Una investigación preparatoria que contiene videos y testimonios salpica de lleno al entorno familiar más cercano de la diputada Jacqueline Tapullima Insapillo, representante de San Martín de Juntos por el Perú.
Según la Carpeta Fiscal N° 527016305-2025-47-0, tramitada ante el Primer Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, la justicia dispuso la formal incorporación del padre de la legisladora, Polidoro Tapullima Upiachihua (60 años, persona con discapacidad visual), y de su hermano, David Eraclides Tapullima Upiachihua (49 años, tío de la parlamentaria).
Ambos son imputados como presuntos autores del delito de terrorismo en la modalidad de afiliación o pertenencia a una organización terrorista en agravio del Estado peruano.
La disposición formal N° 18, firmada por el fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón, sostiene que los investigados formarían parte de un entramado clandestino vinculado a la Organización Terrorista Túpac Amaru (OT-TA), la cual vendría operando a través de organismos de fachada como el Frente Democrático del Pueblo (FDP).
Imputación fiscal
Las pesquisas desarrolladas por la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE PNP) ubican los hechos centrales en comunidades nativas de la región San Martín durante los años 2024 y 2025.
“Se imputa a David Eraclides Tapullima Upiachihua ”Tony” haber participado, con distintos niveles de intervención, en actividades de adoctrinamiento político-ideológico y entrenamiento de carácter militar desarrolladas en comunidades nativas del departamento de San Martín durante los años 2024 y 2025, las cuales habrían comprendido prácticas con armas de fuego y explosivos, así como la elaboración de material audiovisual destinado a registrar y difundir dichas actividades a través de redes sociales", señala la disposición del Ministerio Público.
En el caso particular del padre y del tío de la diputada, el expediente fiscal reconstruye minuciosamente dos jornadas clave de instrucción paramilitar. La primera de ellas se habría realizado en la comunidad nativa de Shimpiyacu, provincia de Moyobamba.
“Durante el año 2024 se habría desarrollado una jornada de adoctrinamiento y entrenamiento político-militar en la comunidad nativa de Shimpiyacu, ubicada en el departamento de San Martín, provincia de Moyobamba. En dicho evento habrían participado David Eraclides Tapullima Upiachihua, conocido como ‘Waynaco’”, describe el documento fiscal.
El segundo entrenamiento constatado por la fiscalía ocurrió en marzo de 2025 en la localidad de Shiricsacha, distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado, lugar donde también se atribuye la participación directa de David y Polidoro Tapullima junto a otros imputados.
La fiscalía detalla de forma textual las características de las grabaciones registradas en estos campamentos y difundidas posteriormente en cuentas de Facebook como Zona Liberada y Fuerza de Liberación Cahuide: “se observa a diversas personas ubicadas en un área de abundante vegetación, quienes visten, en su mayoría, prendas oscuras de apariencia militar o paramilitar y mantienen sus rostros cubiertos con pasamontañas. Algunos de los sujetos aparecen realizando gestos (...), mientras que otros exhiben armas de fuego”.
Además, el documento señala que en esas grabaciones aparece una mujer con el rostro cubierto, quien realiza un disparo con una escopeta de cañón largo y, posteriormente, emite una proclama de contenido subversivo que incluiría un llamado a la insurgencia popular.
En el análisis específico del video publicado en el perfil “Zona Liberada” el 21 de enero de 2024, el peritaje fiscal detalla: “se observa a siete (07) personas situadas en un área de abundante vegetación, con los rostros cubiertos mediante pasamontañas y vistiendo, en su mayoría, prendas de colores oscuros, quienes aparecen con el puño levantado... dos de estos sujetos sostienen en alto, respectivamente, un revólver y un arma de fuego de cañón largo, exponiendo dichos objetos ante la cámara”.
Grabaciones
La clave que permitió romper la clandestinidad de las operaciones en San Martín fue la intervención de un Agente Especial denominado “Carlos Campos”, quien entregó a las autoridades policiales siete dispositivos ópticos (DVD) con archivos de audio y video.
Durante la diligencia del 31 de marzo de 2026, la policía procedió al deslacrado y escucha de estos materiales grabados en los campos de entrenamiento. Las actas oficiales de la fiscalía consignan textualmente el reconocimiento de las voces.
Complementando los audios, la DIRCOTE PNP ejecutó actas de corroboración en el terreno, logrando fijar mediante coordenadas geográficas los inmuebles utilizados como bases de apoyo logístico y viviendas de los investigados en la comunidad nativa de Shimpiyacu y en la ciudad de Tarapoto.
Asimismo, se sumaron a la carpeta el Informe Pericial de Antropología Forense N° 1366/2025 y el Informe Técnico Psicológico N° 192-2025-DIRCOTE PNP. Con la sumatoria de estos elementos de convicción, el fiscal Luis Enrique Valdivia Calderón elevó el requerimiento judicial contra el padre y el tío de la parlamentaria de Juntos por el Perú, exigiendo su detención preliminar.
La fiscalía decretó el secreto de las actuaciones por 20 días para salvaguardar la integridad del agente especial y asegurar los operativos en curso.
Este Diario contactó a la legisladora Jacqueline Tapullima para conocer su versión de los hechos tras conocerse la disposición del Ministerio Público pero, hasta el cierre de esta nota, no respondió a la comunicación.
En noviembre de 2026, la legisladora Jacqueline Tapullima fue sindicada de presuntamente haber falsificado su firma y huella dactilar en la declaración jurada que presentó para postular al Congreso, según peritajes policiales difundidos por el programa Cuarto Poder.


