que el Banco Mundial ha calificado de incomparable en la historia. Décadas de estabilidad le han dado a Beijing, además, la infraestructura eléctrica que exigirá en el futuro la inteligencia artificial: hoy produce más del doble de electricidad que Estados Unidos –ventaja que probablemente se amplíe, ahora que los demócratas, a punto de tomar el control de ambas cámaras, preparan una avalancha de leyes para controlar esta tecnología. La misma proyección a largo plazo ha alumbrado una industria tecnológica y automovilística que ya supera a la europea. China fabrica tres de cada cuatro autos eléctricos del mundo y se convirtió en el mayor exportador de vehículos, por delante de Alemania y Japón. En el comercio, su expansión es igual de notable: sus intercambios con África batieron un récord de 348.000 millones de dólares, y con Brasil, la mayor economía sudamericana, ya duplican los de Estados Unidos. El modelo chino arrastra, sin duda, problemas como el autoritarismo y la corrupción. El país sufre además una prolongada crisis inmobiliaria que debilita el consumo mientras las deudas restringen la capacidad de gasto de sus gobiernos locales. Pero también es cierto que sus aciertos no han sido fruto del azar, sino de la seguridad que su sistema promueve, algo impensable en el Occidente esclavizado por la perpetua pelea política.
La historia, sin embargo, seguirá su curso implacable, ajena a nuestras simpatías intelectuales, a nuestras ilusiones y convicciones ideológicas. Hasta hoy, los grandes modelos políticos de Occidente solo han cambiado al precio de hecatombes sangrientas. La Revolución Francesa recurrió al frenesí de las guillotinas para derribar el Antiguo Régimen; la rusa nació de las montañas de muertos que dejó la Primera Guerra Mundial. Incluso el orden internacional que hoy se resquebraja, y que preservó durante más de medio siglo la paz entre las grandes potencias, se levantó sobre los millones de muertos de la guerra contra Hitler. El esfuerzo intelectual de las universidades y los centros de estudios debería contribuir a romper esa secuencia: reformar la democracia liberal para dotar a sus Ejecutivos de más y mejores herramientas, al menos en materia de seguridad y protección de las personas, y de periodos de estabilidad lo bastante largos para llevar sus reformas a término. Siempre he considerado, por ejemplo, que merece estudiarse a fondo el Segundo Imperio francés, entre 1852 y 1870, con su Ejecutivo fuerte empeñado en modernizar el país y mejorar la vida de las grandes mayorías. Pero quizá incluso este ejercicio sea demasiado para un Occidente que sigue preso de sus traumas de los años treinta. Es probable, entonces, que solo la catástrofe que todos anuncian, con los cientos de miles de muertos que podría dejar, permita resolver el problema de fondo: la inestabilidad inherente a las democracias occidentales, cuya clase política responde a incentivos irreconciliables con las soluciones de largo plazo que esas mismas sociedades necesitan. Esta vez, sin embargo, las señales de alarma preceden a la catástrofe y llevan incluso la firma de quienes están desarrollando la tecnología que podría desencadenarla. Queda por saber si Occidente sabrá escucharlas o si, como en 1789, 1917 y 1945, necesitará de nuevo una hecatombe para empezar a pensar.
