La evaluación depende de su conducta y de las obligaciones que le correspondían dentro de la organización.
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Bruno Rojas Marallano, abogado especialista en Derecho Corporativo de Grupo Fuentes, explicó que el riesgo aumenta cuando el ejecutivo tiene funciones de dirección o supervisión y, pese a conocer o poder detectar una irregularidad, no toma medidas para prevenirla o detenerla.
La responsabilidad puede surgir por dolo, negligencia grave o participación en determinadas conductas.
Entre los casos que pueden comprometer al gerente figuran los delitos tributarios y aduaneros, como la simulación de operaciones o el uso de documentación falsa.
También pueden evaluarse incumplimientos de las medidas de seguridad y salud en el trabajo ante accidentes graves o mortales, así como hechos relacionados con corrupción y lavado de activos.
Sin embargo, ocupar la gerencia general no implica responder automáticamente por todas las irregularidades de la compañía.
Según Rojas, debe determinarse si existe una conducta propia del ejecutivo, un incumplimiento de sus deberes o una participación relevante en los hechos investigados.
Si existen elementos que vinculan al gerente con una investigación, su patrimonio personal puede verse comprometido.
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Dependiendo del caso y de la decisión de la autoridad competente, pueden dictarse medidas cautelares sobre sus cuentas y otros bienes, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.
Rojas también señaló que los modelos de prevención de delitos deben responder a los riesgos de cada empresa y funcionar efectivamente.
No basta con tener un documento de compliance: la organización debe poder demostrar qué riesgos identificó, qué controles implementó y cómo actuó ante posibles irregularidades.
