El Poder Ejecutivo modificó las reglas sobre la legítima defensa mediante el Decreto Legislativo N.° 1743, con el objetivo de reforzar la protección legal de las personas que actúan frente a agresiones actuales, ilegítimas y reales. La norma, publicada el 8 de noviembre, modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal.
Uno de los principales cambios es que se presume que quien ejerce la legítima defensa actuó de manera racional frente a la agresión.
De acuerdo con la nueva disposición, corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario. La norma mantiene como requisitos que exista una agresión actual, ilegítima y real y que se actúe para impedirla o repelerla.
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¿Cómo se evaluará la legítima defensa?
El decreto también establece que, para determinar la necesidad racional del medio empleado, ya no se considerará el criterio de proporcionalidad de medios. En su lugar, deberán valorarse, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para la defensa y los bienes jurídicos que se buscan proteger.
Asimismo, la racionalidad del medio empleado y su utilización deberán analizarse desde la perspectiva de quien ejerció la defensa y de acuerdo con las circunstancias existentes en el momento de la agresión.
La norma dispone además que cualquier resolución judicial que descarte la presunción de racionalidad deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Esta exigencia también alcanza a los casos que se encuentran actualmente en trámite.
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Archivo de investigaciones
El Decreto Legislativo 1743 también modifica el Código Procesal Penal para establecer reglas específicas en las investigaciones por posibles actuaciones en legítima defensa.
En estos casos, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo y, si determina que concurren conjuntamente los supuestos previstos para la legítima defensa, declarará que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenará el archivo de lo actuado.
La implementación de las nuevas disposiciones se financiará con cargo al presupuesto de las entidades involucradas y, según la norma, no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.
