Es una carrera contra el miedo y contra el tiempo ¿Quién asume el costo de la inevitable explosión? El Ejecutivo no quiere hacerlo directamente, a pesar de que el ministro de Economía, Elmer Cuba, dijo el 10 de agosto que el gobierno interpondría demandas de inconstitucionalidad contra dos leyes. Una es la Ley 32563 publicada el 23 de marzo del 2026 que otorga el pago de CTS y de gratificaciones de julio y diciembre a los trabajadores del régimen estatal CAS, que son alrededor de 400 mil. Esta desplanificada carga humana fue inflada por gobiernos y bancadas aliadas que tomaron al Estado como bolsa laboral. Según cálculo del Consejo Fiscal (CF), esta ley nos costaría alrededor de S/.3 mil millones anuales, distorsionando la proporción de gasto corriente sobre el de inversión, en el presupuesto de la república.
La otra ley que Cuba dijo que demandarían es la Ley 32424 que homologa las bonificaciones del CAFAE para todos los trabajadores del régimen laboral del DL 276, que ahora reciben distintos montos. La gracia de homologar a todos hacia arriba nos costaría S/. 2,621 millones anuales según el CF. Hasta ahora no se ha emprendido ninguna de las dos demandas. Indagué por qué.
Una fuente del MEF me contó que, respecto de la ley pro CAS, se han tropezado con la realidad. En los postrimerías del gobierno de José María Balcázar, el 21 de julio, una semana antes del fin de su mandato, el DS 142-2026-EF-MEF, firmado por Balcázar y el irresponsable ministro de Economía, Rodolfo Acuña, reglamentó en tiempo récord, con una gradualidad que empezaría con el pago del 10% de las gratificaciones en este año hasta llegar al 50% en el 2031 y en adelante se pagaría el 100%. En esos días, nuestro estrambótico ex presidente se aseguró de que se pagara ese porcentaje de la gratificación de julio. Este gobierno lo va a hacer en diciembre. Con una ley reglamentada y en ejecución, ya perdió sentido que el propio Ejecutivo plantee una demanda de inconstitucionalidad. El 2028 pagaría el 20% de las gratificaciones que, si no está presupuestado en el PIA (presupuesto de apertura) lo estará en el PIM (presupuesto modificado durante el año). Una batalla perdida contra el orden y la racionalidad estatal.
Respecto a la ley del CAFAE, la fuente me dijo que en el MEF están estudiando el tema de la homologación, pero que el ministerio -habiendo tirado la toalla con los CAS- mantiene, con mayor razón, la intención de demandar la inconstitucionalidad de la ley. Por supuesto, para hacerlo necesitan el acuerdo de la presidenta, el primer ministro y el gabinete.
Ahora viene lo bueno. Cuba también contó que el Colegio de Economistas de Lima (CEL) estaba presentando dos demandas de inconstitucionalidad que el gobierno sigue con sumo interés. A algunos les pareció, equívocamente, que dicho colegio obraba en nombre del gobierno. Pero no es así. Conversé con su decano, José Manuel Mesía, y me lo aclaró: “Esto no tiene nada que ver con Keiko, nació antes. Alrededor de marzo, cuando se presentaron varias leyes de gran irresponsabilidad fiscal. El presidente [José María] Balcázar había dicho despectivamente que ‘los economistas son sociólogos que saben sumar y restar’ y Alonso Segura del Consejo Fiscal venía advirtiendo sobre el costo de esas leyes. La de las pensiones del magisterio nos impactó mucho porque sería una carga millonaria para toda la vida”.
O sea, cuando la iniciativa del CEL se gestó, Fuerza Popular estaba en la otra trinchera: apoyando con sus votos la farra legislativa. La bomba más potente activada por el CEL estallaría contra la Ley 32581 publicada el 15 de abril del 2026 que establece para los maestros una pensión equivalente a la primera escala de su remuneración mensual de alrededor de S/.3,500. Según el Consejo Fiscal (CF), que insistentemente ha advertido de estos impactos, esto implicaría un gasto anual al Estado de S/.8,000 millones. Una barbaridad impagable y discriminatoria pues la gran mayoría de trabajadores formales públicos y privados no cuentan con ese beneficio.
La otra ley demandada por el CEL es la 32561 publicada el 22 de marzo del 2026, que aumenta las pensiones para militares y policías. Como se aplicaría gradualmente, el CEL hace un cálculo de S/.46,000 millones en valor presente con un horizonte de 50 años. El anhelo de Cuba y del MEF es compartido por todo el gobierno; pero sin su preocupación de custodio de los fondos nacionales. Los políticos temen no obrar directamente contra grupos sociales que les reclamen en la calle. Los varios gremios CAS están en alerta desde hace meses y se han manifestado airados ante el CEL, a pesar de que el colegio no ha demandado esa ley. Mesía me dijo que con las dos demandas que tienen ya es bastante y en ambos casos cuenta con el respaldo de su junta directiva y de un consejo consultivo con economistas de peso, como los ex ministros Mercedes Aráoz y David Tuesta, entre otros.
Recuerden que una de las primeras visitas que recibió Keiko cuando era electa, antes de tomar el mando, fue de Lucio Castro, el secretario general del Sutep, el gran sindicato de maestros. Si alguien se sorprendió de que un bastión gremial de la izquierda visitara tan tempranamente a Keiko, pues he aquí la razón: El Sutep quería que la inminente presidenta les prometa que el gobierno no obraría contra esa ley.
El Sutep también ha visitado a Cuba. Incluso la Fenate, el gremio de extrema izquierda que apoyó a Pedro Castillo, también lo ha visitado. El decano Mesía me contó que Íver Maraví, con senadores y diputados de JP, los visitó pidiéndoles deponer su demanda. Ambos gremios saben que la ley es económicamente y políticamente impagable. Pero pueden lograr, negociando, un aumento de pensiones que, en muchos casos, son de S/.400 y S/.500 y podrían acercarse a una cifra mayor a la pensión máxima pagada por la ONP, que es de alrededor de S/. 960 netos. En cualquier caso, se consagrará una vez más el trato injusto y discriminatoria contra la gran mayoría de jubilados; para no hablar del 70% de la fuerza laboral en la informalidad, ajena a estos beneficios.
En el aumento aprobado por la Ley 32581, que en realidad es lo que se conoce como ‘cédula viva’ pues perpetua el salario luego de la jubilación, saltar a S/.3,500 es arbitrariedad pura. Más aún si se tiene en cuenta que los maestros aportan menos que otros trabajadores al fondo de pensiones. A todos se les descuenta el 13% de su sueldo para el fondo, pero mientras para la gran mayoría ese porcentaje se calcula del 100% de su remuneración, en los maestros se calcula en base al 65% de esta.
Por supuesto, los profesores tienen otra forma de negociar que la han aplicado en varios momentos de nuestra historia: los paros nacionales. El año escolar está pronto a acabar (el 27 de noviembre en las regiones más impactadas por El Niño) y se reanuda en la segunda quincena de marzo. Por lo tanto, no habrá la presión de un gran paro hasta marzo. Ello debiera acelerar la sentencia durante el verano. Pero hay otro escenario posible.
Seis de siete
En los próximos días la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, presidida por Hugo Ccahuana de Juntos Por el Perú (JP), debe convocar al concurso de méritos para escoger seis de los siete magistrados del TC, cuyo mandato se vence el 13 de mayo para cinco de ellos (Luz Pacheco, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez y César Ochoa) y el 18 de mayo para Manuel Monteagudo. El actual presidente, Pedro Hernández, continúa hasta diciembre del 2028.
La comisión se puso en marcha en agosto y logró en poco tiempo elegir a tres directores del BCR. Pero en ese caso no había concurso de méritos, que toma algunos meses entre su convocatoria, su realización y la votación de los elegibles por dos tercios del Senado (40 votos). Para hacer un cálculo realista, el congreso pasado, que eligió a los actuales magistrados, demoró, entre la publicación de la convocatoria al concurso y la elección en el pleno, 211 días. Si la actual comisión publicara la convocatoria, digamos, el próximo lunes 30 de noviembre, y le sumamos 211 días, tendríamos una elección, en cálculo grueso, en junio o julio del 2027. Ya se habría vencido el plazo de los actuales miembros, lo que no sería un problema, pues siguen activos mientras no tengan reemplazo.
Si hago estos cálculos de tiempo, es porque a los actuales integrantes del TC se le presenta la tentación de hacerla larga y patear la bomba a sus relevos. Incluso el concurso de méritos organizado por el Congreso va a estar atravesado por esa tensión. Ya se aprobó el reglamento del examen, que reduce el peso que tenía la entrevista personal de 40 a 30 puntos de un total de 100. De esa forma, se piensa que se restaría peso a la subjetividad para darle 70 puntos a la evaluación de la formación académica y experiencia profesional. También se puede ser subjetivo en esos puntajes.
Si nos ponemos algo esquemáticos, la derecha apostará por candidatos liberales anti estatistas, cuyas sentencias prohíban regulaciones excesivas y barreras burocráticas; limiten el aumento del gasto corriente del estado y apoyen los regímenes de flexibilización laboral. Por el contrario, la izquierda apoyará candidatos estatistas, reguladores y opuestos a flexibilizaciones laborales, pues tiene en su ADN la defensa del trabajador aunque sea con beneficios muy segmentarios que podrían dificultar la inclusión de la gran mayoría informal a la formalidad. Los aumentos de pensiones de los maestros serán una bandera de la oposición de izquierda, al menos de JP y bregarán por elegir a magistrados que la apoyen.
Sobre la posición del TC actual, no hay mayor misterio. Tendrán que respetar su sentencia del 10 de julio del 2026 -cuando ya se sabía que Keiko sería presidenta- que falló a favor de una demanda de inconstitucionalidad que el Ejecutivo de Dina Boluarte presentó el 2023 contra una ley que declaró en emergencia la zona baja del distrito de Belén en Iquitos y demandó su reubicación, como si ello costara poco o nada. El TC aprovechó la ocasión para cerrar definitivamente lo que debió cerrar tiempo atrás: se opuso a la interpretación laxa y abusiva que el Congreso venía haciendo de una sentencia dada por la anterior composición del TC que relativizó la prohibición de iniciativa legislativa de gasto establecida en el Art. 79 de la Constitución.
Ceder a la tentación de patear las dos bombas al próximo TC sería muy irresponsable pues lo mejor es sentenciar ahora que las leyes no se aplican pues no están ni reglamentadas ni presupuestadas. Por cierto, habiendo sido admitidas las demandas del CEL, el gobierno ya no está obligado a reglamentas esas leyes. Los maestros, sus gremios, el MACEP (sindicato de maestros jubilados) estaban negociando una fórmula realista que incluso la apoyaba la facción no magisterial de JP. Pero los S/.3500 de la ley aprobada vuelven intransigentes a muchos. He leído una carta en que una autoridad del CAL (Colegio de Abogados de Lima), le pide a Nelo Rojas (presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional del CAL) que atienda un pedido de la ex congresista Flor Pablo (autora y principal promotora de la ley demandada) para que el colegio intervenga en el proceso. Enfrentar colegios profesionales, vaya táctica. Los lobbies a favor o en contra van a arreciar ante el TC. Esperemos que este dé la talla. Y que el gobierno persista, al menos, en poner orden fiscal.


