Hay una escena de la serie de Netflix “Designated Survivor” que resulta sugerente para entender el momento político que atraviesa Keiko Fujimori en el Perú.
En la serie, Tom Kirkman llega inesperadamente a la presidencia de Estados Unidos. No era el hombre que el establishment de Washington esperaba ver en la Casa Blanca. Todos dudaban de él. Tenía el cargo, pero no tenía la percepción de autoridad. Pero lo interesante de la serie es cómo Kirkman enfrenta esa situación. No intenta convencer a todos de que es fuerte. Empieza a gobernar. Toma decisiones, las explica, asume sus consecuencias y, sobre todo, consigue resultados. Poco a poco, la percepción cambia porque la realidad empieza a hablar por él.
Existe hoy una narrativa forzada que intenta pasar a la presidenta Keiko Fujimori de “autoritaria” (pronosticada erradamente por Steven Levitsky y sus epígonos) a asociarla como una “blanda” Dina Boluarte II. No hace falta entrar en una discusión interminable sobre esa comparación. Una narrativa política se combate mejor cuando deja de ser necesaria para explicar la realidad. Y aquí está el desafío: Keiko Fujimori necesita que los peruanos comiencen a reconocer su propia experiencia de gobierno antes de que otros sigan ensayando definirla en su lugar.
Mientras el Congreso debate el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo (el último jueves, la Comisión de Constitución aprobó un texto “de consenso” que solo da facultades al gobierno en seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, dos de las ocho materias que había solicitado), al gobierno se le podría abrir una oportunidad que puede ser aprovechada más que la propia votación: puede lamentarse de que el Congreso “no lo deje gobernar” o puede hacer algo más sencillo y poderoso: seguir gobernando. Si finalmente se produce el archivo en el pleno de la Cámara de Diputados o el Senado, la cuestión política más importante no será solamente quién ganó la batalla parlamentaria. Será qué hará la presidenta al día siguiente.
La respuesta más productiva para el gobierno no sería convertir al Congreso en el protagonista de su comunicación política ni instalar una permanente narrativa de obstrucción. Tampoco consistiría en entrar en una discusión interminable sobre si Keiko Fujimori es o no una Dina Boluarte II. Consistiría en mostrar, con mayor nitidez, qué puede hacer el Ejecutivo con las facultades que ya posee.
Eso es especialmente relevante porque la percepción pública está moviéndose rápidamente. La aprobación presidencial registrada por Ipsos pasó de 57% en agosto a 42% en setiembre, mientras la desaprobación subió de 25% a 48%.
Por eso, la batalla decisiva no parece ser contra una caricatura que teje la oposición, sino en pro de la construcción de una identidad presidencial propia. Keiko Fujimori no necesita demostrar que es Alberto Fujimori. Tampoco necesita demostrar que no es Dina Boluarte. Necesita que, con el paso de los meses, esas comparaciones expliquen cada vez menos la realidad. En política, finalmente, el relato más poderoso suele ser aquel que la ciudadanía puede comprobar.