Los últimos pronósticos de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) continúan apuntando a que El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria. Pero sus efectos sobre la salud de la población empezarán antes de las lluvias intensas: el calor acelera el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue y las precipitaciones multiplican los criaderos. A ello se suma el aumento de las infecciones respiratorias y las diarreas.
Ante este escenario, el sector Salud llega con una capacidad de respuesta limitada. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte que 209 distritos presentan un riesgo muy alto de inundación durante el verano.
Durante El Niño costero del 2017 y el ciclón Yaku del 2023, la incidencia del dengue aumentó en más de 100% en el norte, lo que llevó a la saturación de las camas de hospitalización y de cuidados intensivos.
Los daños a la infraestructura sanitaria también fueron considerables: entre 2022 y 2023 se afectaron 1,229 establecimientos de salud y, entre septiembre del 2025 y mayo último, 909. El plan del Ministerio de Salud (Minsa), oficializado mediante resolución ministerial, identifica ahora 4,393 establecimientos en riesgo inminente por las lluvias, 4,294 de ellos del primer nivel de atención.
- LEA TAMBIÉN: “Hay una nueva percepción de que se puede invertir más en Perú”, la mirada del Banco Mundial
Una red pública al límite
La elevada cobertura de seguros de salud no se traduce necesariamente en acceso a la atención. Aunque el 93.7% de la población declara contar con algún seguro, solo el 43.6% de quienes tuvieron un problema de salud buscaron atención, y el primer destino fue la farmacia, reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (data 2026).
A las dificultades de acceso se suman las deficiencias de infraestructura. Según el Minsa, 92.4% de los hospitales tenían capacidad instalada inadecuada en el 2025, y los 19 hospitales de Lambayeque, Piura y Tumbes tienen más de 40 años.
El propio Minsa advierte sobre las consecuencias de un aumento repentino de la demanda. Su plan admite que, si esta se multiplica en cuestión de semanas, superará la capacidad de personal y de medicamentos, así como recursos presupuestales del sector.
Para el periodo junio-diciembre de este año, ha proyectado 4.2 millones de episodios de infecciones respiratorias y 3.1 millones de enfermedades diarreicas. Además, hasta enero del 2027 prevé un total de 53,439 casos de dengue, 76.1% de ellos en siete departamentos.
La disponibilidad de camas ilustra la magnitud del problema. Al 2 de noviembre, 5,542 de las 20,507 camas operativas de las regiones priorizadas estaban libres. En las unidades de cuidados intensivos de adultos, estaban ocupadas 89% de las camas, con una ocupación del 100% en nueve regiones, entre ellas Piura, Lambayeque y La Libertad. Lambayeque tenía 3.2% de camas libres y ninguna de cuidados intensivos; Tacna 4.1% y Madre de Dios 14.3%, mientras que Piura tenía 20.5%, con solo 2 de sus 51 camas de cuidados intensivos disponibles.
Vacunar antes de las lluvias
La primera prioridad debe ser la vacunación, siendo la medida que más reduce la presión sobre la red sanitaria. La vacunación ya está en marcha, aunque con avances desiguales entre regiones.
Según el Minsa, 51 distritos ya vacunan contra el dengue y 24 más iniciaron la vacunación el 9 y 10 de noviembre, hasta sumar 75 en 17 regiones. Piura tiene 15 distritos, Ica 16 y Tumbes 9, mientras que Lambayeque y La Libertad, dos de los siete departamentos con más casos proyectados, tienen 3 y 4 distritos. EsSalud informa que la cobertura subió de 50% a 70% en Piura y es de 35% en Tumbes.
Por ello, la estrategia debe centrarse en los departamentos con más casos proyectados y en las zonas de mayor riesgo de inundación, donde los desplazamientos y el hacinamiento en albergues favorecen los brotes. Corresponde priorizar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y completar los esquemas regulares interrumpidos por establecimientos inoperativos o caminos incomunicados, garantizando la conservación de las vacunas y su transporte antes de que se corten las vías.
- LEA TAMBIÉN: Ante efectos de El Niño, Sistemas Analíticos alista nueva inversión y no descarta compras
Reglas insuficientes
La segunda prioridad es ampliar la capacidad de atención, pero los mecanismos son limitados. El Decreto de Urgencia 010-2026 habilita servicios de emergencia mediante Obras por Impuestos, con 28 servicios aprobados por el Minsa, como puestos médicos de avanzada y la atención del dengue en unidades de observación. Su alcance es limitado, pues son servicios temporales en zonas rurales, de frontera o de emergencia, sin compra de hospitalización, cuidados intensivos ni cirugía en clínicas. Además, no se conocen los montos ni los contratos adjudicados.
El intercambio prestacional, regulado por el Decreto Legislativo 1302, permite que las aseguradoras públicas compren servicios a otros prestadores, pero está pensado sobre todo para la red pública. Exige convenio, tarifas aprobadas y certificación presupuestal, con hasta 30 días hábiles para identificar la demanda y otros 30 para firmar el convenio, lo que suma unos tres meses, cuando ya se estaría en pleno pico de lluvias.
Existe un antecedente de contratación más rápida. Los prestadores privados se incorporaron de forma excepcional mediante el Decreto Legislativo N° 1466, dictado para la pandemia del covid-19, que fijó el convenio en hasta 15 días calendario y el pago en hasta 30. Sin embargo, esa norma llegó semanas después de iniciada la emergencia, con las reglas definidas bajo presión.
Repetir esa secuencia con El Niño obligaría a negociar precios y plazos en plena emergencia, por lo que una norma temporal dictada con anticipación podría ser la ruta más rápida y transparente.
yt:7fHN4YCPJ1U
Contratar antes de la crisis
Una alternativa es anticipar la contratación, en lugar de esperar a que los hospitales estén saturados. Al trasladar determinadas atenciones a prestadores privados, los hospitales públicos podrían liberar recursos y personal para responder al aumento de enfermedades asociadas a El Niño.
Hágase Instituto propone contratar preventivamente la capacidad privada disponible en las zonas priorizadas, según la disponibilidad de camas públicas y con reglas definidas de antemano.
La propuesta consiste en comprar atenciones de alto volumen y baja complejidad, como imágenes, cirugía programada y consulta especializada, a precios acordados y con pago en 30 días. Este plazo es importante para evitar que los prestadores se retiren o trasladen el riesgo al paciente.
El pago puede adoptar cuatro modalidades. Una vía gradual sería comenzar por el pago por atención con topes de gasto y pasar a paquetes cuando existan sistemas de información. Para evitar sobrecostos y garantizar la calidad, el control podría apoyarse en auditoría independiente, acreditación de prestadores y supervisión de Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), para acotar el gasto sin control y el mayor gasto de bolsillo.
Decisiones urgentes
La implementación de estas medidas requiere decisiones inmediatas y responsabilidades claras. El Minsa debe fijar metas de vacunación por distrito y publicar semanalmente el avance y la disponibilidad de camas por región, con cortes completos e identificando a las que no informan.
El Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud deben publicar qué servicios necesitan comprar, en qué territorios y a qué precios de referencia. El Minsa y Susalud deben fijar estándares de calidad y reporte obligatorio, y los convenios de contingencia deben firmarse antes de que aumente la demanda.
La alerta amarilla rige hasta el 30 de junio de 2027, pero la contratación no puede empezar cuando la red ya esté saturada, como ocurrió durante la pandemia. Pasada la emergencia, deberá evaluarse lo contratado.
“Reglas antes de la crisis”
Por Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto
Cuando la demanda de atención sanitaria se multiplica en pocas semanas, la capacidad privada ayuda solamente si ya existen reglas para usarla. La pandemia del Covid-19 mostró el costo de improvisarlas. El Decreto Legislativo N° 1466 permitió contratar prestadores privados con convenios que podían suscribirse en hasta 15 días y pagos en hasta 30, pero se publicó semanas después de iniciada la emergencia, cuando las tarifas y los controles se negociaban con las camas ya saturadas.
El Niño 2026-2027 permite hacerlo distinto. Al 2 de noviembre, solo 27% de las camas operativas de las regiones priorizadas por lluvias estaban libres, y 89% de las camas de cuidados intensivos de adultos estaban ocupadas. Las entidades prestadoras de salud (EPS) cuentan con capacidad instalada que puede complementar a la red pública en atenciones de alto volumen y baja complejidad, como imágenes, cirugía programada y consulta especializada, y así liberar camas para los casos graves.
Ello exige definir, antes del pico de lluvias, quién compra, qué servicios, en qué territorios y a qué tarifas, con pagos a 30 días para que los prestadores no se retiren ni trasladen el riesgo al paciente. El intercambio prestacional vigente toma hasta 60 días hábiles entre identificar la demanda y firmar el convenio, un plazo incompatible con una emergencia. Una norma temporal, con auditoría independiente, acreditación de prestadores y supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud, daría esa certeza.
La objeción es que contratar con anticipación compromete gasto sin garantía de que la crisis ocurra. Un convenio de contingencia con pago solo por atenciones efectivamente prestadas y topes de gasto acota ese riesgo. Improvisar trasladaría el costo a los pacientes y al presupuesto en el peor momento.
Además, dan cabida a iniciativas legislativas populistas que pretenden obligar a atender y reembolsar emergencias sin costear la medida ni asegurar la capacidad de cumplirla, trasladando el costo a fondos públicos como el SIS y EsSalud o a prestadores cuya capacidad no ha sido evaluada.


