La presidenta Keiko Fujimori presentó finalmente al Congreso la propuesta del Gobierno para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), a puertas del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), previsto para fines de diciembre.
Tras ello, el trámite quedó en manos del Congreso, donde el primer filtro será la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú (JP), bancada afín a los mineros informales.
La proposición legislativa del Ejecutivo está acompañada, además de su exposición de motivos, del acta de la sesión del Consejo de Ministros del pasado 13 de octubre, en la que se aprobó con cargo a redacción y se dispuso su envío “con carácter de urgencia” al Congreso. En ese interín hasta su presentación oficial, se realizaron algunos ajustes.
Tal como adelantó El Comercio, la fórmula que proviene del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a cargo del ministro Guillermo Shinno, propone dos regímenes para el sector. El ordinario, de carácter permanente, y otro denominado de “consolidación”, que sería, según la propuesta, “excepcional” tras la “conclusión” del periodo del Reinfo.
Este último sería exclusivo para quienes tengan una inscripción en el Reinfo, ya sea vigente o suspendida, y tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2028; es decir, por un año y medio adicional. Durante ese plazo, tendrían que completar los requisitos pendientes para incorporarse al régimen ordinario y, de ese modo, culminar su proceso de formalización.
Es importante precisar que, en un inicio, el Minem había planteado públicamente que el régimen de consolidación se extendiera hasta diciembre de 2028. Sin embargo, en la propuesta final aprobada por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso, el plazo se redujo en seis meses.
Ahora bien. También se plantea la creación del denominado Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Minem.
Este organismo sería clave, pues tendría competencias en ambos regímenes y estaría a cargo, entre otras funciones, de otorgar la acreditación de productor minero, definir los instrumentos de gestión ambiental, resolver las solicitudes de autorización para el inicio de operaciones y ejercer potestades sancionadoras y de ejecución coactiva.
La propuesta normativa también autoriza al Banco de la Nación a abrir cuentas para quienes se encuentren tanto en el régimen ordinario como en el de consolidación. Además, a través de una disposición complementaria transitoria, se plantea que, durante un plazo de cinco años, las acciones de supervisión, fiscalización y sanción de las plantas de beneficio que superen la capacidad autorizada sean ejercidas por el OEFA, Osinergmin y Sunafil, cada uno dentro de sus respectivas competencias.
A juicio de César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, con la fórmula planteada todos aquellos que estén inscritos en el Reinfo pasarían al nuevo régimen, lo que, en la práctica, les otorgaría un año y medio adicional de plazo “con otro nombre”.
“Es cambiarle el nombre al Reinfo y ponerle otro nombre: régimen de consolidación. Porque en la práctica todos los mineros que están en el Reinfo son todos los mineros que pasan a ese régimen de consolidación”, explicó Ipenza.
Respecto al FORMAPE, sostuvo que la creación de un organismo implicaría un periodo de implementación para desarrollar todos sus instrumentos, así como su logística e infraestructura, lo que demandaría tiempo y difícilmente podría concretarse en dos años. Además, cuestionó que se pretenda otorgar al Banco de la Nación un rol de este tipo cuando, hoy en día, no se tiene certeza ni garantía de que el oro que se comercializa sea legal.
“¿Cómo pedirle que apertura cuentas a mineros sin tener la certeza de que su oro o su principal fuente de ingresos es de origen legal? Podríamos correr el riesgo de que el Banco de la Nación, que es el banco de todos los peruanos, termine convirtiéndose en un banco donde se lave dinero de origen ilegal”, expresó.
El especialista consideró que, en el Congreso, se deberán escuchar todas las voces y propiciar un debate técnico. “Porque si vamos a seguir con las políticas y las prácticas del Congreso anterior, simplemente vamos a seguir discutiendo una iniciativa que no resuelve el problema de ninguna manera y que más bien genera rechazo en la sociedad por lo que representa la minería ilegal en nuestro país”, aseveró.
Como mencionamos, la propuesta deberá pasar, en primera instancia, por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Este grupo de trabajo es presidido por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, bancada que ha abierto sus puertas a los mineros informales en el Congreso y mantiene una agenda a favor de este sector.
