Las democracias se miden por el futuro que son capaces de ofrecer. No solo por la vigencia formal de sus derechos, sino por la calidad de las condiciones institucionales que generan para que sus ciudadanos —especialmente los más jóvenes— puedan desarrollar sus capacidades y encontrar oportunidades dentro de su propio país. Cuando esas condiciones se deterioran, los jóvenes, los que pueden, toman decisiones en consecuencia.
El Perú está atravesando esa prueba. A finales del año pasado, según Ipsos, el 64% de los jóvenes de entre 18 y 25 años emigraría si pudiera. Uno de cada dos peruanos comparte esa aspiración. La cifra refleja una evaluación sobre lo que el país ofrece y lo que no.
La inestabilidad política tiene costos concretos. La incapacidad de conducir el Estado ha alimentado una inseguridad que avanza sin contención y ha erosionado las condiciones económicas básicas para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida dentro del país. Y la cosecha concreta es que las faltas de esas condiciones son la consecuencia directa de años de gobernabilidad fallida.
Casi un año después de esa medición, el caso de Eduardo “Trvko” Ruiz Sanz, cuya muerte cumplió ayer un año, ilustra ese quiebre. La Inspectoría de la Policía Nacional absolvió al efectivo que le disparó.
Paralelamente, la Fiscalía mantiene un pedido de diez años contra el mismo hombre. La misma suerte atraviesan los deudos de los jóvenes asesinados en las protestas contra Dina Boluarte. Y lo mismo ocurrió con los responsables de Inti y Brayan. No hubo justicia.
Esa señal de desprotección no pasa desapercibida para una generación que ha crecido observando cómo la inestabilidad política intenta ser normalizada y la rendición de cuentas es casi inexistente. La oleada de erosión democrática que ha atravesado la región tiene en el Perú una expresión propia: un desgaste acumulado de la confianza institucional. Y los jóvenes, que tienen más años por vivir dentro de ese sistema, son quienes más sienten el peso de ese deterioro.
Los congresistas que representan a las regiones con mayor intención de emigración —el Sur con 58%, Lima con 59%— no han convertido esa cifra en agenda legislativa. La distancia entre lo que los jóvenes declaran querer y lo que sus representantes priorizan es, en sí misma, una medida del déficit democrático.
Retener a la siguiente generación no es una tarea de propaganda ni de incentivos temporales. Es, antes que cualquier otra cosa, una tarea institucional, de Estado: que el futuro dentro del país tenga al menos la misma densidad de posibilidades que el que se imagina afuera.
