La Ley 32743 delega al Ejecutivo facultades en seguridad ciudadana y para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño. De sus 27 materias, ninguna modifica la normativa ambiental, pero al menos 14 tendrán efectos sobre el ambiente y la acción climática.
Hay avances valiosos. El fortalecimiento de la resiliencia climática del agro, con alerta temprana y seguros, se alinea con las metas de adaptación de la NDC (plan de acción climática que cada país presenta de forma oficial en el marco del Acuerdo de París). Asimismo, la inclusión de la gestión del riesgo de desastres en obras por impuestos amplía el financiamiento para la prevención; y la persecución penal de toda la cadena de la minería ilegal, incluida la responsabilidad de las empresas, junto con un mayor control de explosivos, puede reducir la deforestación amazónica y la contaminación por mercurio.
En contraste, el bloque de infraestructura merece especial atención. Solo el numeral sobre simplificación de trámites para el Plan Nacional de Infraestructura salvaguarda expresamente las obligaciones ambientales. Las alianzas público privadas, en las que el inversionista podría elaborar los estudios técnicos, la expropiación y el saneamiento de predios, y la disposición de bienes estatales carecen de esa salvaguarda. Existe el riesgo de que tierras con valor ecológico o zonas de amortiguamiento queden expuestas, y que el procedimiento simplificado para las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (Ioarr) de emergencia reconstruya la misma vulnerabilidad, sin analizar el riesgo climático. A ello se suman las soluciones temporales de agua y saneamiento, si es que no se establecen límites al vertimiento.
La delegación de facultades es, en esencia, una agenda de adaptación. Preocupa que la simplificación administrativa general alcance trámites ambientales. Suprimir requisitos o acortar plazos de evaluación agilizaría proyectos, pero debilitaría el control ambiental.
En los próximos días el Ejecutivo empezará a emitir los decretos. Se esperaría que se incorpore una cláusula ambiental transversal que preserve el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y exija el análisis de riesgo climático en toda inversión. A su vez, es labor del Congreso ejercer un control posterior riguroso. Enfrentar El Niño con urgencia no debe significar construir hoy los desastres de mañana.
