Keiko Fujimori viajará a El Salvador, del 28 al 31 de octubre, por invitación del presidente Nayib Bukele. Recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), emblema de la exitosa lucha del régimen contra el crimen organizado. Construido en el 2022 para encerrar a 40.000 personas, es la cárcel más grande de las Américas y de las más duras del mundo. Varios gobernantes lo visitaron con enorme curiosidad. El primero fue Rodrigo Chaves, de Costa Rica, en el 2025. Luego, con planos donados por Bukele, Chaves empezó a construir el Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (Cacco). El 14 de octubre lo inauguró su sucesora, Laura Fernández. Destinado a delincuentes de alto perfil, el Cacco es más reducido que el Cecot –su capacidad es de 5.000 presos– pero impresiona por su aspecto de nave espacial para apelotonar terrícolas, con una tecnología de última generación que los vigila incesantemente. “Es un antes y un después en materia de seguridad”, dijo Fernández.
Las megacárceles son lo más llamativo de la receta de Bukele, que incluye el control territorial de zonas criminales bajo un estado de excepción permanente. Tras someter a las pandillas y desinflar la tasa de homicidios, el salvadoreño se convirtió en una especie de dictador feliz −concentra poderes y persigue opositores−, apoyado por una alta popularidad. Es un gran comunicador. Mientras oculta la parte fea de su gobierno, ofrece un paquete turístico de seguridad a sus ilustres visitantes, que incluye consejos prácticos contra la delincuencia. Los candidatos presidenciales suelen prometer parecerse a Bukele cuando están en campaña, pero una vez en el gobierno descubren las enormes diferencias entre sus países y El Salvador, y las de ellos mismos con el mandatario centroamericano.
Véase, por ejemplo, el caso de José Antonio Kast. Dijo que todos los chilenos votarían por Bukele si figurara en la papeleta electoral. Otra declaración: “Necesitamos menos Boric y más Bukele”. En el 2024, Kast recorrió el Cecot, y en el 2026 lo hizo por segunda vez, ya como presidente. Durante una visita a Santiago, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó que el modelo Bukele era exportable, con ciertos ajustes. Kast incorporó lineamientos bukelianos a su plan contra el crimen, “Implacable”, pero fracasó por falta de apoyo político en el Congreso. No obtuvo una reforma constitucional para declarar un estado de excepción por ocho meses sin control legislativo. Encontró resistencias incluso entre sus aliados. En El Salvador, el presidente puede hacer de esta excepcionalidad una política estable de seguridad pública. En Chile, no.
Otro ejemplo está en Ecuador. En enero del 2024, Daniel Noboa, poco después de asumir el gobierno para completar el de Guillermo Lasso, afrontó una brutal ofensiva del crimen organizado: motines carcelarios con captura de rehenes y fuga de capos, atentados terroristas, toma de un canal de televisión. Impuso un estado de excepción y militarizó la seguridad, comenzando por las prisiones. En una zona inhóspita, dispuso la construcción del penal El Encuentro, con capacidad para 1.000 detenidos. Una vez inaugurado, imitaría la estética del Cecot.
Triunfante en las elecciones del 2025, Noboa no consiguió controlar al crimen organizado, que tiene características muy distintas al pandillaje de El Salvador. Sus conexiones financieras transnacionales lo hacen mucho más poderoso. Ecuador cerró el año pasado con la tasa de homicidios mayor de su historia (50,9 por cada 100.000 habitantes), la mayoría causados por el narcotráfico. Noboa ya ha lanzado otro plan.
El presidente argentino Javier Milei también ha dicho que emulará a Bukele para imponer más rigor en las cárceles. Aunque no visitó el Cecot, sí lo hizo su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro prometió implementar el “modelo Bukele” para combatir la inseguridad en su país. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que el salvadoreño lo inspiró para realizar un megaoperativo militar en una cárcel. Podríamos encontrar otros adeptos sin mencionar al previsible Donald Trump. Aparte de las zalamerías que puedan intercambiar políticos derechistas, lo cierto es que Bukele acabó con el poder del pandillaje y que la disminución de la tasa de homicidios impulsó el crecimiento, los negocios y el turismo. Sin embargo, las características de la política de seguridad de El Salvador son tan específicas que difícilmente podría hablarse de un modelo.
Con un territorio de 21.004 kilómetros cuadrados (equivalente al departamento de Ica) y poco más de seis millones de habitantes, El Salvador empezó a ser tomado progresivamente por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 desde mediados de los noventa. Sus miembros llegaron deportados de Estados Unidos. Controlaban todo: las rutas del transporte, los comercios, las normas de convivencia, la justicia. La gente pagaba por el derecho a vivir en su propia casa. La muerte cruel era un castigo común. En el 2010, una facción de Barrio 18 quemó vivas a 17 personas por una venganza contra rivales. En el 2015, el año más sangriento, hubo más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bukele bajó la cifra a 1,3 en el 2025. ¿Cómo no va a ser apoyado por la gente?
El cambio ocurrió durante el tercer año de su primer gobierno, iniciado en el 2019. Antes enfrentaba la criminalidad mediante acuerdos con las pandillas. Igual hizo entre el 2015 y 2018, cuando fue alcalde de San Salvador. Desde el 2012, el diario digital “El Faro” ha documentado cómo los gobernantes pactaron con los criminales para reducir los homicidios y obtener apoyo electoral. A cambio, otorgaron beneficios judiciales o penitenciarios. Una fiscalía de Nueva York sostiene, en una acusación contra líderes de la MS-13, que funcionarios del régimen de Bukele usaron ese método para que las pandillas disminuyeran los asesinatos. El convenio impidió la extradición de miembros de las maras a los Estados Unidos. Uno de ellos, Elmer Canales, alias el ‘Crook’, fue incluso liberado luego de su captura.
En el 2022, sin embargo, acciones punitivas del gobierno fueron consideradas violatorias del pacto por las pandillas, que cometieron una matanza contra 87 salvadoreños sin antecedentes criminales entre el 25 y el 27 de marzo. Fue entonces cuando Bukele decretó el estado de excepción y comenzó su nueva política. El resultado es que no solo las maras fueron reducidas. El poder total ha servido para arrestar a cualquiera y por lo que sea, como lo demuestran múltiples informes de distintas fuentes.
El temor a ser encarcelados arbitrariamente ha provocado el exilio de más de 50 periodistas. En marzo pasado, la Alianza Periodística Intermedios, un consorcio de 12 publicaciones salvadoreñas que opera en el exilio, reveló un registro de denuncias presentadas ante la Procuraduría de El Salvador en el marco del estado de excepción. Dato más oficial, imposible. De esas denuncias, 2.094 corresponden a ejecuciones extrajudiciales y muertes en prisión, torturas, tratos crueles, desapariciones, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado. Los perpetradores serían policías, autoridades penitenciarias y miembros del Ejército, principalmente. Ninguno de estos datos fue presentado a la ciudadanía, a la Asamblea Legislativa ni a organismos internacionales. La institución tampoco los incluyó en sus memorias de labores ni en informes especiales.
Algo más sobre la joya de la corona, las cárceles bukelianas. La situación es de espanto en la veintena de penales ajenos al Cecot, donde hay unas 100.000 personas. El hacinamiento, producto del modelo, es del 261%, con múltiples violaciones de derechos y muertes bajo custodia estatal. Por algo Bukele ha anunciado la liberación de presos antes de las elecciones de febrero del 2027, donde buscará una re-reelección. Previsiblemente, estas prisiones estarán fuera de la vista de la presidenta del Perú.
