Los encontraron en el fondo de un socavón de Pataz: 13 hombres maniatados, vendados y desnudos, cada uno ejecutado con un disparo en la nuca. Era mayo del 2025 y la provincia llevaba más de un año en estado de emergencia; la semana anterior, de hecho, se habían desplegado en ella más de 800 policías. El Estado estaba presente, con decretos y con uniformes, y sin embargo la mina tenía otro dueño. La misma ley parece mandar en las avenidas de Lima, donde hasta agosto de este año la policía contaba 64 choferes asesinados por cupos que en algún caso eran de 40 soles diarios. Frente a ese cuadro, el Ejecutivo ha previsto un viaje a fines de octubre a El Salvador para conocer el modelo de cárceles con que Nayib Bukele pacificó a su país. El canciller Carlos Espá, acaso para que el viaje no parezca la peregrinación de un Perú curtido por dos siglos de guerras a un territorio apenas del tamaño de Ica, se apresuró a precisar que no iríamos solo a aprender: llevaríamos también nuestra propia experiencia en la lucha contra el terrorismo. Conviene recordar en qué consistió esa lucha, porque su mitad decisiva suele pasar desapercibida. Y conviene empezar todavía más atrás: cuando la república expulsó a otro enemigo de sus montañas.
Fue en 1881. Chile había ido a la guerra por el salitre que el Perú expropió a Londres, y, con Lima ocupada y Chorrillos en cenizas, se disponía a quedarse con las provincias que lo guardaban. Para entonces el Perú ya no tenía escuadra ni ejército de línea; le quedaba, sin embargo, un coronel ayacuchano herido de bala, que convalecía escondido por los jesuitas en un convento de la época española. Ese abril Cáceres tomó la decisión que, a la postre, cambiaría su vida. Burló a escondidas los controles chilenos y escapó a las montañas. Lo guiaba una convicción que entonces parecía delirante: que el Perú, en su trinchera natural de los Andes, no podía ser vencido. No llevaba ejército. No tenía aliados. Eso sí, cargaba consigo el quechua de su infancia, y aquella herramienta le bastó para liberar la tormenta: convocó en su idioma antiguo a las comunidades del valle del Mantaro, y las comunidades respondieron llamándolo Tayta, oscureciendo después con su número las quebradas y los riscos para cumplir sus órdenes. Desangraron entonces, con lanzas, con hondas, con aludes de piedra, a columnas del ejército chileno que había tomado Lima. Claro que fue aquella una guerra nueva, en extremo violenta y sin cárceles. Chile no reconocía a los resistentes como soldados y los fusilaba de aprehenderlos; los resistentes respondían en la misma moneda, y así, en el pueblo de Concepción, en julio de 1882, acabaron con cada uno de los 77 chilenos de la guarnición. Resulta curioso que, durante una guerra que perdió el Perú, solo en un combate hubiera sido exterminada la fuerza entera de uno de los beligerantes, y que ese precio lo haya pagado el vencedor. Pocas semanas después, diezmados y sin haber logrado sus objetivos, los hombres de las columnas chilenas abandonaron la sierra central. La hazaña tuvo un límite y dejó una enseñanza. No alcanzó desde luego para ganar una guerra que ya estaba perdida en el mar, pero quedó escrita, para cualquier escuela futura, la regla que explica la grandeza de Cáceres: a un ocupante solo lo expulsa aquel con quien está la gente que vive en el territorio. La lección se archivó junto con la victoria. Reaparecería solo un siglo después, y en las mismas provincias.
Lo que todo peruano recuerda del final de Sendero Luminoso es una casa de Surquillo, en setiembre de 1992, y a su cabecilla capturado sin un solo disparo. Fue la mitad limpia de la victoria. La otra había empezado diez años antes en las alturas de Ayacucho, cuando comunidades diezmadas por las huestes senderistas se organizaron para defenderse con hondas, lanzas y escopetas. Conviene decirlo para quien todavía lo ponga en duda: Sendero Luminoso no subió a la sierra a liberar al campesinado, sino a someterlo y a expoliarlo. Para un partido que soñaba con cercar al país del campo a la ciudad, el comunero dispuesto a proteger a su familia con su propia vida era el peor de los traidores; de cada cuatro muertos de aquella guerra, tres fueron campesinos quechuahablantes. Lima tardó años en entender de qué lado estaba esa gente arrinconada. El Estado no se decidió a armarla en serio hasta noviembre de 1991, cuando reconoció por ley a las rondas y empezó a repartirles escopetas: más de 15 mil. Hacia 1994 había inscritos cerca de 400 mil ronderos. Tampoco esa fue una guerra limpia —murieron al menos 1.800 de ellos, y la fiscalía recibió cientos de denuncias por desapariciones atribuidas a los propios comités de autodefensa—, pero la Comisión de la Verdad lo dejó escrito sin rodeos: fueron esos campesinos republicanos quienes propinaron a Sendero su primera derrota estratégica. Ahora bien, los decretos de 1991 llevan la firma de Alberto Fujimori. Hay ahí una ironía difícil de ignorar: antes de viajar a Centroamérica en busca de una fórmula milagrosa, su hija podría empezar por revisar el archivo de la familia.
Queda, sin embargo, por explicar por qué un país como el nuestro, con su pasado lleno de sangre, de suicidas que saltaron a lomo de caballo al Pacífico y guerras peleadas hasta el último hombre, sale a buscar afuera la receta para proteger a su propia gente. La respuesta estaría, a veces tiendo a pensar, en el héroe supremo que elegimos para nuestras escuelas. De todos los hombres que aquella historia podía ofrecernos, escogimos al más caballeroso: Miguel Grau, un hombre capaz de conservar las formas en medio de una guerra salvaje. No fue un error admirarlo. El error vino después, cuando hicimos de su conducta frente a un adversario regular una regla para tratar a cualquier enemigo. Porque la hidalguía tenía sentido frente a quien reconocía también una bandera, un uniforme y ciertas reglas; frente a quien no reconoce ninguna, puede terminar pareciéndose a la ingenuidad. Para nadie es un secreto que, en junio de 1879, Grau envió a la viuda de Arturo Prat la espada y las prendas del capitán chileno caído sobre la cubierta del Huáscar, con una carta de pésame, y la viuda respondió agradeciendo su caballerosidad. La caballerosidad terminaba, desde luego, donde empezaba de nuevo el combate. Grau fue el primero en abrir fuego contra los blindados chilenos que se cerraban sobre el Huáscar en Angamos. El problema pareciera no haber sido admirar demasiado a Grau, sino haber terminado por confundir su ejemplo moral con una doctrina para enfrentar al enemigo: hoy pretendemos combatir a todos como si enfrente estuviera siempre Arturo Prat. Aquella cortesía lejana, sin embargo, iba dirigida contra un hombre que peleaba aún bajo una bandera, con un uniforme y con una viuda capaz de contestar una carta. Al Cáceres que se atrincheró en los Andes le tocó otro enemigo muy distinto: la tropa que saqueó e incendió Chorrillos, embrutecida por el alcohol, fuera del control de sus propios oficiales y matándose entre sí por el botín, y unas expediciones a la sierra cuyo primer jefe acabó juzgado en su propio país por sus saqueos. Grau y Cáceres no encarnan, pues, dos Perús diferentes, sino dos maneras de responder a enemigos distintos, y el error de estos años ha sido tratar al segundo con las formas reservadas al primero.
La solución a la violencia peruana está, por tanto, en la propia historia de la república, y no en una cárcel salvadoreña. Las prisiones gigantes de Bukele se pensaron para pandillas de barrio, identificables a simple vista, que vivían del pavor de sus vecinos. Las organizaciones que ocupan Pataz o los valles cocaleros están asentadas sobre la riqueza extrema del oro y de la coca: encerrado un cabecilla, la veta sigue en su sitio y otro vendrá por ella. No son una pandilla, sino un ocupante, y a un ocupante no se le encarcela: se le liquida. Eso es pelear a la manera de Cáceres. Significa vencer, y significa también vencer para quedarse: durante años el Estado subió a Pataz por operativos de unas semanas, mientras su enemigo vivía allí, y el comando de soldados y policías instalado tras la matanza es apenas un comienzo. Significa además ser muchos, y más aun en el momento oportuno: un territorio así solo puede sostenerlo una fuerza republicana, no de cientos sino de miles, acaso de decenas de miles de hombres destinados a quedarse. Y significa finalmente forjar alianzas con quienes lo habitan, como el coronel que subió a la sierra sin ejército y encontró en las comunidades peruanos acostumbrados a vencer.
Las dos campañas, la de Cáceres en la sierra y la de las rondas contra Sendero, dejaron escrito también lo que no debe repetirse. El héroe de la guerra no siempre sirve para la paz: Cáceres, restaurador del país tras los desastres de Piérola, aceptó un poder para el que no estaba preparado y acabó en 1895 como villano de una guerra civil que llenó de cadáveres las calles de Lima. Aunque la segunda advertencia, desde luego, tiene menos que ver con el hombre que con el territorio. El viejo adagio vuelve a repetirse: el territorio recuperado será reconquistado por el enemigo si después el Estado se marcha. El valle del río Apurímac, donde aquellas rondas se hicieron fuertes, es hoy el corazón de la primera zona cocalera del país. La población, valgan verdades, no puede esperar para siempre: en julio del 2025 las rondas de Pataz bloquearon todos los accesos a la provincia, pero en defensa de los mineros informales que el Estado había dejado fuera de la formalización, sin distinguir entre el comunero que vive del socavón y la banda que lo extorsiona. De ahí que al Perú le haga falta una nueva configuración de sus fuerzas de seguridad, pensada para ocupar los territorios en disputa antes que para una guerra con vecinos que, por lo demás, padecen hoy a los mismos enemigos. El país tiene en marcha un programa de 3.500 millones de dólares en cazas de combate para una guerra que nadie le ha declarado, mientras pierde por abandono la que ya le declararon. Porque esta guerra no es opcional y conviene llamarla por su nombre.
Mientras la ley republicana no controle el espacio a la manera de Cáceres, el crimen seguirá avanzando sin oposición, y no solo sobre cruces anotadas en un mapa. Este año fueron detenidos dos fiscales por tener vínculos con el oro ilegal; sobre altos mandos policiales pesan señalamientos semejantes. Lo que vendría después sería bastante más grave. Si esta guerra no se libra con la urgencia necesaria, las fuerzas ilegales terminarán de penetrar el Estado: el dinero que ya compra fiscales y comisarios llamará mañana a la puerta de los cuarteles, y un país con sus Fuerzas Armadas comprometidas ya no tendrá con qué defenderse. La historia, en eso, no ha cambiado. Para pelear una guerra, hace 200 años como hoy, hay que ensuciarse las manos. En el parapeto opuesto, además, hay toneladas de oro. ¿Por qué no va la República por él?
