La crisis desatada en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de ciudadanos sin acceso a sus ahorros, obligó al presidente Santiago Peña a renunciar al mediodía al máximo cargo del país. Una decisión que fue rechazada horas después por el Congreso, que decidió someterlo a un juicio político por su papel en el escándalo. Mientras tanto, el enojo ciudadano crece en las calles.
Peña se vio acorralado luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el martes 3 un proceso de resolución o cierre de Ueno al detectar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.
La acusación en el Senado contra el presidente apunta a un conflicto de intereses y a mecanismos para favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales. Peña tuvo hasta el 2025 acciones en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno Bank.
Peña enfrenta hoy el proceso de juicio político en su contra. Si es destituido, perderá sus fueros y podrá someterse al proceso judicial. El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, “salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.
En diálogo con El Comercio, Cecilia Colinas, periodista especializada en Política del diario “Última Hora” de Paraguay destaca que la crisis de Ueno Bank ya dejó de ser exclusivamente financiera y pone bajo la lupa el crecimiento patrimonial de Peña durante su trayectoria política y los créditos que recibió de Ueno Bank.
También advierte que el descontento social se vive en las calles desde el martes, con trabajadores y ahorristas de todas las edades movilizándose en medio de la incertidumbre para exigir la destitución del presidente y “reclamar justicia ante lo que consideran un fraude cometido por el banco y las empresas vinculadas”. Señala que la ciudadanía exige respuestas, recuperación de los fondos y, fundamentalmente, que se determinen las responsabilidades.
-¿Se esperaba que Santiago Peña renunciara tras la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank?
El martes 3 de noviembre, todos amanecimos con la sorpresa de que las operaciones de Ueno Bank se congelaron debido a la intervención que inició el Banco Central del Paraguay. A partir de las denuncias que realizaban algunos legisladores de la oposición y la investigación de medios de comunicación se supo del vínculo del presidente Santiago Peña desde que era candidato a presidente. A raíz de las denuncias previas y los efectos inmediatos que tuvo en la economía el cese de operaciones del banco por el perjuicio a los ahorristas y a más de 4.500 trabajadores, la renuncia era un rumor que cobró más fuerza en la noche del miércoles 4 de noviembre y finalmente en la siesta del jueves se hizo efectiva.
-¿Qué tan comprometido está Peña en esta crisis bancaria? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos en su contra?
El historial de irregularidades en esta trama financiera y política es muy largo, pero todo empezó con Credicentro. Esa entidad financiera comenzó operando como la casa de créditos donde Santiago Peña poseía acciones por valor de 6.144 guaraníes millones (un poco más de un millón de dólares, según el cambio). Luego de un proceso de transformación, cambió su denominación a Ueno Holding y evolucionó hasta convertirse en Ueno Bank en noviembre del 2023. Si bien se informó que Santiago Peña salió de la composición accionaria, su hermano Francisco Peña Palacios hermano, aparecía como parte de la offshore U Holdings S.à r.l., constituida el 29 de setiembre del 2023 en Luxemburgo. La firma era accionista de Paraguay SA, segunda mayor participante del banco intervenido.
Uno de los cuestionamientos más delicados tiene que ver con los fondos previsionales del IPS, que habrían sido colocados en Ueno Bank superando el límite legal de concentración por emisor, con una supuesta intervención de asesores de la Presidencia. Asimismo, Peña puso como presidente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo Spalding, quien se desempeñó como presidente de Ueno entre el 2021 y el 2023.
También se cuestionan créditos por G. 743.784 millones a empresas vinculadas, que habrían superado los límites legales, y un supuesto encubrimiento de esas operaciones desde el Banco Central.
Por último, el escándalo pone bajo la lupa el crecimiento patrimonial de Peña durante su trayectoria política y los créditos que recibió de Ueno Bank, cuyas cuotas mensuales habrían superado ampliamente su salario presidencial. Son elementos que alimentan los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la relación entre el poder político y el grupo empresarial.
-El Congreso aprobó un juicio político a Peña pese a su renuncia. ¿Qué se espera de este proceso y qué escenarios se abren para el presidente?
La renuncia llegó en medio de las deliberaciones en la sesión donde se estudiaba el juicio político y los legisladores decidieron seguir adelante. En la tarde, el presidente del Congreso decidió convocar a una sesión conjunta de diputados y senadores, como establece el mecanismo para aceptar o rechazar la renuncia. Los diputados colorados oficialistas abandonaron la sesión en plena votación porque no alcanzaban la cantidad mínima para aceptar la renuncia, y de esa forma no se pudo concluir el tratamiento de la renuncia de Santiago Peña. Por lo tanto, Basilio Núñez decidió convocar una sesión para iniciar el juicio político a Santiago Peña. El juicio político continuará este viernes con la acusación y la presentación de Peña y su defensa.
-El siguiente en la línea de sucesión es el vicepresidente Pedro Alliana, que es el llamado a completar el mandato presidencial hasta agosto del 2028. ¿Cómo queda el panorama político en adelante?
Una vez que se concrete la salida de Peña, Pedro Alliana asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo. El panorama político que se abre, a priori, apunta a un resurgimiento del cartismo, un sector identificado con el empresario, ex presidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, quien fue el promotor de la chapa que llevó a Santiago Peña y Pedro Alliana al poder. El peñismo había comenzado a tomar forma, cuando Peña y Alliana tomaron distancia y con ellos lograron la incorporación de prácticamente todos los referentes del cartismo (gobernadores, intendentes, diputados y senadores). Alliana era el candidato a presidente y la disputa interna se daba por la complementación de esa chapa. Sin embargo, ese proceso quedó abruptamente golpeado en menos de un mes por la crisis de Ueno Bank, que terminó arrastrando al Gobierno y precipitando la salida de Peña. Por otro lado se genera una oportunidad para la oposición, que tiene el desafío de capitalizar una crisis que ya no es exclusivamente bancaria, sino también política e institucional, y presentarse como una alternativa frente a la reorganización del poder dentro del Partido Colorado.
-Muchos ciudadanos ven el colapso de Ueno Bank como una prueba de la corrupción estatal y se han lanzado a protestar. ¿Se espera que esto provoque una ola de descontento social?
El descontento social ya se manifestó en las calles. Desde el martes, trabajadores y ahorristas de todas las edades vienen movilizándose para exigir la destitución de Santiago Peña y reclamar justicia ante lo que consideran un fraude cometido por el banco y las empresas vinculadas. También exigen la devolución de los fondos públicos que terminaron formando parte del capital de Ueno Bank. Si bien el Banco Central comenzó a devolver sus depósitos a los pequeños ahorristas, todavía existe incertidumbre sobre la posibilidad de que el IPS y el Ministerio de Economía puedan recuperar la totalidad de los recursos comprometidos.
Es decir, la crisis no se resuelve únicamente con la devolución de los ahorros particulares: también está en juego la recuperación del dinero público. A esto se suma el impacto laboral. Más de 4.500 trabajadores pasarán a engrosar las filas de desempleados en medio de un escenario de incertidumbre económica.
Por lo tanto, estamos ante una crisis que ya dejó de ser exclusivamente bancaria, financiera y política. Tiene una dimensión social y económica que seguirá vigente incluso después de la salida de Peña. La ciudadanía exige respuestas, recuperación de los fondos y, fundamentalmente, que se determinen las responsabilidades de quienes permitieron que se llegara a esta situación.
