Al menos 15 regiones del Perú deberán definir a sus nuevos gobernadores y alcaldes en una segunda vuelta electoral este 2026. Y de ese grupo, algunos tendrán en sus manos la tarea de promover grandes obras de inversión privada en sus jurisdicciones.
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Los proyectos en manos de gobiernos regionales y municipalidades
Del grupo de iniciativas se puede observar que están distribuidas en cinco sectores: Irrigación, Salud, Teleféricos, Inmuebles Comerciales; e Inmuebles industriales y logísticos, reflejando una ligera diversificación.
Entre las Entidades Públicas Titulares de los Proyectos (EPTP) figuran desde Gobiernos Regionales (Gores), hasta municipalidades provinciales y distritales, algo poco común en APP o PA de esa dimensión.
Todos los Gores en lista aún deben definir a sus futuros gobernadores en una segunda vuelta electoral, según el conteo rápido al 100% de Datum Internacional. Entre ellos resalta el caso de Lambayeque y Loreto, que son las entidades subnacionales que más proyectos de esta clase deberán adjudicar al 2030, con cuatro y tres, respectivamente.
El Gore Lambayeque tiene pendiente entregar a un privado en 2027 la Operación y Mantenimiento (O&M) del Proyecto de Irrigación Olmos, que cayó en sus manos en 2025 luego de que el Estado peruano optara por no renovar la concesión de Novonor (ex Odebrecht), que buscaba extender el acuerdo.
El próximo año también Lambayeque adjudicaría un parque industrial. Luego, se haría una pequeña pausa, hasta 2030, cuando despacharían dos proyectos de hospitales. Precisamente, ese mismo interés comparte Loreto, que promueve tres hospitales al 2028, al igual que el Gore Piura.
Llama la atención el caso de la Municipalidad Provincial de Puno y la Municipalidad Distrital de Independencia, en Áncash. Ambas, a pesar de su escala, adjudicarían una APP y un PA, respectivamente, el próximo año.
Pero, en Puno, la ambición es aún más grande. Por US$ 68 millones, el municipio provincial busca impulsar el Teleférico Cerro Azoguini - Lago Titicaca que, como dice su nombre, buscar mejorar la accesibilidad al cerro y potenciar el atractivo turístico del Titicaca.
Esta será una APP cuyo contrato durara 24 años. El operador deberá construir y operar el sistema de transporte por cable, pero también infraestructura complementaria como espacios culturales, áreas de servicios turísticos y un “atractor turístico” en la cúspide.
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¿Podrán gestionar esos contratos?
Como EPTP, los Gores de Áncash y la Libertad, así como el ya comentado caso de Lambayeque, tendrían que hacerse cargo de proyectos de irrigación para nada pequeños. Aparte del ya indicado caso de Olmos, se proyecta adjudicar Chavimochic III (como O&M, ya que su construcción avanza hoy bajo un acuerdo Gobierno a Gobierno) y Chinecas en 2029.
Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, recordó que el propio Chavimochic III fue una APP antes, pero el contrató se cayó entre escándalos de corrupción que involucraron al concesionario a cargo y demoras en entregas de terrenos. Por ese motivo, sugirió que los Gores y municipalidades sean conscientes de sus limitaciones para gestionar estos proyectos.
“Sobre todo los de irrigación, pero también los hospitales, deberían pasar a ProInversión vía la firma de un convenio. No tienen la capacidad para armar equipos de manejo para APP tan complejas. Para PA de malls o similares sí porque es casi un arrendamiento que les genera ingresos”, explicó.
Giancarlo Villafranqui, socio de Proyectos e Infraestructura de CMS Grau, consideró que por ese motivo sería importante que se establezca algún lineamiento que permita a los Gores y municipalidades ganar experiencia a partir de proyectos que sí puedan llevar adelante.
“No se les pueden quitar los proyectos, pero sí de pronto que empiecen con los menos complejos, los más estandarizados, para luego, vía una capacitación con ProInversión, aprender y finalmente gestionar otras APP de mayor escala”, sugirió.
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¿Una “mala imagen” por la MML?
Ambos abogados apuntaron también que los gobiernos subnacionales gozan de baja credibilidad entre el entorno de inversionistas, especialmente por las “dudas” que despierta su capacidad para respetar los contratos firmados o en ejecución.
“Si le preguntas a un inversionista si quiere participar en un proceso de selección convocado por una municipalidad u otro de ProInversión, prefieren el segundo. Siempre hay un pequeño recelo porque no es el gobierno nacional quien respalda el proyecto”, indicó Villafranqui.
Para el abogado de CMS Grau, al igual que Cárdenas, de Damma Legal Advisors, antecedentes como lo ocurrido con la concesión de Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) han pesado en esa percepción.
“Creo que efectivamente ese caso ha impactado en el clima empresarial, incluso más allá de los gobiernos subnacionales. No recuerdo un caso de una APP grande que haya sido exitosa a ese nivel. Esa imagen le suma una prima de riesgo a los proyectos y los encarece por el peligro de sumar problemas tras firmar el contrato”, señaló Cárdenas.
