El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó el lunes 12 de octubre una revisión exhaustiva de las políticas y prácticas del NYPD sobre el uso de la fuerza, la primera de este alcance en una década, según la Alcaldía. La evaluación se desarrollará durante los próximos meses e incluirá consultas comunitarias para recoger las inquietudes de los residentes. El anuncio aborda una preocupación que toca de cerca a las familias de los cinco distritos, incluidos los hogares hispanohablantes: qué ocurre cuando alguien pide ayuda durante una crisis y cómo garantizar una respuesta policial legal, cuidadosa y limitada a lo necesario. También busca determinar si los agentes cuentan con instrucciones claras y capacitación adecuada para intervenir en situaciones delicadas.
La iniciativa viene acompañada de cinco medidas destinadas a reforzar la supervisión independiente, mejorar el seguimiento de los expedientes disciplinarios y facilitar el acceso a información después de incidentes graves. Entre ellas figura una inversión adicional de US$2.6 millones para la Oficina del Inspector General del Departamento de Policía de Nueva York.
Uno de los antecedentes es la muerte de Win Rozario, un joven de 19 años que recibió disparos de uniformados durante una crisis de salud mental en marzo de 2024. Un efectivo involucrado se retiró antes de enfrentar el juicio disciplinario, circunstancia que puso bajo escrutinio los mecanismos de notificación y seguimiento institucional.
¿QUÉ CONTEMPLA LA REVISIÓN DEL USO DE LA FUERZA DEL NYPD?
El departamento deberá examinar las normas que regulan sus intervenciones y la manera en que se aplican. Mamdani presentó esta evaluación como una oportunidad para comprobar si las directrices vigentes responden a las responsabilidades del cuerpo policial y ofrecen orientación suficiente ante circunstancias complejas.
El análisis incorporará participación comunitaria, por lo que no quedará limitado al ámbito interno. Sin embargo, la Alcaldía todavía no ha explicado cómo organizará las consultas ni qué canales tendrán disponibles los vecinos para presentar sus inquietudes.
La orden tampoco supone una prohibición general del uso de la fuerza ni reemplaza inmediatamente todas las reglas actuales. Por ahora, abre un proceso para identificar posibles ajustes; el comunicado no enumera modificaciones específicas aprobadas como resultado de ese trabajo.
Al defender la iniciativa, Mamdani sostuvo que los neoyorquinos deben confiar en una actuación legal, cuidadosa y restringida a lo indispensable. Vinculó esa responsabilidad con el trato que reciben quienes solicitan ayuda durante una crisis, así como con la preparación de los uniformados encargados de responder.
EL CASO DE WIN ROZARIO QUE PRECEDE A LAS REFORMAS
Win Rozario murió después de que dos policías atendieran una llamada de emergencia en su vivienda de Ozone Park, Queens, en marzo de 2024. Tenía 19 años y atravesaba una crisis de salud mental.
La controversia cobró nueva relevancia cuando se conoció que Salvatore Alongi, uno de los involucrados, se había retirado antes del juicio disciplinario. Su jubilación se hizo efectiva en mayo de 2026, según la información publicada por amNewYork.
El NYPD reconoció que no avisó oportunamente a la Junta de Revisión de Quejas Civiles —Civilian Complaint Review Board o CCRB—, organismo encargado de investigar denuncias de conducta policial indebida. La comisionada Jessica Tisch atribuyó la omisión a un error humano y pidió disculpas.
La falta de aviso impidió que esa entidad tuviera la oportunidad de solicitar más tiempo para avanzar con el procedimiento antes del retiro. Este antecedente explica una prioridad del paquete: fortalecer las comunicaciones para facilitar que los expedientes se resuelvan mientras los acusados todavía pertenecen a la institución.
Las acciones anunciadas buscan cerrar esas fallas de seguimiento. No obstante, su implementación no garantiza que todas las investigaciones pendientes concluyan automáticamente ni establece sanciones anticipadas.
LAS CINCO MEDIDAS QUE ACOMPAÑAN LA REVISIÓN POLICIAL
El paquete combina recursos adicionales, ajustes administrativos y obligaciones legales vigentes. Distinguir esas categorías permite entender qué comenzará a cambiar y cuáles compromisos ya corresponden al departamento.
| Medida | Qué contempla | Situación indicada en el anuncio |
|---|---|---|
| Más supervisión independiente | Añadir US$2.6 millones al presupuesto de la Oficina del Inspector General del NYPD para ampliar su personal. | Financiamiento anunciado por la administración municipal. |
| Mejores notificaciones de jubilación | Facilitar que los procedimientos disciplinarios concluyan antes del retiro de un agente. | El departamento ya implementó un nuevo sistema de avisos. |
| Seguimiento ante posibles contrataciones en otras agencias | Formalizar las comunicaciones a la División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York (DCJS) y remitir antecedentes para procedimientos de descertificación. | Se formalizará una práctica existente. |
| Reportes de muertes con intervención policial | Mantener el envío completo y oportuno de los datos exigidos por la STAT Act a la DCJS. | Es una obligación legal vigente. |
| Información después de incidentes críticos | Estandarizar la comunicación pública y entregar informes finales a las familias afectadas o sus representantes cuando los soliciten. | Se formalizará el procedimiento. |
US$2.6 MILLONES ADICIONALES PARA SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE
La Oficina del Inspector General examina las políticas y prácticas del NYPD desde una instancia independiente. Según la Alcaldía, los fondos permitirán recuperar su máximo histórico de personal y triplicar la plantilla actual, con el propósito de ampliar la capacidad investigadora frente a obstáculos que dificulten la rendición de cuentas.
El comunicado no precisa cuántos empleados integran actualmente ese organismo ni establece un calendario de incorporación. Por ello, la expansión debe entenderse como un resultado previsto del financiamiento, no como una contratación ya concluida.
¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS AGENTES QUE SE RETIREN CON CARGOS PENDIENTES?
El departamento formalizará su práctica de informar a la DCJS cuando un policía se jubile mientras enfrenta cargos disciplinarios. También enviará los antecedentes necesarios para iniciar procedimientos de descertificación cuando corresponda.
La intención es evitar que un efectivo abandone la institución bajo acusaciones graves y consiga empleo en otra agencia del estado sin el escrutinio correspondiente. Ese seguimiento busca impedir que la salida del cuerpo cierre, en la práctica, toda posibilidad de examinar su conducta.
No se trata de una inhabilitación automática. El anuncio contempla notificaciones y entrega de documentación para aplicar los mecanismos pertinentes, pero no establece que cualquier expediente abierto provoque por sí solo la pérdida de la certificación.
¿QUÉ INFORMACIÓN PODRÁN SOLICITAR LAS FAMILIAS?
La administración pretende estandarizar la comunicación después de incidentes críticos, incluidos aquellos que dejan personas fallecidas o gravemente heridas. Entre las acciones figura entregar los informes finales de la División de Investigación del Uso de la Fuerza —Force Investigation Division— a los familiares afectados o sus representantes cuando los pidan.
El alcance merece una precisión: se refiere a las conclusiones de esa unidad, no a una promesa de acceso inmediato a todos los documentos del expediente. Tampoco se han detallado plazos de entrega ni un canal específico para presentar solicitudes.
Para los hogares hispanohablantes, será importante conocer si habrá traducción o interpretación disponible. El comunicado inicial no especifica esos servicios, una cuestión práctica para quienes necesiten comprender los resultados y plantear preguntas sobre lo ocurrido.
Por separado, el NYPD deberá mantener el envío completo y oportuno de datos sobre muertes con intervención policial a la DCJS, conforme a la STAT Act. Este punto reafirma una obligación existente; no crea un sistema nuevo de reportes.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA REVISIÓN Y CÓMO PODRÁN PARTICIPAR LOS VECINOS?
La evaluación se desarrollará durante los próximos meses, según la Alcaldía. Sin embargo, el anuncio del 12 de octubre no fija una fecha de cierre, un calendario de consultas ni un día para publicar las conclusiones.
Tampoco se han explicado los mecanismos de participación ciudadana. Hasta que aparezcan esas instrucciones, los residentes no cuentan con una convocatoria detallada para intervenir en el proceso.
Por ahora, estos son los puntos principales:
- Alcance: se examinarán las políticas y prácticas relacionadas con el uso de la fuerza.
- Participación comunitaria: habrá consultas, aunque sus mecanismos siguen pendientes de definición.
- Supervisión independiente: la administración anunció US$2.6 millones adicionales para la Oficina del Inspector General.
- Disciplina: el departamento ya implementó un nuevo sistema de notificación de jubilaciones.
- Seguimiento estatal: se formalizará el envío de avisos y antecedentes para los procedimientos de descertificación correspondientes.
- Acceso a información: se estandarizará la entrega de informes finales a las familias afectadas o sus representantes cuando los soliciten.
El siguiente paso será conocer cómo se recogerán las opiniones de los vecinos y qué recomendaciones surgirán del análisis. Hasta entonces, no es posible anticipar cuáles normas terminarán modificándose ni cuándo entrarían en vigor los eventuales ajustes.
