¿Podría faltar combustible en los grifos o su precio podría subir aún más por los efectos del fenómeno de El Niño? El Gobierno busca evitar con la declaratoria de emergencia del abastecimiento nacional de combustibles por un plazo de hasta ocho meses.
A través de la Resolución Ministerial N.° 490-2026-MINEM/DM, el Ministerio de Energía y Minas encargó a Osinergmin adoptar medidas transitorias para mantener el suministro, entre ellas, evaluar excepciones a determinados requisitos de comercialización y seguridad, así como alternativas técnicas ante posibles contingencias.
Pero, ¿qué tan grave es el escenario y qué significa esta declaratoria para los consumidores? Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, considera que se trata de una medida preventiva adecuada. Advierte, sin embargo, que su efectividad dependerá de la capacidad del regulador para anticiparse a las interrupciones: de lo contrario, una sensación de escasez podría terminar trasladándose a los precios y golpeando el bolsillo de los peruanos.
-¿Qué tan grave es que el Gobierno declare en emergencia el abastecimiento nacional de combustibles por ocho meses ante el fenómeno de El Niño?
Es grave si no se toman medidas preventivas. Considero que lo que ha hecho el Gobierno es correcto, adoptar una medida anticipada y darle facultades a Osinergmin para que pueda actuar frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Toda la cadena de hidrocarburos depende de la logística y del transporte, ya sea terrestre, fluvial o marítimo. El fenómeno puede provocar el cierre de una carretera, oleajes anómalos que impidan la descarga de combustibles o problemas en los ríos. Si esperamos a que ocurran estas situaciones para recién tomar medidas, ahí sí podríamos enfrentar un problema serio. Por eso es importante que Osinergmin pueda monitorear el mercado y anticiparse a las contingencias. La clave es actuar antes de que se paralice la cadena de suministro.
-¿Qué cambia concretamente con las facultades que se le otorgan a Osinergmin?
Hay muchos mecanismos de control en el traslado de combustibles. Por ejemplo, cuando un camión cisterna sale de una planta hacia un grifo o un consumidor directo, tiene una ruta y tiempos de circulación establecidos. Si se exceden, puede recibir una sanción. Además, tanto el tracto como la cisterna deben estar autorizados. La norma le permite a Osinergmin identificar qué disposiciones deben flexibilizarse y aprobar medidas alternativas, siempre bajo condiciones técnicas de seguridad. El reto es hacerlo rápidamente y antes de que se produzca la interrupción. Si las empresas sienten que serán sancionadas por realizar una operación que no está contemplada en la norma, pueden optar por no hacerla. Eso podría generar un problema en toda la cadena.
- ¿La declaratoria de emergencia significa que los consumidores podrían llegar a un grifo y no encontrar combustible?
No necesariamente. Lo que la norma reconoce es que el fenómeno de El Niño puede afectar la cadena de suministro y dificultar que el combustible llegue a determinados puntos. Pero, precisamente, las medidas preventivas buscan evitar que eso ocurra. Por ejemplo, se deben identificar rutas alternas. Quizá sean más largas, pero permitirán que el producto llegue. También hay que revisar las existencias disponibles y establecer mecanismos para redistribuirlas cuando sea necesario. Hay una tarea operativa que Osinergmin debe asumir: monitorear permanentemente el mercado, identificar si se cierra un puerto o una carretera y coordinar con el Ministerio de Energía y Minas y los agentes de la cadena para tomar decisiones. Incluso considero que debería funcionar una especie de centro de control que supervise las actividades de hidrocarburos las 24 horas del día.
- ¿Qué otras medidas deberían acompañar esta declaratoria de emergencia?
Hay dos aspectos que deberían complementarse. El primero es extender una lógica de prevención a la cadena de gas natural, porque hay regiones que dependen de este suministro. Si ocurre un desastre y se interrumpen las vías, también podría verse afectado el abastecimiento de otros combustibles y del gas natural. El segundo es actualizar la normativa sobre existencias de combustibles. Actualmente, la supervisión está organizada por zonas y eso puede limitar el aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento disponible en el país. Deberíamos revisar ese esquema para permitir una mejor redistribución de los volúmenes de emergencia entre las plantas a nivel nacional. Si tenemos inventarios disponibles, debemos poder utilizarlos donde se necesiten. Eso ayudaría a responder con mayor rapidez ante una contingencia.
-¿De qué manera una interrupción logística puede terminar elevando el precio de los combustibles?
El precio de los combustibles puede subir por dos razones. La primera es el incremento de los precios internacionales, sobre los cuales no tenemos control. La segunda es la sensación de escasez, y esa sí podemos evitarla. Pensemos en un ejemplo: puede haber combustible en un buque, pero si no se puede descargar, el producto no llega rápidamente a los grifos. Aunque el precio internacional no haya subido, si empieza a haber poco combustible disponible en el mercado, se genera una sensación de escasez y los precios pueden aumentar. Por eso, el reto es monitorear el mercado, habilitar las excepciones que correspondan y liberar existencias cuando sea necesario. Si se garantiza que el producto llegue a los puntos de venta, se evita esa percepción de escasez y se reducen las presiones sobre los precios.
-Entonces, ¿la norma no debería afectar el bolsillo de los peruanos?
La norma, por sí misma, no afecta el bolsillo; al contrario, busca protegerlo y asegurar que el suministro continúe. ¿Dónde podría producirse el impacto? Si se implementa mal. Si tenemos un Osinergmin reactivo, que espera a que se cierre una carretera o se produzca una interrupción para recién tomar medidas, se puede generar una sensación de escasez y eso podría elevar los precios, afectando directamente a los consumidores. Pero si Osinergmin monitorea el mercado, coordina con los agentes, identifica rutas alternas y permite utilizar las existencias disponibles antes de que ocurra el problema, no debería haber una afectación al bolsillo del peruano. Si aseguramos el suministro, evitamos la sensación de escasez y, con ello, una presión adicional sobre los precios. Hay que distinguirlo del precio internacional, que responde a otros factores y no podemos controlar.
-¿Considera que la medida se está tomando a tiempo o debió aprobarse antes?
No quisiera calificar el momento, porque es difícil determinar cuál habría sido el día perfecto para aprobarla. Lo importante es que ya tenemos esta herramienta preventiva. Ahora Osinergmin debe sentarse con todos los agentes de la cadena y elaborar planes de contingencia: identificar rutas alternas, coordinar la liberación de existencias y dar facilidades para que los transportistas puedan utilizar otros tractos o unidades cuando sea necesario. No podemos esperar a que ocurra una emergencia para empezar a organizarnos.
-¿Cómo ha respondido Osinergmin en situaciones similares?
Lo ha hecho bien, pero puede hacerlo mejor. Con la experiencia acumulada, podría coordinar con mucha más anticipación con los agentes del sector, tanto de combustibles líquidos como de GLP. Recuerdo que hace tres o cuatro años, cuando el norte tuvo problemas de abastecimiento, algunas plantas de Lima atendieron la demanda de otras zonas. Sin embargo, recibieron sanciones porque, aunque existía una emergencia, esta no había sido declarada formalmente. Eso genera resistencia en las empresas, que pueden pensar: “Si hago algo que no está previsto en la norma, me van a sancionar”, incluso cuando están tratando de atender una necesidad. Esta nueva disposición envía un mensaje importante: en una situación de emergencia, la prioridad debe ser garantizar la continuidad del suministro, sin dejar de cumplir las condiciones de seguridad. Osinergmin debe poner ese objetivo en el centro de su actuación.
- ¿Qué papel debería cumplir el gas natural para reducir la vulnerabilidad energética del país?
Es fundamental. A diferencia de otros combustibles, el gas natural que producimos en el país tiene precios establecidos por contrato, lo que nos da una ventaja frente a la volatilidad de los mercados internacionales. También aporta confiabilidad al suministro eléctrico, porque parte de la generación utiliza este recurso. El reto es lograr que más familias y transportistas lo utilicen. El Ministerio de Energía y Minas puede impulsar proyectos para ampliar su acceso, mientras que Osinergmin debe atender con mayor rapidez las solicitudes para instalar estaciones de gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL). Esto es cíclico: hoy enfrentamos los riesgos asociados al Fenómeno El Niño, mañana podría ser una guerra o un desastre natural. El país seguirá necesitando diésel, gasolina y GLP importados, pero debemos evitar que esa demanda siga creciendo y procurar que una mayor parte de las nuevas necesidades energéticas pueda ser cubie


