El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que la norma que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la exclusividad de la investigación preliminar genera un conflicto institucional y provoca que las evidencias obtenidas no sirvan para el juicio oral.
Según explicó, la interpretación actual de la ley autoriza a las fuerzas policiales a tomar declaraciones solo en presencia del abogado defensor y sin convocar al fiscal, una práctica que deja sin valor el trabajo realizado al no contar con la participación del Ministerio Público desde el inicio del proceso.
“Ellos ya no convocan al Ministerio Público en una investigación, porque la ley misma les autoriza que pueden tomar la declaración solamente con el abogado y no con el fiscal. Pero esa investigación, ese avance, esas pruebas que puedan acopiarse, esas no sirven para el juicio oral”, manifestó el Fiscal de la Nación vía Exitosa.
Gálvez sostuvo que esta situación ha deteriorado la labor conjunta entre ambas instituciones, recordando que, en el pasado, la acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía demostró ser eficiente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Ante ello, señaló que esa dinámica de trabajo no debió perderse y mencionó que, bajo el esquema de la ley actual, resulta imposible enfrentar la delincuencia.
“Cuando yo he visto la acción conjunta de la Policía y del Ministerio Público contra, por ejemplo, narcotraficantes o en la lucha contra el terrorismo, los niveles de eficiencia han sido extraordinarios. Esa forma de trabajo nunca se debió perder (...) lamentablemente con esa ley no vamos a poder [enfrentar el delito]”.
En ese contexto, el titular del Ministerio Público respaldó la decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que aprobó con 12 votos a favor y 7 en contra el dictamen para anular la Ley N° 32130, norma que otorgó a la PNP el control de las investigaciones iniciales y dejó a la Fiscalía en un rol secundario.
La iniciativa derogatoria contó con el respaldo de bancadas opositoras como Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras, frente al rechazo de sectores oficialistas como Renovación Popular y Fuerza Popular. La decisión final quedará en manos del pleno para su ratificación.
