La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro encaminó una contratación directa por S/ 2,776,411.10 para garantizar durante 79 días la vigilancia de sus establecimientos de salud, centros de alimentación y nutrición, almacenes, locales y sede administrativa.
La empresa elegida, según la documentación entregada a El Comercio, es Grupo Empresarial SVEN S.A.C. El procedimiento, identificado como Contratación Directa N.° 7-2026-DIRIS-LC, fue tramitado bajo la causal de desabastecimiento inminente, sin un concurso abierto. La cotización de SVEN, fechada el 7 de octubre, establece el mismo monto y periodo de ejecución.
Sin embargo, la revisión de los documentos presentados por las tres compañías consultadas para esta contratación muestra que estas mantuvieron relaciones comerciales entre sí o a través de una empresa en común, pese a que cada una declaró participar independientemente.
Los documentos también muestran que el precio diario de la nueva contratación es 5,4% mayor al del servicio inmediatamente anterior, pese a que, según la información revisada para esta investigación, se mantiene la misma cantidad de agentes y puestos de vigilancia.
A ello se suma una secuencia de fechas que concentra el procedimiento en pocos días y documentos incorporados a los expedientes que fueron emitidos un mes antes de la convocatoria.
Para establecer el costo del servicio, la Oficina de Abastecimiento de la DIRIS Lima Centro recibió cotizaciones de Grupo Empresarial SVEN S.A.C., Técnicos y Expertos en Seguridad S.A.C. (TECSEGUR) y Jaguar Protector Company S.A.C.
Las propuestas fueron de S/ 2,776,411.10, S/ 3,217,200 y S/ 3,805,700, respectivamente, todas por un periodo de 79 días. La de SVEN resultó la menor de las tres.
Sin embargo, El Comercio encontró que las empresas no eran completamente ajenas entre sí.
En 2024, SVEN y TECSEGUR integraron juntas el denominado Consorcio TECSEGUR, con participaciones de 45% y 55%, respectivamente. Ese consorcio brindó vigilancia al Hospital Félix Mayorca Soto, en Tarma, mediante el Contrato N.° 169-2024-UL/RS-T. SVEN incorporó dicho contrato a su expediente actual para acreditar experiencia. El representante común de ese consorcio fue Melitón Vega Collana.
La relación continúa a través de EVA’Z Security S.A.C.
TECSEGUR presentó como parte de su experiencia una constancia del Consorcio EVA’Z, que estuvo conformado en un 90% por TECSEGUR y en un 10% por EVA’Z Security. El documento corresponde a un servicio contratado por Electroperú.
A su vez, Jaguar Protector Company declaró en el expediente entregado a la DIRIS Lima Centro que acredita experiencia perteneciente a EVA’Z Security “como consecuencia de una reorganización societaria”.
Además, en documentos de experiencia incorporados por Jaguar aparece nuevamente Melitón Vega Collana, esta vez como apoderado común de otro consorcio.
Así, la documentación permite reconstruir una cadena de relaciones previas: SVEN y TECSEGUR fueron socias en un consorcio; TECSEGUR y EVA’Z también integraron otro consorcio; y Jaguar declara haber recibido experiencia de EVA’Z mediante una reorganización societaria.
Estas relaciones no demuestran por sí mismas una coordinación indebida durante la contratación de la DIRIS Lima Centro. Sí abren una interrogante respecto de cómo fueron seleccionadas las empresas consultadas y qué medidas tomó la entidad para garantizar que sus cotizaciones fueran independientes.
Precisamente, las compañías suscribieron declaraciones juradas en las que aseguraron participar “en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor”.
La carta económica de Grupo Empresarial SVEN identifica a la compañía con el RUC 20611384719. Sin embargo, en una de las declaraciones juradas incluidas en su expediente aparece el número 20608823337.
Este último RUC corresponde a Jaguar Protector Company S.A.C., tal como figura en su propia documentación presentada ante la DIRIS Lima Centro.
La documentación revisada no permite establecer por qué el RUC de una empresa terminó consignado en una declaración correspondiente a otra. La inconsistencia requiere una explicación de ambas compañías y de la entidad que recibió y evaluó los documentos.
También existen coincidencias geográficas. Los expedientes muestran registros empresariales en Huancayo y establecimientos vinculados a El Tambo. Jaguar, por ejemplo, declaró como domicilio legal el jirón Nemesio Ráez 979, mientras registros incorporados por TECSEGUR consignan un establecimiento en el número 971 de la misma vía.
Aunque SVEN presentó la cotización más baja entre las tres compañías consultadas, el monto es superior, en términos diarios, al que la entidad venía pagando por el mismo servicio.
El contrato inmediatamente anterior ascendía a S/ 2,999,731.17 por 90 días, equivalente a aproximadamente S/ 33 mil diarios. La documentación revisada señala que se mantenían la misma cantidad de agentes y puestos de vigilancia.
La contratación con SVEN, por S/ 2,776,411.10 durante 79 días, equivale a aproximadamente S/ 35 mil diarios. Esto representa un incremento cercano al 5,4%.
Si durante los nuevos 79 días se hubiera mantenido la tarifa diaria anterior, el costo habría ascendido aproximadamente a S/ 2,633.097. La diferencia frente a la propuesta de SVEN es de alrededor de S/ 143 mil.
Las otras dos cotizaciones se ubicaron todavía más arriba: TECSEGUR ofertó S/ 3,21 millones y Jaguar Protector Company, S/ 3,80 millones. El promedio de las tres propuestas fue de aproximadamente S/ 3,26 millones.
Juliana, vocera sindical de la entidad, cuestionó que el área encargada de la contratación haya recurrido únicamente a estas empresas pese a que, según indicó, contaba con información de otros proveedores que anteriormente habían brindado vigilancia.
“En la oficina de logística, que es la Oficina de Abastecimiento, ellos tienen todo el directorio de todas las empresas de seguridad que han prestado servicio en algún momento [...] ¿Por qué no convocaron a todas las empresas?”, sostuvo en conversación con El Comercio.
La representante sindical también denunció un supuesto direccionamiento de la contratación y afirmó que existirían requisitos técnicos que las empresas no cumplirían.
Otro punto que deberá explicar la DIRIS Lima Centro es por qué llegó a la necesidad de utilizar una contratación directa para mantener un servicio cuya fecha de vencimiento podía ser conocida previamente.
La entidad invocó como causal el desabastecimiento inminente, mecanismo que permite contratar sin desarrollar un concurso abierto cuando concurren las condiciones contempladas por la normativa de contratación pública.
La secuencia de documentos también llama la atención.
La carta con la propuesta económica de Jaguar Protector Company lleva fecha del 7 de septiembre de 2026, aunque otras declaraciones de su expediente fueron suscritas recién el 7 de octubre.
También fue impresa el 7 de septiembre una ficha RUC incorporada por SVEN.
Las declaraciones juradas de las tres compañías, en cambio, están fechadas el miércoles 7 de octubre. El jueves 8 fue feriado. La invitación del procedimiento fue publicada en el SEACE el viernes 9 de octubre a las 8:40 p.m., la recepción de propuestas quedó fijada para el lunes 12 y la adjudicación, para el martes 13.
Esta secuencia plantea interrogantes sobre cuándo fueron contactadas inicialmente las compañías y cómo se desarrolló la indagación de mercado antes de la convocatoria formal.
Según la información recabada por El Comercio, la jefatura de la Oficina de Abastecimiento está a cargo de Roger Power Arriola Motta.
Su nombre figura en un antecedente de control elaborado por el Órgano de Control Institucional del Hospital San Juan de Lurigancho.
El Informe de Control Específico N.° 006-2023-2-5531, emitido el 18 de mayo de 2023, examinó la contratación del servicio de raciones alimenticias para pacientes hospitalizados y personal de guardia durante los años 2021 y 2022, por un monto de S/ 3,738,342.42.
La Contraloría determinó que funcionarios y servidores no habrían actuado diligentemente en esos procedimientos. Entre los hechos observados señaló la entrega de una buena pro a un consorcio que no acreditó contar con un local certificado en principios generales de higiene, así como contrataciones directas, adendas y prestaciones sin vínculo contractual a favor de terceros que no cumplían determinados requisitos o se encontraban inhabilitados para contratar con el Estado.
Arriola Motta figura entre las personas comprendidas en los hechos del informe con presunta responsabilidad penal y administrativa.
La Contraloría recomendó al procurador público del Ministerio de Salud iniciar las acciones penales correspondientes para determinar responsabilidades, y al titular de la DIRIS Lima Centro realizar las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades de los servidores comprendidos.
Para esta investigación, El Comercio conversó con Juliana, vocera del sindicato, quien afirmó que los trabajadores vienen cuestionando tanto los vínculos previos entre las compañías como la forma en que se desarrolló el procedimiento.
“Solamente llamaron a estas tres empresas, ninguna más”, señaló. Según su versión, la entidad habría podido requerir propuestas a otros proveedores que anteriormente prestaron servicios de vigilancia a la institución.
La dirigente también sostuvo que existen necesidades pendientes en los establecimientos de salud y cuestionó que se incremente el gasto diario en vigilancia mientras, según afirma, persisten retrasos de pagos y carencias de suministros.
Además, atribuyó a Arriola Motta un supuesto direccionamiento y aseguró que las empresas formarían parte de un mismo grupo.
Desde el viernes, El Comercio buscó los descargos de los funcionarios involucrados en el procedimiento, incluido Roger Power Arriola Motta, así como de representantes del Ministerio de Salud y del ministro del sector. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
