Un hombre de 47 años denunció el robo de su automóvil en la localidad de Virrey del Pino, en Argentina, pero la compañía de seguros rechazó cubrir el siniestro y lo acusó de presentar información falsa. El caso llegó a los tribunales y terminó con un fallo favorable al propietario, luego de que la empresa no pudiera demostrar la supuesta maniobra fraudulenta.
El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 1 de La Plata ordenó a la aseguradora pagarle $8 millones por daño moral y punitivo, además del valor actualizado del automóvil. La sentencia consideró que el robo estaba acreditado mediante la investigación penal y que la compañía no presentó pruebas suficientes para justificar el rechazo de la cobertura.
La aseguradora rechazó el robo del vehículo y acusó de fraude al propietario
El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2024, cuando dos personas armadas que circulaban en una motocicleta interceptaron al conductor y lo obligaron a entregar su Volkswagen Vento. Al día siguiente, el hombre presentó la denuncia policial y notificó el robo a la compañía, junto con documentos como la licencia de conducir, el título del automóvil y la verificación técnica vehicular.
Sin embargo, en agosto de ese año, la aseguradora rechazó la cobertura al argumentar que existían inconsistencias en el relato y que el cliente no había entregado toda la documentación solicitada. La empresa también sostuvo que había indicios de fraude, pese a que la póliza estaba vigente y contemplaba una cobertura de hasta $28,82 millones por robo total.
La Justicia ordenó pagar $8 millones por daño moral y punitivo
Al analizar el caso, la jueza determinó que la investigación penal y el pedido de secuestro del vehículo permitían acreditar que el robo había ocurrido. También consideró que el informe de la consultora contratada por la compañía no demostraba una conducta fraudulenta y que la aseguradora debía presentar pruebas concluyentes para excluir la cobertura.
Por este motivo, la sentencia estableció una compensación de $3 millones por daño moral y otros $5 millones por daño punitivo, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales y de información. Además, la empresa deberá pagar el valor actualizado del automóvil al momento de cumplir la condena, o el precio de un vehículo similar si ese modelo ya no se fabrica.


