El Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), mediante dos decretos supremos publicados este domingo 15 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
En el caso del Minjusdh, la medida dispone un periodo de 120 días calendario para “evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector, así como proponer acciones orientadas a optimizar sus procesos y fortalecer sus capacidades institucionales”.
La evaluación estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ministerio. El diagnóstico deberá identificar posibles duplicidades, superposiciones o vacíos de competencias, además de revisar aspectos como el planeamiento estratégico, el presupuesto, la inversión pública, la gestión por procesos, la integridad pública y los mecanismos de coordinación interna e interinstitucional.
El decreto precisa que la reorganización comprende únicamente al Minjusdh y no se extiende a la organización interna de los organismos públicos adscritos al sector. Sin embargo, el diagnóstico sí podrá evaluar las funciones de rectoría, conducción y supervisión que ejerce el ministerio sobre dichas entidades.
Reorganización del OECE
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró en reorganización el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
La disposición establece un plazo de hasta 90 días calendario para evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del organismo, así como formular medidas de reforma y mejora. El proceso incluye la elaboración de un diagnóstico, que deberá presentarse en un plazo de hasta 45 días calendario, y un plan de trabajo con el cronograma de implementación de las medidas propuestas.
Según los considerandos de la norma, la decisión responde a limitaciones y debilidades identificadas en el funcionamiento y operatividad de la entidad, que podrían afectar la prestación de servicios vinculados con la asistencia técnica, la orientación, la certificación de responsables de contrataciones públicas, la gestión de registros y la supervisión del cumplimiento de la normativa.
El OECE también tiene entre sus funciones la supervisión de las contrataciones públicas y el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.


