¿Qué ocurre cuando el problema ya no es solo que el Estado no puede hacer lo que debe, sino que determinados intereses, incluidos los criminales, consiguen que haga lo que no debe? Porque en el Perú estamos acostumbrados a que los intereses mercantilistas se abran espacio y logren beneficios regulatorios. Pero en los últimos años, son las economías ilegales las que han logrado penetrar el Estado.
Y lo cierto es que la estrategia que hemos utilizado para enfrentarlos hasta el momento no ha dado resultados. Solo en el primer semestre del 2026, la fiscalía registró más de 12 mil denuncias por extorsión: setenta al día, tres cada hora. En lo que va del año, el país acumula más de 1.600 homicidios, casi seis por día. Y por primera vez en nuestra historia, el Perú exportará este año más oro ilegal que formal: más de 16 mil millones de dólares, según el IPE.
Las economías ilegales mueven una enorme cantidad de recursos, lo que les permite penetrar en los distintos niveles del Estado y comprar autoridades. Estamos enfrentados a la gran corrupción: actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que distorsionan las políticas y las funciones centrales del Estado. Y que operan impunemente, porque han logrado penetrar el sistema de justicia, ya sea porque lo han comprado con dinero, o porque los tienen amenazados.
En el río Chinchipe en Cajamarca, se han encontrado más de 400 dragas y los cafetaleros se han visto obligados a dejar sus campos. En el río Nanay en Loreto, entre el 2021 y el 2026 se han contabilizado 1.076 dragas. En Pataz, los mineros ilegales han construido kilómetros de túneles y extraen oro utilizando línea amarilla sin esconderse, mientras el Comando Unificado Pataz, formado por policías y militares, observa tranquilamente la salida de cientos de camiones, y el gobierno solo atina a extender el estado de emergencia por 60 días más.
El mercado de cocaína moviliza US$5.400 millones al año. Pero a diferencia de lo que ocurre con las drogas, el oro y el cobre ilegal se exportan por canales formales. Son procesados y “blanqueados” en plantas de beneficio, para luego ser exportados a través de traders formales. Y este es el mayor problema: empresas formales que forman parte de la cadena de valor de las economías ilegales. Ejecutivos de cuello y corbata que operan desde oficinas en San Isidro y quieren hacernos creer que son grandes empresarios comprometidos con el desarrollo del país. Y que, además, han encontrado en el mecanismo Obras por Impuestos una vía rápida para congraciarse con gobiernos locales y mejorar el acceso a infraestructura y servicios de las poblaciones donde operan.
Y lo cierto es que la pobreza, la falta de presencia del Estado y la falta de oportunidades económicas son un reto importante en la lucha contra la ilegalidad. La encuesta de Proética 2025 encontró que el 41% de los peruanos cree que las economías ilegales son la única fuente de empleo en sus regiones.
El miércoles pasado, en el foro anual de Capitalismo Consciente, “Del silencio a la acción”, buscamos reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los líderes empresariales, que tienen recursos, influencia y capacidad de organización, en defender las instituciones de las que depende todo el país. Porque las economías ilegales están debilitando y carcomiendo el Estado. Y ya no se trata solo de un problema de inseguridad ciudadana: se trata de la viabilidad del Estado de derecho.
