Emprender forma parte de la vida de muchas familias peruanas. Detrás de cada negocio hay esfuerzo, creatividad y una aspiración de progreso que merece encontrar oportunidades para desarrollarse. Las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones en enero tienen una responsabilidad frente a esa aspiración: contribuir a que más emprendimientos puedan consolidarse, innovar y generar empleo de calidad.
Según el Global Entrepreneurship Monitor, en 2025, aproximadamente una de cada ocho personas entre 18 y 64 años participaba en la creación o gestión de un negocio en etapa temprana. Sin embargo, la voluntad y el esfuerzo individual para emprender no son suficientes. Las empresas necesitan desarrollar capacidades y acceder a recursos clave para crecer.
En el país, existen programas públicos, universidades, incubadoras, empresas e inversionistas que ofrecen recursos y contribuyen al desarrollo de esas capacidades. El problema surge cuando sus esfuerzos se desarrollan de manera dispersa y desconectada. Es importante consolidar una conducción territorial que reúna a los actores alrededor de objetivos compartidos y permita sostener sus compromisos.
La desarticulación del ecosistema de emprendimiento tiene consecuencias para los emprendedores. Quien recibe capacitación puede no encontrar la asistencia tecnológica que necesita. Una empresa puede mejorar su producto y seguir sin acceso a compradores. Asimismo, el conocimiento generado por una universidad puede quedar desvinculado de los problemas empresariales. Así, el apoyo pierde efectividad cuando no tiene continuidad entre las etapas del emprendimiento.
El financiamiento merece especial atención. Una empresa puede identificar una oportunidad de crecimiento y carecer del capital para aprovecharla. La colaboración entre programas públicos, organizaciones de apoyo e inversionistas puede mejorar los proyectos y facilitar el acceso a financiamiento adecuado a cada etapa del negocio.
A estas dificultades, se suman las diferencias productivas, geográficas e institucionales del país. La agroindustria, el turismo y los servicios tecnológicos requieren distintas formas de acompañamiento. También varían las capacidades de los gobiernos y la presencia de organizaciones de apoyo. Dentro de una región, la concentración de servicios en la capital puede limitar las oportunidades de quienes emprenden en otras provincias y distritos. En este contexto, una política pública puede mejorar la coordinación de los actores del ecosistema de emprendimiento. La gobernanza multinivel permite acordar responsabilidades entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, definiendo cómo establecen prioridades, ejecutan acciones y responden por sus resultados.
Produce aprobó un marco orientador para la gobernanza de ecosistemas regionales de innovación e instaló una Comisión Intergubernamental en materia de mype e industria. Para complementar estos avances, proponemos en Agenda 2026, iniciativa de la Universidad del Pacífico, una política organizada en tres ejes.
El primer eje es fortalece la coordinación entre gobiernos. El Gobierno Regional debe conducir la articulación del territorio, convocar a los actores públicos y privados y acordar prioridades según las oportunidades productivas de la región. El Gobierno Nacional aportaría programas, financiamiento y asistencia técnica, mientras las municipalidades identificarían barreras locales y facilitarían el acceso de los emprendedores a los servicios disponibles.
El segundo eje propone adaptar y conectar programas, fondos y servicios. Esto permitiría evitar duplicidades y ajustar el acompañamiento a las condiciones regionales. Los gobiernos regionales podrían proponer cambios cuando los requisitos de los programas nacionales dificulten el acceso de emprendimientos con potencial.
El tercer eje fortalece las capacidades de los gobiernos y las organizaciones que acompañan a los emprendimientos. Se necesitan equipos preparados y una colaboración sostenida con universidades, empresas y entidades financieras para ofrecer mejores servicios, facilitar soluciones tecnológicas y conectar a los emprendimientos con fuentes de financiamiento y compradores.
La implementación de esta política puede comenzar en tres a cinco regiones piloto, seleccionadas con criterios públicos que consideren sus oportunidades, brechas y capacidades institucionales. El apoyo se concentraría en emprendimientos y empresas nuevas o jóvenes con potencial de innovación y crecimiento. Los resultados del primer año permitirían evaluar mejoras en el acceso a servicios y mercados y determinar si corresponde ampliar la intervención.
Los próximos gobernadores y alcaldes tienen la oportunidad de impulsar esta colaboración desde el inicio de su gestión. Una gobernanza multinivel efectiva puede contribuir a que las oportunidades productivas de cada territorio se aprovechen con los recursos y las capacidades necesarios. Su valor se reconocerá en empresas que puedan crecer, empleos de mayor calidad y oportunidades que lleguen también a las provincias y distritos menos atendidos.
