El Poder Ejecutivo aprobó una operación de endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos por un monto de hasta S/ 5,700 millones para financiar el segundo tramo de un proyecto de inversión para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La medida legal se oficializó a través del Decreto Supremo N° 262-2026-EF, publicado el 20 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
La ejecución de este proyecto de inversión pública queda bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa a través de la FAP en calidad de unidad ejecutora. La propuesta de inversión se encuentra aprobada, activa y registrada dentro del Programa Multianual de Inversiones del Sector Defensa, cumpliendo con ocho criterios de priorización sectorial.
La Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas asumirá el rol de estructurador y unidad responsable de la emisión de estos bonos soberanos en soles. Las condiciones establecidas contemplan el pago de cupón semestral sobre base 30/360 días y la colocación mediante subastas bajo el Programa de Creadores de Mercado. Asimismo, la amortización del principal se efectuará al vencimiento o de forma amortizable a través de CAVALI S.A. ICLV y los valores estarán listados en la Bolsa de Valores de Lima.
La operación crediticia se efectúa con cargo al monto asignado para la defensa nacional dentro de la Ley N° 32515 de Endeudamiento del Sector Público. Este financiamiento forma parte de un límite reasignado de S/ 23,515 millones para operaciones de endeudamiento interno al amparo del Decreto Legislativo N° 1437.
La Contraloría General de la República emitió un informe previo sobre las condiciones de la operación financiera antes de su aprobación por parte del Gobierno. El expediente contó con la evaluación técnica favorable de la Dirección General del Tesoro Público, la opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MEF y el voto del Consejo de Ministros.
El servicio de amortización, intereses, comisiones y gastos generados por la deuda será asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el presupuesto de la deuda pública. La Directora General del Tesoro Público cuenta con la autorización para suscribir los contratos correspondientes, en un decreto respaldado por el Gabinete Ministerial.


