El docente de la Escuela Profesional de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Ricardo César Falla Barreda, negó haber agredido física y psicológicamente a un estudiante y cuestionó el pronunciamiento difundido por el Comité de Gestión de dicha escuela, en el que se informó sobre la denuncia presentada en su contra.
En diálogo con La República, Falla sostuvo que el comunicado vulneraría su derecho a la presunción de inocencia y afirmó que evalúa iniciar acciones legales contra los integrantes del Comité. “Estoy evaluando acciones legales. He tomado una decisión, no de una acción porque se llama abuso de autoridad, que es un delito”, declaró.
El docente señaló que, tras conocer la existencia de la denuncia, presentó un documento ante la dirección de la Escuela de Comunicación Social para solicitar que se le convoque y pueda brindar su versión. Según indicó, inicialmente no había recibido información formal sobre el contenido de la acusación.
Falla afirmó que el 28 de septiembre recibió una comunicación telefónica del entonces director encargado de la escuela, quien le informó que existía una denuncia en su contra. Al día siguiente, según su relato, el Comité de Gestión publicó su pronunciamiento. “Me han sentenciado, me han condenado y me han expuesto al escarnio de la opinión pública y de la propia universidad”, manifestó.
El profesor, quien asegura tener más de cuatro décadas de trayectoria en la UNMSM, rechazó haber tenido enfrentamientos o episodios de violencia con estudiantes. También cuestionó que el pronunciamiento utilizara el término “presunto” para referirse a la agresión y, al mismo tiempo, difundiera públicamente el caso antes de que él pudiera presentar sus descargos. “Se ha violentado, en principio, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es parte del texto constitucional peruano, que es la presunción de inocencia”, sostuvo.
Reconoce una expresión durante una clase
No obstante, en el informe que presentó ante la Escuela de Comunicación Social, Falla reconoció haber utilizado una expresión que, según explicó, correspondía a un lenguaje coloquial y metafórico, y no a una amenaza literal.
“Dije: ‘si no me aprieten, los mato’”, señaló. El docente sostuvo que se trató de una expresión hiperbólica y afirmó que reconoce que pudo haber sido un error utilizar ese tipo de lenguaje con los estudiantes. “No voy a matar a nadie. No en ese sentido, pero no tiene ningún efecto de homicida, sino una expresión hiperbólica”, explicó.
Falla cuestionó, sin embargo, que dicha expresión pueda ser interpretada como una amenaza de muerte y rechazó que haya intentado agredir al estudiante que presentó la denuncia.
También consideró que el Comité debió escucharlo antes de emitir un pronunciamiento público. “Tiene que sopesar las cosas y pronunciarse otra vez, porque ha cometido una ligereza y reparar el daño que me ha hecho”, afirmó.
Investigación pendiente
El caso se encuentra en proceso de investigación. El docente aseguró que presentó sus descargos el 1 de octubre, después de ser convocado a una reunión con el director encargado de la escuela.
Falla pidió que el Comité de Gestión emita un nuevo pronunciamiento y, según dijo, rectifique lo que considera afirmaciones perjudiciales para su imagen. “Espero que el Comité de Gestión se pronuncie públicamente y levante la forma dañina que ha hecho contra mí”, señaló.
El docente insistió en que no corresponde que sea él quien tenga que demostrar su inocencia y sostuvo que primero deben revisarse las versiones y elementos de ambas partes antes de establecer responsabilidades.
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Docente cuestiona actuación del Comité
Falla sostuvo que el pronunciamiento afectó su imagen profesional y familiar y consideró que la difusión pública del caso debió producirse después de que se escuchara su versión. “No se puede hacer eso para que yo demuestre mi inocencia, lo cual es absurdo. Nadie puede demostrar su inocencia”, afirmó.
El docente reiteró que rechaza las imputaciones y que esperará el desarrollo de la investigación correspondiente, mientras evalúa las medidas legales que podría adoptar contra los integrantes del Comité de Gestión.