La Fiscalía especializada en derechos humanos y lucha contra el terrorismo solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino, conocido como ‘José’, y Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, por su presunto liderazgo en el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) entre 2002 y 2018. La acusación comprende hechos atribuidos a esta organización en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El requerimiento fiscal también alcanza a otros integrantes de la cúpula de la organización y plantea penas de prisión para tres acusados adicionales. El expediente, que reúne miles de páginas de documentación, incluye hechos ocurridos en distintas regiones del país y contempla una solicitud de reparación civil de S/38,5 millones a favor del Estado peruano.
Fiscalía solicita penas máximas para la cúpula del MPCP
El pedido de cadena perpetua fue presentado por la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, dirigida por el fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza. La misma pena se solicitó para Tarcela Loya, identificada como ‘Olga’; Teodoro Benites, conocido como ‘Dino’; y Eleachin Huamán, alias ‘Julio Pucañahui’, señalados como miembros del Comité Central de la organización.
En el caso de Alexander Alarcón, Joel Chirote y Franklin Tello, el Ministerio Público requirió condenas de entre 25 y 30 años de cárcel por terrorismo agravado. La acusación sostiene que los hermanos Quispe Palomino, quienes anteriormente pertenecieron a Sendero Luminoso, constituyeron el MPCP a comienzos de la década de 2000 en el Vraem. Las penas solicitadas deberán ser evaluadas en el proceso judicial correspondiente.
Expediente reúne 124 hechos y ataques registrados en cinco regiones
La acusación fiscal comprende 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos atribuidos a Sendero Luminoso. Entre los casos consignados figuran la emboscada de 2003 contra una patrulla de comandos del Ejército y la Marina, que dejó siete fallecidos, y el ataque de 2009 a una base de la DINOES en Ayacucho, donde murieron cinco personas, incluidos dos civiles.
El documento también incorpora el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem en 2012 y el derribo de un helicóptero policial ese mismo año, incidente en el que falleció la mayor Nancy Flores Paucar. Además, describe presuntos actos de secuestro y explotación de menores conocidos como ‘pioneritos’, así como su adoctrinamiento e incorporación a grupos combatientes. Los hechos señalados abarcan zonas de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.
